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1983 / el sueño se hace a mano y sin permiso
Derechos Humanos / Decisiones Históricas

Sin lugar a dudas, la gestión de la UCR encabezada por Raúl Alfonsín pasará a la historia como uno de los gobiernos que más logros obtuvieron en ese terreno. Sobre todo, en una coyuntura absolutamente adversa y complicada.

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MENSAJE DEL SR. PRESIDENTE DE LA NACION, DR. RAUL R. ALFONSIN, DIRIGIDO A TODO EL PAIS POR RADIO Y TELEVISION, EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 1983, ANUNCIANDO LA CREACIÓN DE LA CONADEP

El Gobierno democrático ha anunciado su más firme decisión de restablecer el estado de derecho en la Argentina.

Ello requiere disponer una serie de medidas que son necesarias para asegurar el más amplio respeto, tanto a los derechos individuales básicos como a los procedimientos de decisión de los poderes constitucionales.

Las medidas en cuestión tienden a resolver situaciones pasadas y también a prevenir hechos futuros.

El pasado gravita sombríamente sobre nuestro porvenir. las violaciones extremadamente aberrantes de los derechos que hacen a la esencia de la dignidad humana, en que incurrieran el terrorismo y la represión, de ese terrorismo no pueden quedar impunes.

Esa impunidad significaría claudicar frente a principios éticos fundamentales, poniendo en peligro la prevención de futuras violaciones.

La convicción de que es necesario hacer justicia con quienes, desde uno y otro lado, han tomado a los hombres como meros objetos manipulables para obtener ciertos fines, implica que debe derogarse y declararse insanablemente nula la ley de ~acto llamada "de pacificación" o de
'amnistía". Esta ley, además de ser moralmente inaceptable, resulta políticamente irresponsable, a! extender sobre toda la institución militar la culpa que sólo debería recaer sobre unos de sus miembros.

La ley de pacificación es, por otra parte, jurídicamente viciosa porque importa la consagración de una desigualdad arbitraria, y asimismo el perfeccionamiento de la asunción de la suma del poder público.

Por último, ciado que las normas de facto no gozan de la presunción de la legitimidad que beneficia a las de origen democrático, su validez precaria queda cancelada cuando, como en este caso, su contenido es claramente inicuo.

Por lo expuesto, el Poder Ejecutivo Nacional envia al Congreso de la Nación un proyecto de ley para privar de todo efecto jurídico, incluso el que pudiera derivar de la ultra-actividad de la ley penal más benigna y el de la cosa juzgada, a esta ley de amnistia que será declarada inconstitucional e insanablemente nula. Se prevén normas especiales respecto de la excarcelación y de la libertad vigilada de quienes pudieran haberse beneficiado por la aplicación de la ley de amnistia que se propone anular.

La aprobación de ese proyecto por el Congreso de la Nación implicará que queda abierta la vía de la justicia para investigar y, eventualmente, castigar los hechos cometidos por el terrorismo y los que ejecutaron los miembros de !as fuerzas armadas y de seguridad con el motivo alegado de .reprimir a ese terrorismo.

En lo que hace a estos últimos hechos el respeto a la prohibición del artículo 18 de la Constitución Nacional, de sacar al imputado del juez designado por ley antes del acto juzgado, obliga a que la necesaria derogación de las normas del Código de Justicia Militar, que establecen la competencia de los tribunales militares para estos delitos, sea dejada sin efecto para el futuro, pero no respecto de hechos pasados.

Es al mismo tiempo inadmisible. sin embargo, que delitos que han afectado seriamente los derechos e intereses de personas ajenas al ámbito militar. sean juzgados en última instancia, por tribunales administrativos integrados con 105 pares de los imputados, que no son jueces constitucionales. Ello constituye tanto un privilegio arbitrario como una privación de la garantía del debido proceso penal.

En razón de lo dicho, la jurisdicción militar, impuesta para el pasado por el principio del juez natural, sólo es aceptable si se prevé, al mismo tiempo, un recurso de apelación amplio, que pueden interponer tanto el procesado como la parte acusadora. En este recurso entenderán los tribunales civiles comunes a todos los argentinos.

En esa segunda instancia deberá darse intervención al particular damnificado, sin perjuicio de su derecho irrestricto a denunciar y a aportar elementos probatorios en la etapa procesal anterior.

Hemos dicho reiteradamente que es necesario distinguir entre tres situaciones que se dieron en el contexto de la metodología inhumana empleada para reprimir el terrorismo

I) La situación de quienes planearon y supervisaron esa metodología, dando las órdenes necesarias para ponerla en practica y omitiendo prevenir sus consecuencias. 2) La situación de los gue se excedieron en el cumplimiento
de esas órdenes por motivos tales, como crueldad,perversidad o codicia.

3) La situación de quienes se limitaron a cumplir las órdenes recibidas en un contexto que no estuvo, en general exento de presiones y en el que se ejerció una intensa y permanente propaganda inspirada en la doctrina totalitaria de la seguridad nacional.

Esta última, hizo creer a los actuantes en muchos casos que las órdenes recibidas eran legitimas.

Debe caer el peso ejemplificador de la ley sobre quienes están incluídos en las dos primeras categorías, es decir, quienes pusieron en marcha esta maquinaria cie muerte y quienes se aprovecharon de ella para torturar o para satisfacer fines personales.

En cambio, es necesario contemplar con otro criterio a quienes, habiendo cumplido órdenes recibidas en un clima de error y coerción, debe ofrecérseles la oportunidad de servir en el futuro a la democracia constitucional.

