Home

En la Internacional Socialista | MEMORIA POLITICA | Vamos al Congreso Ideológico | 24 de marzo: ante un gobierno sin memoria, reivindicación. | Documentos | CV de RA | Por el mundo | 2004 ,Visión alfonsinista | Nuestra voz | Las palabras que vencieron el miedo | Columna de Opinión | Derechos Humanos / Decisiones Históricas | Celebración de la Memoria
1983 / el sueño se hace a mano y sin permiso
2004 ,Visión alfonsinista

Documentos y notas del Dr. Raúl Alfonsín en la actualidad

ucr_cb.gif

ALFONSIN ANALIZA LAS ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS
2 de Noviembre de 2004

El mundo está pendiente de los resultados electorales de la primera potencia mundial. Los debates entre los dos aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos mostraron a Kerry como ganador, pero lo más importante es que destacaron, lamentablemente, debo decirlo, las escasas diferencias que existen entre las políticas planteadas por ambos adversarios, hechos que surgen claramente de los planteos de campaña, aunque quiero asegurar, para aventar cualquier confusión, que espero con fervor y esperanza el triunfo de los demócratas.

Estados Unidos ha sufrido en los últimos tiempos una severa metamorfosis, en un giro drástico desde una república con muchos elementos democráticos hacia una dudosa república aristocrática, especialmente si se tienen en cuenta la serie de leyes y decisiones estatales que restringieron en forma arbitraria los derechos individuales y las libertades de sus habitantes tras el terrible ataque a las torres gemelas.

¿Por qué digo esto? Es simple. Un solo dato revela la magnitud de lo que sucede en ese país: las profundas fallas que afectan a su sistema de representación.

La principal potencia mundial puede consagrar a sus líderes -ejecutivos y legislativos- con apenas el 15% del total de los votos de los ciudadanos habilitados para sufragar.

Como sucede en muchos países del globo, el neoliberalismo busca por todos los medios, lícitos o ilícitos, que los gobernantes sean meros gerenciadores de sus exigencias, evitando, de esa forma, que el Estado se ocupe de su misión primera, que es atender las cuestiones de toda la ciudadanía.

Es tal el poder que ha acumulado el establishment que ya ni siquiera se esfuerza por mantener algún equilibrio con los grupos dominados, de manera de hacer más tolerable su hegemonía. Estos individuos se han convertido, a cara descubierta, en los decisores de las naciones, con lo que queda enterrada la autonomía nacional. Y esta situación se advierte con claridad en la realidad política que vive EEUU, y que no creo que se modifique, aún con una victoria de Kerry.

Qué decir si Bush lograra la reelección: seguiríamos pendientes y aterrados por las decisiones de un hombre que es un verdadero peligro para la humanidad. De esta forma, la aspiración al progreso y a la justicia parece sucumbir en aras de proyectos egoístas que clausuran las alternativas de una convivencia auténtica entre todas las naciones del planeta.

En referencia a la república aristocrática, sus seguidores señalaban que debía otorgarse al pueblo un papel importante en el gobierno, aunque con muchos límites, ante la posibilidad de que cayera en excesos. ¿Cómo enfrentar este inconveniente? Simple. Limitando la injerencia popular en el gobierno con el pretexto de que su función no era gobernar, sino sólo elegir gobernantes idóneos, con un equilibrio entre mayoría y minoría.
En las antípodas de este razonamiento se encontraban los partidarios de la república democrática, quienes temían a la minoría y no al pueblo, en cuyas capacidades e intuición se confiaba. Los peligros emanarán de la aristocracia, y el bien público no se vinculaba con el equilibrio de intereses,
sino con el bienestar popular.

Este pensamiento generaba un inconveniente institucional: ¿cómo alcanzar un sistema que permitiera controlar el poder de los pocos privilegiados y, desde luego, el de cualquier déspota? El problema fue resuelto por Montesquieu, mediante la separación de los poderes en tres y con el control mutuo.

Desde entonces, ese fue el elemento distintivo de la República.