Las normas jurídicas en vigencia sobre la obediencia debida son en general suficientes para instrumentar esta necesaria distinción, con sólo algunas modificaciones en materia probatoria que contemple una situación extremadamente anómala como el contexto en que estas órdenes fueron dadas y recibidas.

Todo esto requiere modificaciones al Código de Justicia Militar, a través de un proyecto que se envía al Congreso, de modo de derogar la competencia de los tribunales militares para delitos comunes cometidos en el futuro por personal de las fuerzas armadas y de seguridad, establecer un recurso de apelación amplio ante los tribunales civiles de las sentencias recaídas en los procesos militares, e incluir normas interpretativas y probatorias de la obediencia debida El recurso de apelación amplio recién mencionado también permitirá la revisión, previniéndose para ello plazos adecuados, de las condenas de civiles por tribunales militares. Pero, además de este recurso, se prevé también, mediante un proyecto separado, la extensión para tales casos del recurso de hábeas corpus, lo que hará posible materializar la posición de la Corte Suprema sobre la insubsistencia de tales condenas una vez pasada la situación de excepción.

Los atropellos contra la dignidad humana que se cometieron para combatir el terrorismo, como respuesta a iguales atropellos de éste, se llevaron a cabo al margen de las leyes de facto dictadas por el propio régimen m;litar para prevenir esos hechos.

Sin embargo, esas leyes de facto eran de por sí instrumentos represivos que no reconocían limites impuestos por elementales principios del derecho penal liberal sus penas, sobre todo la de muerte, eran draconianas, sus tipos penales, imprecisos y abiertos, sus procedimientos, violatorios de elementales garantías.

En consecuencia, el Poder Ejecutivo envia al Honorable Congreso un proyecto de ley por el cual se derogan tales normas de facto, así como también una reciente ley que procuro regular el procedimiento para juzgar delitos terroristas, con graves violaciones de garantías constitucionales. El proyecto de derogación de esas leyes de facto dispone al mismo tiempo que recuperen su vigencia las leyes constitucionales canceladas por aquellas, con lo que se superan posibles lagunas que esa derogación podría generar.

El mismo proyecto relativo al Código Penal de fondo se combina con otro proyecto de reformas al Código de Procedimientos en materia penal, con vigencia nacional, con el objeto de encarar un inmediato alivio de una de las peores rémoras que sufre el estado de derecho en la Argentina la situación carcelaria. Esta situación, cuyos síntomas explosivos se han puesto de manifiesto recientemente, con consecuencias lamentables, se ve agravada por la vergonzosa desnaturalización de la prisión preventiva, que se ha convertido en una verdadera pena sin declaración de culpabilidad; la mayoría de los internados en nuestras cárceles son procesados no condenados. Con ese fin, los proyectos aludidos proponen modificar las normas relativas a la condenación condicional, al régimen de reincidencia y al de excarcelación.

También se procura hacer efectivo el límite de duración de los procesos y se suprime una norma introducida por el régimen militar que creaba una repugnante dilación en el cumplimiento de decisiones judiciales haciendo lugar a recursos de hábeas corpus. Todas estas reformas tienen carácter de extremada urgencia y no excluyen, sino que al contrario presuponen, una revisión de carácter mas profundo de nuestras insatisfactorias normas penales y, sobre todo, las de índole procesal penal.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional, pretende ya en estos primeros momentos de su gestión, anticipar su concepción del orden jurídico democrático. Esa concepción hace compatibles el más pleno respeto de los derechos y garantías fundamentales de la persona humana, con la firmeza, el celo y la eficacia en la prevención de actos violatorios de esos derechos y atentatorios contra el orden constitucional que los ampara

Tal concepción se pone de manifiesto en un proyecto de ley, que también se enviará de inmediato al Honorable Congreso, de protección del orden constitucional y de la vida democrática.

El proyecto en cuestión, se hace eco de nuestra experiencia histórica en el sentido de que pocos delitos tienen consecuencias tan nefastas para la vida social como el intento de desconocer los procedimientos constitucionales para la elección de autoridades y su toma de decisiones.

El antiguo delito de rebelión ha sido convertido en atentado al orden constitucional y sus penas han sido considerablemente aumentadas.

Más aún, se prevé un agravante para cuando el hecho está destinado a alterar de modo permanente el sistema de derechos y garantías constitucionales de división de poderes y de organización federal. La amenaza pública y seria de cometer estos hechos, estará también penada.

Se establece que, si se interrumpe el orden constitucional, se suspenderá la prescripción de la acción penal mientras dure esa interrupción.

Se prevé una nueva causal de impunidad relativa a cuando se provoca un mal como un medio razonable, necesario e idóneo para resistir el establecimiento de un gobierno de facto o algunas de sus medidas.

El mismo proyecto de ley contempla también la necesidad de no dejar desamparada a la sociedad frente al flagelo del terrorismo, que tiene las mismas consecuencias que los intentos de golpes de estado, y muchas veces los provoca y les da pretexto. Dada la proyectada derogación de las inaceptables normas de facto vigentes hasta el momento para combatir el terrorismo, se las reemplaza por un conjunto de normas de fondo y de procedimiento que pretenden conciliar la eficacia de la prevención con los derechos básicos y las garantías del debido proceso.

Se crea un agravante de cualquier delito cuando éste contribuye a poner en peligro la vigencia del orden constitucional, y un agravante de la asociación ilícita cuando ella reúne propiedades que la hacen peligrosa para ese orden.

Se regula un procedimiento oral ante la Cámara Federal para juzgar en forma pública, rápida, eficiente y con resguardo de las garantías procesales a todos los delitos que esta ley prevé.
También con la mirada puesta en el futuro, 59 complementa este proyecto de ley con otro que procura combatir uno de los atentados más deleznables a la dignidad humana la tortura. Este delito será castigado con la misma pena que el homicidio, y se reprimirá con prisión perpetua la tortura que produzca la muerte o lesiones gravísimas de la víctima. También se proyecta incriminar la omisión de funcionarios de evitar o denunciar el hecho o de tomar los recaudos para que no ocurran torturas en las reparticiones a su cargo. Por otra parte para asegurar la protección integral de los derechos humanos, el Poder Ejecutivo Nacional envía al Congreso proyectos de aprobación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto de Derechos Económicos y Sociales del Protocolo Facultativo. todos de las Naciones Unidas, así como el Pacto de San José de Costa Rica, que establece la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De este modo la comunidad internacional en una acción mancomunada en que la Argentina democrática debe participar solidariamente, se hace también garante del resguardo de los derechos humanos en nuestro suelo.

Por último, la inconmovible voluntad del gobierno democrático de restablecer el estado de derecho en la Argentina debe expresarse, no sólo a través de la promoción de normas generales que constituyen ese estado de derecho, sino también por medio de acciones especificas que le den efectiva vigencia.

En consecuencia, dado que es imprescindible para la materialización del estado de derecho que se juzgue a quienes en nuestro pasado reciente han sembrado terror, dolor y muerte a lo ancho de la sociedad argentina, ha resuelto iniciar los pasos legales correspondientes para someter a proceso a quienes prima facie fueron máximos responsables tanto de la actividad terrorista como de la metodología ilegal y cruenta empleada para combatir esa actividad.

En tal sentido, el Poder Ejecutivo promoverá de inmediato las denuncias penales contra quienes, por el poder político que detentaron o por desconocer ostensiblemente la Ley y la Constitución, generaron un estado de cosas que en su momento conmovió a la opinión pública nacional e internacional.

Se solicitará a los organismos oficiales, y se invitará a los Gobernadores de provincias, a presentar pruebas contra los sindicados en las respectivas denuncias.

Sin perjuicio de ello, la población en general, y en especial los damnificados podrán presentar pruebas contra esos responsables por los hechos aludidos.

Entendemos con profunda convicción que la democracia debe ser defendida. Nuestro Gobierno no será neutral ante los enemigos de esa democracia, ni inerte ni impotente para combatirlos.

Estamos también convencidos de que serán los jueces naturales, los que han de entender en las diversas responsabilidades, con lo que se demostrará que no nos mueve otro propósito, que el fin ético de que la Justicia, se realice definitivamente en la república.

PALABRAS DEL SENOR PRESIDENTE DE LA NACION DOCTOR RAUL R. ALFONSIN, AL RECIBIR EL INFORME DE LA COMISION NACIONAL SOBRE LA DESAPARICION DE PERSONAS, EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 1984.

Señor presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, doctor Ernesto Sábato, señoras y señores En nombre del Poder Ejecutivo de la Nación, y estoy seguro que digo bien en nombre del pueblo argentino, quiero expresarles el agradecimiento de todos.

Necesitábamos, sin duda, de la tarea que ustedes han realizado. Sabemos que ha significado para todos ustedes un esfuerzo físico tremendo, pero nos consta que, por encima de ese esfuerzo, ustedes han tenido que superar algo que es mucho más fuerte, han tenido que superar el agobio del dolor con el que se han encontrado, a través de todos estos días de tan intenso trabajo.

En consecuencia, el país necesitaba este ejemplo de ustedes, así como necesitaba saber la verdad acerca de lo que pasó, porque sobre la base de la mentira o de la oscuridad no podemos construir la unión nacional. Solamente sobre la base de la verdad y de la justicia es que podemos encontrarnos en la reconciliación tomados por qué no de la mano de la bondad. Creo que lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país.

Constituye un aporte fundamental para que, de aquí en adelante, los argentinos sepamos, cabalmente, por lo menos cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro, para que nunca más el odio y la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina.

Sé muy bien que no todos van a estar conformes; sé muy bien que es algo que sucede permanentemente a quienes actúan y pretenden actuar en el marco de la ley, en el marco del estado de derecho, con un sentido de justicia y no como una forma de venganza. Seguramente habrá quienes de una parte y de otra levanten su voz reclamando otro tipo de acción.

Pero tengo la más absoluta convicción de que la enorme mayoría de los argentinos está en este momento agradeciéndoles su esfuerzo, y tengo también la seguridad que en e! futuro nuestros hijos recordarán los nombres de cada uno de ustedes, porque a través de este esfuerzo, con ejemplo, han señalado al mismo tiempo el camino que no debía tomarse, también un ejemplo para cada uno en cuanto a la necesidad de asumir responsabilidades, que es como se ejerce la participación en la democracia.

Ustedes han aceptado esa participación y lo han hecho en una situación límite. Han transitado por meses duros y difíciles, cumpliendo con nobleza una obligación de ciudadanos que está más por encima del egoísmo que del esfuerzo.

De modo que reitero en este sentido el agradecimiento del Poder Ejecutivo y el reconocimiento que, estoy convencido, el pueblo argentino les está brindando en estos momentos. Vamos a tomar debida nota de todo lo que nos han traído. Va a actuar como corresponde en la Argentina la justicia, a través del debido proceso y en el marco del estado de derecho.

Y seguramente con la misma inquietud, con la misma apelación espiritual que ustedes permanentemente han puesto de manifiesto, vamos a encontrar los argentinos la paz que estamos reclamando.