En los EEUU, actualmente, algunos, en buena medida impulsados por el neoconservadorismo, plantean la necesidad de votar personas, y no partidos o programas. Al respecto, Vance Packard, hace ya tiempo, se refirió a quien irónicamente sostiene que probablemente lo más importante que pueda hacer un político en nuestro sistema actual, es establecer para sí una personalidad pública antes que anunciar una serie de soluciones para los problemas. Al apelar a los votantes, en especial a los del centro del espectro, dice: Ambos partidos adoptan actitudes públicas muy parecidas entre sí.

Bobbio sostuvo que tan pronto como alguien diga sobre los asuntos del Estado: ¿Qué me importa a mí?, podemos estar seguros de que el Estado está perdido. Al menos en su fase republicana y democrática. Y esto está sucediendo en los EEUU, no sólo por su vocación hegemónica, priorizada por su permanente nacionalismo, sino también porque se inscribe en el padrón el 50% de los
habilitados y posteriormente ejerce su derecho al voto casi la mitad.

Para finalizar, en general no votan los pobres, no sé si por indiferencia frente a proposiciones semejantes, por negligencia, o por oposición al sistema. Si el voto fuera obligatorio, como lo es en la Argentina por mandato constitucional, otras serían las plataformas electorales de los partidos y
mucho más serias las responsabilidades de los políticos.

JUICIOS POR JURADO: HAY OTRAS ALTERNATIVAS
Por Raúl Alfonsín, publicado en Clarín el 11 de Octubre de 2004

El diputado Héctor Polino escribió en esta misma sección un excelente artículo sobre los graves problemas que acarrearía la creación del juicio por jurados en la Argentina. Atribuye acertadamente que el peligro reside en el hecho de que los jurados no están obligados a fundar sus decisiones, mientras que un juez debe hacerlo. Podríamos agregar que hay "estudios", por llamarlos de alguna manera, que se encargan de analizar los antecedentes de cada jurado para presionarlos.

Pero lo cierto es que la Constitución Nacional dispone en tres oportunidades que el Congreso debe establecer el "juicio por jurados". Se pensó que este sistema de enjuiciamiento, además de ser un mecanismo de participación de los habitantes en la administración de justicia, constituía una garantía ciudadana frente al Estado.

No obstante la claridad del mandato constitucional, por razones prudenciales como las señaladas por Polino, se ha omitido su cumplimiento. Pero no es posible interpretar que la Constitución dejó librada al legislador la oportunidad de poner en vigencia el juicio por jurados, menos aún suprimiéndolo por un siglo, sino que le concedió la elección de la organización y de los mecanismos para instrumentar la participación ciudadana en tribunales de juicio.

Resulta indudable que la Constitución Nacional torna exigible la implementación de alguna forma de participación ciudadana en la tarea de administrar justicia. Hay autores que consideran satisfecho el mandato constitucional con el jurado de escabinos o jurado escabinado.

Este sistema de enjuiciamiento, concebido en nuestro país por el proyecto de Ley Orgánica para la Justicia Penal y el Ministerio Público de 1986, integraba los tribunales de juicio con jueces permanentes, pertenecientes al aparato burocrático judicial del Estado y con jurados escabinos, ciudadanos que debían colaborar en la función de juzgar. Se propuso un sistema original de integración del tribunal de juicio que aseguraba una mayoría "técnica" y "no burocrática" a la vez, por medio de un conjuez letrado que reunía la condición de no permanente (ciudadano) y la de instruido en derecho (abogado).

El neologismo "escabino" (juez lego) tiene su origen en el vocablo francés echevin, que era en sus comienzos asesor del tribunal del condado y luego del magistrado municipal.

En el sistema de jurado escabinado, un conjunto de jueces permanentes y no permanentes confluyen en una sala de deliberación en igualdad de condiciones, presencian todo el debate, deliberan y dictan sentencia fundamentada. Tanto los profesionales del derecho como los simples ciudadanos participan en la deliberación sobre hechos presuntamente delictivos y en la redacción de la sentencia definitiva.