Yo no sé si habrá habido otro presidente en la historia que se haya encontrado frente a dramas de esta naturaleza, tan penosos, inmersos además en circunstancias difíciles desde todo punto de vista; pero al presidente de los argentinos se le hace mucho más fácil su acción cuando se encuentra con el ejemplo de ciudadanos como ustedes que enaltecen a la sociedad argentina.

Señoras, señores muchas gracias.

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DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACION, DOCTOR RAUL R. ALFONSIN, AL INAUGURAR LA CONFERENCIA SOBRE "LA TRANSICION A LA DEMOCRACIA", EL DIA 27 DE AGOSTO DE 1985.

No vengo a inaugurar esta conferencia con un simple discurso protocolar, ni responde mi presencia al mero cumplimiento de una obligación gubernamental más, dentro de las múltiples que me tocan cumplir como Jefe de Estado.

Responde sí a una voluntad personal que cree interpretar la voluntad generalizada acerca de la importancia del hecho que los congrega y que trasciende la discusión académica de por sí relevante que aquí se va a producir.

Tiene si se quiere una significación emotiva profunda el que sea la Argentina democrática, su ciudad capital libre y la Universidad recuperada, el ámbito en el que se desarrollen durante estos días las jornadas de reflexión sobre una problemática que a todos nos toca muy de cerca.

No es entonces solamente el Presidente de la Nación quien viene a este recinto a manifestar el respaldo institucional desde el más alto nivel de gobierno al desarrollo de la conferencia; sino el hombre político, el ciudadano, quien quiere compartir esperanzas junto a ustedes y agradecer lo que constituye un verdadero homenaje que se le está haciendo a la democracia argentina.

¡ En cuántas oportunidades, durante cuántos años de despotismo nos juntamos los dirigentes y los estudiosos de la política a escondidas, en salones ocultos y recintos improvisados, desde la semiclandestinidad, para pensar juntos la democracia posible y así poder luchar mejor para alcanzarla! En ese entonces no imaginamos seguramente encontramos años más tarde en esta Universidad respirando los aires de libertad reconquistada, con las instituciones democráticas en pleno funcionamiento, para seguir pensando la democracia al mismo tiempo que la estamos construyendo.

La recuperación institucional operada en diciembre de 1983 no fue sino el comienzo de la construcción de un orden democrático. Esta fue y no otra, la tarea que el pueblo y el gobierno argentinos emprendieron en una situación de dificultades económicas excepcionales, en un contexto internacional signado por múltiples incertidumbres, con un Estado de legitimidad cuestionada, una sociedad que comenzaba a tomar conciencia de la magnitud de sus desencuentros.

Un ordenamiento político se construye, naturalmente, a partir de un sistema de ideas, pero su perduración está ligada al fundamento ético que lo anima, a su capacidad no solamente de solucionar los conflictos que todas las sociedades producen en su marcha, sino su capacidad de crear las condiciones para que los valores éticos se realicen.

Política y ética en esta convicción, son indisociables y en consecuencia la transición de los regímenes autoritarios al orden democrático no se agota en la recuperación de las instituciones sino que prosigue en la afirmación práctica y cotidiana de los valores éticos que las fundan.

No puede agotarse en los aspectos institucionales, porque los largos períodos de autoritarismo político afectaron generalmente los órdenes económicos, de la sociedad y de la cultura, generaron pautas de comportamiento, no siempre compatibles con el orden democrático que propone la sociedad. La forma pacifica de convivencia, el destierro definitivo de cualquier forma de violencia que la vigencia de las instituciones políticas garantiza, se convierten en inmejorable condición para la transformación y la modernización de la economía y de la sociedad en su conjunto.

Las instituciones de la democracia funcionan normalmente en nuestro país; tenemos un Poder Judicial independiente capaz de dirimir las disputas ciudadanas y controlar los actos de gobierno; tenemos un Parlamento capaz de transformar en leyes la voluntad ciudadana; la competencia política está asegurada y al alcance de todos y un invariable respeto por los derechos humanos y la libertad de cada uno es patrimonio común del gobierno y de la sociedad.

Todo esto no es poco, pero sabemos sin embargo que no es suficiente, que nuestras responsabilidades en la construcción del orden democrático, exigen de todos nosotros esfuerzos adicionales.

Sabemos que las dificultades de la transición son tan numerosas como sus
orígenes; demandas populares insatisfechas, carencias tecnológicas hábitos culturales inapropiados tras largos años de censura y aislamiento, conforman a veces, más que un cuadro problemático, un estado de ánimo que conspira contra las mejores disposiciones. Cada uno de los aquí presentes conoce en carne propia lo que nuestra tierra ha sufrido en el pasado reciente y el que nos encontremos hoy, a dos años de haber iniciado nuestro camino de institucionalización democrática, para reflexionar sobre nuestro acontecer y el de pueblos en tránsito semejante; el encontrarnos aquí mandatarios, funcionarios, dirigentes y científicos internacionales y nacionales, profesionales, estudiantes y ciudadanos, es un hecho que vivifica y enriquece a nuestra incipiente vida en libertad. Con la memoria viva, el recuerdo y el análisis minucioso y critico de nuestra experiencia histórica, con el balance de nuestro presente y con la mirada puesta en el futuro que deseamos; pero como lo enseñara Spinoza "no llorar, no indignarse, sólo entender', a través del entendimiento, avanzar con un panorama más amplio y claro del horizonte hacia el que marchamos.

Si me permiten empezar por definir de alguna forma qué significa la transición aquí y ahora para los argentinos, diría que es esta vivencia de recuerdo lacerante y esperanza compartida, este tránsito en el que se nos cruza lo viejo, lo que muere, y lo nuevo, lo que nace. Es este sentimiento de transformación profunda, casi mutación, que está emergiendo desde el seno mismo de la sociedad en un proceso de crecimiento, con líneas de continuidad y puntos de fractura; con situaciones limite que nos colocan ante disyuntivas definitorias; con la sensación en fin de estar construyendo con nuestras propias manos nuestro destino.

Tienen ustedes noción cabal de la titánica tarea que nos cabe a los dirigentes políticos en este proceso de transición que estamos viviendo los argentinos para llevar adelante las reformas profundas que modifiquen situaciones estructurales de vieja data. Es enorme la responsabilidad de la hora, como enormes han sido los padecimientos y obstáculos a que nos han sometido, medrando con nuestras cíclicas frustraciones, incapacidad y peleas absurdas.

La Argentina se encuentra inmersa en un proceso de transición. Así denominamos a esta etapa obligada en el reordenamiento y la reconstrucción global del país, luego del largo período de decadencia económica, desquiciamiento de las instituciones republicanas y laceración del tejido social por el que atravesamos en las últimas décadas.

Hoy, la transición no es en la Argentina una palabra que designa sucesos meramente intelectivos, sino que se traduce en una vivencia concreta; en la sensación candente de estar protagonizando momentos de cambio profundo, en nuestras relaciones y en nosotros mismos. Todo está cambiando en la Argentina. Los modos de comportamiento, las conductas y actitudes cotidianas; y una energía creadora que emerge y exige a las dirigencias respuestas diferentes a los viejos problemas. Existe una conciencia social renovada que aún está elaborando la terrible experiencia de nuestro pasado reciente y transita este tiempo con la convicción de estar en los umbrales de nuevas formas de organización y realización políticas y sociales, más democráticas y más justas.

Cuando despuntó en el horizonte del país la posibilidad de la transición a la democracia, comenzaban a aflorar al mismo tiempo las tremendas dificultades que heredaría la sociedad y el gobierno elegido por el pueblo para iniciar aquel tránsito. La democracia ha vuelto al país en un escenario que no podría ser más complejo. Bastaba hacer un inventario de los problemas y advertir el carácter inédito de muchos de ellos para concluir que el desafío que teníamos por delante era formidable.

Pero iniciamos la tarea con el convencimiento definitivamente acendrado en la sociedad de que la democracia que recuperamos era el único sistema político y la única forma de convivencia que nos reencontraría con nuestras libertades y nuestra dignidad como personas y como nación. Hace dos años, los argentinos nos hemos reencontrado definitivamente con la democracia, con nuestra Constitución y nuestras instituciones republicanas. En este marco jurídico político comenzamos a andar para sacar al país de la oscuridad y el atraso, dotarlo de una nueva estructura productiva y social en lo interno y conquistar un papel digno y creativo en la comunidad internacional.

Somos conscientes que no será tarea de un día, que no puede consistir en actos espasmódicos o triunfalistas, ni de parte del gobierno ni de parte de los ciudadanos. La estructura de la pobreza todavía está montada en nuestro país y seria ingenuo suponer que la vamos a transformar por un acto voluntarista o por una decisión unilateral del gobierno. Harán falta años de cambios cotidianos, algunos imperceptibles, otros radicales, para producir las transformaciones profundas que buscamos los argentinos. Pero serán muchos menos, sin duda, que los de la larga decadencia en que nos fuimos sumiendo hasta ayer.

Este momento particular de nuestra historia es lo que propiamente llamamos transición. Una transición que va desde la descomposición de un sistema de dominación impuesto por el miedo y el terror, inconcebible ya en el mundo actual, hasta el ordenamiento de la democracia corno régimen político y como estilo de vida. Es el momento del trabajo vertiginoso en que comenzamos a sentar las bases para crear entre todos la estructura de la riqueza para muchos porque un país que crece, que fomenta la inversión, que distribuye equitativamente los resultados de su producción, posibilita que todos participemos de sus frutos.

Es así como concebimos esta democracia participativa que estamos construyendo un sistema de vida en el que cada uno dentro del respeto mutuo y la convivencia civilizada y pluralista tiene el poder de opinión y de decisión, y también el poder de construcción.

Muere la Argentina del desencuentro y la frustración. Quedan atrás no sólo los manejos autoritarios, atroces de una última dictadura, sino que son 50 años de decadencia, desorden e inestabilidad política, económica y cultural los que terminan; porque le estamos poniendo una bisagra a nuestra historia y comenzamos a remontar la cuesta, con la mirada fija en un destino común de reconciliación y trabajo fecundo.

Nace la Argentina moderna y pujante la Argentina que rescata sus valores fundacionales y sus instituciones fundamentales y los proyecta hacia un futuro distinto. Hacia esa Argentina vamos.

Estamos haciendo la síntesis de una rica experiencia histórica, de proyectos truncos, movimientos sociales y pensamientos diversos que convergieron en la necesidad de vislumbrar un futuro mejor.

No estamos por ello solamente moviéndonos en el ámbito circunscripto por el pasaje de una dictadura a una democracia. Si así fuera, si así lo comprendiéramos, casi se podría afirmar que la transición está llegando a su culminación y lo está haciendo con un éxito rotundo para los argentinos.

La Argentina le está ofreciendo al mundo un ejemplo de transición pacífica ha mostrado que se puede salir del oprobio y la destrucción aun en el marco de tremendas limitaciones y gigantescos obstáculos, sin grandes debacles, sin violencia y con un estricto apego a la ley. El pasaje del estado salvaje al estado de derecho sin concesiones, sin justicia por propia mano, sin venganza, con sensatez y equilibrio, es una realidad que se expande por América Latina, sentando los cimientos de un definitivo ordenamiento social construído sobre bases de consenso, y fundamentalmente sobre bases éticas de justicia, paz y libertad.

Concebimos por tanto una transición que no agota su existencia en el restablecimiento institucional democrático, el respeto a las libertades individuales y a los derechos humanos. Son éstas, conquistas ineludibles y fundamentales, pero que con su sola existencia no alcanzan ya para superar seriamente las viejas taras y las limitaciones actuales que debemos enfrentar. Fundamentalmente en un continente que está sufriendo verdaderas penurias condicionado por el endeudamiento externo y el marginamiento del comercio internacional, y la innovación tecnológica tenemos cabal conciencia de que el futuro de nuestras democracias correrá serio peligro si no hallamos al mismo tiempo la manera de producir las transformaciones socio económicas que puedan satisfacer las demandas populares de mayor participación, equidad en la distribución de la riquezas y mejoramiento en las condiciones materiales y espirituales de vida.

Asimismo la redefinición del rol del Estado, el reforzamiento de la sociedad civil, la modernización de la estructura productiva y la valorización del papel de la ciencia y la tecnología en el marco ético y humanístico de la democracia, son pilares sobre los que debemos trabajar en una mayor interdependencia entre las naciones. Son también éstos temas prioritarios de la transición.

El mundo vive en su conjunto una crisis generalizada que puede significar tanto un crecimiento y un despegue jamás visto como su destrucción definitiva. Irrumpe una nueva revolución tecnológica que está trastocando los antiguos modos de producción, las relaciones económicas y los comportamientos culturales. Las naciones de América Latina no pueden
quedar al margen de la historia, relegadas y ya casi ignoradas por el mundo tecnificado. Es por ello que constituye parte de nuestra titánica labor el bregar unidos por un orden internacional más justo y equitativo que proporcione progreso a toda la humanidad y trabajar al mismo tiempo en nuestro propio desarrollo, conscientes de que no podemos perder el tren de la actual revolución científica y tecnológica sin quedarnos definitivamente al margen de las decisiones mundiales.

Es duro, pero auspicioso y alentador el trabajo mancomunado que nos espera. Esto es así porque existe un acuerdo básico reflejo de la nueva conciencia de la que hace un momento hablaba acerca del valor que ha adquirido la democracia política como marco indispensable para la construcción del país deseado.

Los pueblos latinoamericanos que están superando el trágico destino circular de inestabilidad, insurgencia y autoritarismo, adoptan para si la democracia política como el pacto fundacional que les devuelve el destino perdido. Se ha tomado conciencia de que es la democracia el único camino viable para avanzar efectivamente en la democratización económica y social el único marco institucional que nos aleja de la barbarie, y nos permite arribar a decisiones racionales ecuánimes y de avanzada.

Por eso quizás hallemos el sentido más profundo de estos procesos de transición en el cambio de las actitudes y los pensamientos de cada hombre y mujer que componen nuestras sociedades. El pasar de aceptar pasivamente el lugar que la democracia nos devuelve a identificarnos con ella y defenderla como propia.

Esto no se logra en corto tiempo, por cierto. Se precisan cambios lo suficientemente enérgicos pero al mismo tiempo equilibrados para no crear desconcierto ante las nuevas circunstancias. Se precisa emprender una gigantesca reforma cultural que instaure entre nosotros un respeto general por normas de convivencia que garanticen los derechos civiles, que generalicen la tolerancia y el respeto mutuo que resguarden las libertades públicas y destierren el miedo, la prepotencia y el desorden de nuestra sociedad.

Esta reforma cultural incluye asimismo cambios necesarios en los antiguos modos de hacer política. Constituye responsabilidad del político moderno entablar un diálogo más cercano con la gente escuchar y aprender del pensamiento, el comportamiento y las necesidades de los demás y reflejar vívidamente la opinión y los modos de vida de la sociedad concreta. La política no puede ser más -en estas tierras en las que hay tanto para hacer una actividad desarrollada a puertas cerradas, que funcione como un flujo unilateral de arriba hacia abajo, sino que debe abrirse y recrearse en todos los niveles con una mayor comunicación y una profunda vinculación social.

Es esto y no otra cosa lo que soñaron nuestros padres fundadores "Mejorar la sociedad para obtener la mejora del poder, que es su expresión y resultado directo", como alguna vez en uno de sus tantos escritos lo señalara Juan Bautista Alberdi.

Pero la transición a la democracia, constituye desde luego un fenómeno
histórico particular de cada pueblo y mal encararíamos la cuestión imaginando que existe alguna receta universal tanto para el diagnóstico de las dificultades como para la feliz culminación de la transición. Pero también sabemos que existen muchos puntos en común con los casos que en esta conferencia misma van a ser analizados y que trascienden lo particular.

Permítanme señalar dos que me parece corresponden a la generalidad de las transiciones a la democracia. En primer lugar, conviene recordar que el orden democrático y su perduración están ligadas al consenso de los pueblos, a su voluntad lúcida y siempre renovada de construir una organización política legitima para resolver pacíficamente sus conflictos. Nada puede reemplazar esta conciencia y esta voluntad populares que están en la base misma del orden y que, en consecuencia, debemos cuidar se exprese siempre y pueda crecer junto con el propio orden que se construye. Pero la democracia, como sabemos, es no sólo consenso, sino también disenso, respeto por la opinión ajena y por la diversidad. No se trata entonces de observar solamente los mecanismos que generan consenso sino también de reconocer no solamente tolerar el valor del disenso, incluyéndolo como parte de la creatividad de la sociedad. Consenso y disenso son siempre importantes, pero lo son más aún en la transición a la democracia, que exige una extremada flexibilidad y comprensión.

El segundo elemento es algo más subjetivo pero no menos importante. El orden democrático se construye a partir, como señalé, de dificultades cuya solución escapa a la coyuntura y requiere esfuerzo, perseverancia y una gran generosidad en la acción social. No se puede imaginar consolidación democrática sin una visión de mediano y largo plazo, sin que siempre estemos atentos a que las soluciones para la coyuntura no condicionen negativamente el futuro.

Esta disponibilidad de la sociedad para mantener viva la esperanza de la democracia como un orden capaz de autocorrección como mecanismo apropiado para que la realización humana acerque un horizonte potencial a la vida cotidiana, no depende exclusivamente de las personas o de los grupos sociales; depende también y mucho de la acción de los responsables de la conducción política de la transición, de su capacidad de generar confianza .y credibilidad, esto es, depende de los partidos políticos tanto como de las asociaciones civiles.

Si el orden autoritario se caracterizó siempre por ser cerrado y opaco, el orden democrático no puede sino presentarse como lo contrario, un orden abierto y transparente. La transición a la democracia entonces es el camino que recorren los pueblos y sus instituciones, los disimiles momentos en los cuales se articula una forma de convivencia fundada en el respeto del otro con la capacidad de decidir eficazmente el destino común, un sistema de valores con la gestión correcta de los negocios públicos.

Nuestra propia experiencia nos permite mostrar ahora que la democracia no solamente es posible, sino mejor que cualquier orden que hayamos conocido, que contrariamente a lo que a veces se ha difundido, ello no sólo es posible en los paises en desarrollo, sino que es una condición para que el desarrollo no sea acumulación salvaje, sino esperanza consciente de la sociedad para construirse a sí misma.

La democracia no es ni puede ser solamente un privilegio de los paises desarrollados. Teorías que sostienen precondiciones históricas vinculadas con características sociales, culturales, económicas o políticas para la vigencia de la democracia, subestiman el impacto transformador de procesos políticos en curso en muchos de los paises del Tercer Mundo.

Estos paises, frente al desafio de tener que constituir, simultáneamente, en períodos de tiempo casi insignificantes en perspectiva histórica, la Nación, el Estado, estructuras adecuadas que aseguren el crecimiento económico y la equidad social y formas de integración supranacional, han reconocido la necesidad de adoptar un sistema político no sólo eficiente sino también capaz de concretar valores fundamentales, individuales y sociales, que permitan el libre desenvolvimiento de una vida en plenitud. Es por ello, que los paises del Tercer Mundo están rechazando en forma creciente fórmulas y regímenes políticos autoritarios que ofenden los derechos humanos y que generalmente se han mostrado incapaces para solucionar los problemas económicos y sociales básicos.

Muchas veces, encandilados por la ilusión de un éxito fácil en el desarrollo económico, paises de América Latina sucumbieron a la tentación de suprimir toda forma política. Pensaron que el debate social o parlamentario son pérdidas de tiempo y creyeron que con la supresión de todo debate se ganaba tiempo y eficiencia.

El tiempo mostró implacablemente que la participación social en el debate y en la construcción nacional no pueden obviarse sin causar un enorme perjuicio a toda forma de desarrollo plausible.

Nadie puede separar el desarrollo económico del desarrollo social, según se acepta ahora unánimamente. Nadie debe separar ambos, cabe agregar, del desarrollo político, de la construcción de un orden democrático global. Cuando se olvidan principios elementales de ética y se separan los medios de los fines, el desarrollo de sus legítimos destinatarios, la forma política de la convivencia social, el horizonte de los pueblos se ensombrece y son siempre los más desprotegidos los que pagan consecuencias negativas.

Es aquí, justamente en este coloquio en el que especificamente se analizarán los problemas relativos a la transición a la democracia en el Tercer Mundo, donde debemos reafirmar entonces nuestra convicción acerca de la necesidad y posibilidad de la democracia, tanto para el desarrollo económico como para el logro de un orden social más justo.

Ciertamente no se trata de ignorar los problemas o tratarlos oblícuamente. Es preciso debatir, y ustedes lo harán, las implicaciones que tiene la legitima pugna por mejores condiciones de vida con la consolidación del orden democrático, la forma en que la expresión abierta de intereses puede afectar la solidaridad social, la manera en que los conflictos militares, políticos o ideológicos que sacuden al planeta condicionan o dificultan el avance hacia un orden democráticamente sólido, la relación entre la seguridad del Estado y de los ciudadanos y la libertad de todos y cada uno, el derecho a la publicidad y el derecho a la privacidad, en fin, la conciliación de las aspiraciones de transformación que a todos nos animan y la necesidad de proteger las raíces que nos ligan a un pasado tan irrenunciable como la nación misma.

Este mismo debate que ahora se inicia no es finalmente sino la expresión del propio orden democrático que construimos; nadie ha sido y nadie debe ser excluido, todas las voces, todas las razones deben ser escuchadas para que todos juntos podamos reconocernos al final de cada jornada, parte de la humanidad y parte de la fraternidad de los hombres libres.

Estoy persuadido, que estos aportes que provienen de la ciencia, de la política o de ambos, constituirán elementos importantes para el esclarecimiento teórico y también para la consolidación política de la democracia y permitirán con la participación de todos, que la voluntad común que hoy nos anima, perdure en el tiempo como una contribución al futuro de la humanidad.

Buenos Aires se convertirá, así, por unos días, en centro de discusión y debate internacional en torno de los procesos de cambio que protagonizan los pueblos del mundo hacia la conquista plena de sus derechos y su dignidad. Esto constituye de por si un aliciente para el afianzamiento de nuestra actual marcha hacia la consolidación definitiva de la democracia.

Nos permitirá intercambiar experiencias, comunicarnos mejor a partir de la particular situación de cada nación, pero con la certidumbre de estar viviendo en los logros y en las dificultades similares etapas de nuestra evolución histórica.

Porque el tema que nos convoca en estas Jornadas posee la virtud de vincular el pensamiento y la reflexión acumulados por la ciencia política durante casi 2.500 años,con las necesidades y los problemas de los países que reclaman denodadamente crecimiento, bienestar y justicia para sus sociedades. Históricamente la democracia reivindicó valores que hoy poseen plena vigencia la protección contra toda forma de poder político arbitrario,las nociones de ciudadanía e igualdad política que conducen al principio fundamental da una persona igual a un voto para la constitución de los poderes políticos de la comunidad,independientemente de cualquier otra circunstancia; la implantación de un modelo de interacción integradora entre individuo,sociedad y Estado a través de sus formas de representación.En el siglo XX las democracias políticas lograron concretar una difusión significativa de las libertades públicas concebidas como derechos inalienables de los ciudadanos el derecho a la vida,a la protección de la persona humana,a la libre expresión y asociación.

El correlato de lo anterior ees la posibilidad de una participación masiva de la población en ámbitos y circunstancias políticas fundamentales,como lo muestran los partidos políticos y el sufragio para la resolución de cuestiones políticas básicas y para la elección de autoridades.Sin embargo,ya lo hemos dicho,la democracia del siglo XX no se debe agotar en estos atributos fundamentales,sino que debe extenderse a otras esferas. La protección a la persona adquiere globalidad complementando el amparo de la persona física contra el poder político arbitrario con el resguardo de las necesidades básicas del individuo.

La democracia contemporánea implica la búsqueda de una respuesta satisfactoria frente a las necesidades vitales de alimentación, vivienda, educación y salud. También, la democracia conlleva en nuestros días la participación de los pueblos en las decisiones que afectan su presente o las alternativas de su vida futura.Ello implica,ademas de la participación en los partidos políticos y en las unidades político-territoriales,una participación en ámbitos fundamentales de la cotidianeidad presentes en la sociedad.La democracia requiere mayor protagonismo de todos los miembros en la familia,en la escuela,en los ámbitos laborales en las asociaciones voluntarias,en fin,en todas aquellas instancias en las que se adopten decisiones que pueden influir de una u otra manera en la vida social.

En los albores del siglo XXI los paises del Tercer Mundo deben confrontar los desafíos de circunstancias internacionales complicadas y complejas,encontrar formas apropiadas de tecnología,resolver los acuciantes problemas que les plantean sus sociedades.Para ello,resulta esencial generar fórmulas políticas fuertemente legitimadas y frente a este desafío el sistema democrático exhibe las singularidad de resguardar los componentes plurales de las sociedades de los paises del Tercer Mundo. Distintas manifestaciones culturales,religiosas,étnicas,lingüísticas y regionales,pueden aportar activamente sus especificidades en la definición y logro de los objetivos nacionales dentro del encuadre político de la democracia,debido fundamentalmente al institucionalizado respeto en este sistema por la diversidad,la tolerancia y la participación.

Estos ambiciosos pero posibles objetivos políticos requieren una laboriosa construcción por parte de cada sociedad.

Es irreal considerar que la decadencia,crisis y derrota de los regímenes autoritarios y su reemplazo por diseños institucionales democráticos implican necesariamente la supervivencia de la fórmula democrática en una sociedad la transición hacia la consolidación y fortalecimiento de la democracia es un proceso complejo y riesgoso que requiere inevitablemente cambios en las culturas políticas,en el accionar de las fuerzas sociales,en el complejo institucional y fundamentalmente en la adecuación de la clase política a las nuevas circunstancia y exigencias,todo ello en el marco de un conflictivo escenario internacional;de evidentes dificultades económicas y crecientes expectativas y demandas sociales.

La presencia en estas Jornadas de destacados y jerarquizados especialistas en las ciencias sociales de dirigentes políticos y militares y economistas,me inhibe de pormenorizar demasiado en la problemática que los ocupa.

Pero tengo la convicción y la confianza de que,en cada una de las sesiones que se desarrollen ,surgirán debates e intercambios enriquecedores de los que podremos extraer visiones esclarecedoras,distintas maneras de observar una realidad que nos lama a la acción y que-con mejores alternativas que surjan del diálogo amplio y pluralista- nos permitirán a los hombres políticos superar constantemente las metas cumplidas , para ir hacia otras más elevadas; en un constante progreso y crecimiento ininterrumpido. Conscientes que, de nuestra capacidad de movilización de energías, recursos e inteligencias, de organización sistemática de ideas y del trazado de estrategias concretas para alcanzar los objetivos propuestos, dependerá finalmente la posibilidad de asegurar la fuerza de esta transición y la solidez para la transformación en libertad que estamos llevando adelante.

En este sentido, destaco el aporte que los hombres políticos y la sociedad esperan de vuestro trabajo para continuar esta marcha distinta, este rumbo nuevo, e ir avanzando a paso firme en la consolidación del sistema democrático, la construcción de un sistema económico en crecimiento con justicia distributiva, y la creación de formas imaginativas de participación y dignificación social.

Y si se me pregunta si esto es posible, recordaría al pensador español que llamara a ''los argentinos, a las cosas'' y dijera '' yo no se si es posible; sólo se que es necesario''. Y con esa evocación permítanme que afirme rotundamente que será posible porque es necesario.

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