Tal vez sea posible actuar en la línea del proyecto que enviara en 1986 estructurado de manera semejante al de la ley alemana, con tribunales de cinco o de tres miembros según se trate de causas criminales o correccionales. En efecto, se preveía la integración de un tribunal criminal compuesto por dos jueces permanentes, un conjuez letrado y dos jurados, y un tribunal correccional formado por un juez permanente, un conjuez letrado y un jurado.

El proyecto diferenciaba dos tipos de conjueces: los letrados y los propiamente llamados "jurados". Ambos se distinguen de los jueces profesionales. Los primeros son abogados de la matrícula elegidos al azar del padrón electoral del respectivo colegio profesional, y los jurados provienen del padrón electoral.

Los conjueces letrados o jurados tenían iguales atribuciones que los jueces permanentes, aunque sólo se les daba intervención durante los debates, excluyéndolos de las decisiones interlocutorias inherentes al trámite y reservando la presidencia del tribunal a uno de los jueces profesionales permanentes. No existía tampoco, como en el jurado clásico, instrucciones expresas sobre el derecho aplicable, al menos no como parte del procedimiento que tenía lugar en audiencia pública y podía ser objeto de impugnación.

El sistema de jurados de escabinos fue adoptado por la mayoría de los países de Europa continental, entre ellos Francia, Italia y Alemania, en los que se produjo una transformación del jurado clásico anglosajón. Sostiene Julio Maier, autor del proyecto, que se ha pretendido describir el sistema de jurado clásico explicando que los jurados se pronuncian sobre hechos históricos mientras que los jueces profesionales deciden sobre la aplicación del derecho. Sin embargo, entiende que una separación estricta entre hechos y derecho en la decisión judicial es imposible, ya que ella presenta una verdadera interacción entre hechos y reglas que, por sucesivas aproximaciones, logra el fallo. Técnicos y legos, jueces profesionales y jurados utilizan este método para decidir. Esta circunstancia adquiere relevancia si se tiene en cuenta el carácter altamente técnico y complejo que alcanzó en este siglo el discurso jurídico.

Por otra parte, el jurado clásico no tiene que fundar su decisión y el jurado mixto sí debería hacerlo, cumpliendo de este modo con el requisito de fundamentación que todo acto de gobierno debe tener en el marco de un régimen republicano.

De este modo, se garantizaría también el derecho de defensa en juicio y de recurrir la condena penal, pues la exigencia o no de fundar la decisión influiría de manera decisiva en el control posterior, ya que la fundamentación cubre aspectos esenciales para habilitar la vía recursiva.

En 1998 se instauró en la provincia de Córdoba un tribunal penal de carácter mixto, compuesto por tres jueces profesionales y dos ciudadanos comunes, quienes en casos de suma gravedad, a pedido del fiscal o la querella, juzgan al imputado de manera conjunta tanto en lo concerniente a los hechos como al derecho aplicable.

A pesar de la situación minoritaria en que se encuentran los jueces no permanentes, la experiencia resultó alentadora y se difundió la enorme responsabilidad que implica para los ciudadanos la participación en la tarea de juzgar, lo que se tradujo en una actitud de mayor respeto por la Justicia.

El 22 de setiembre se sancionó una nueva ley en la provincia de Córdoba que, sin modificar el artículo citado, instauró un nuevo tribunal popular compuesto por 8 legos y 3 magistrados encargados de juzgar en casos de delitos aberrantes y de competencia penal económico y anticorrupción.

Hay que tener en cuenta que nos encontramos ante una sociedad tensionada y una Justicia sospechada, lo que hace no aconsejable la aplicación del sistema de Estados Unidos y, al mismo tiempo, ante una obligación constitucional que bien puede cumplirse a través del escabinado.

ALFONSIN, EN LOS 10 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUYENTE

Reivindicó el Pacto de Olivos y reclamó el diálogo político
Sostuvo que el acuerdo sellado con Menem evitó que saliera la reelección indefinida del jefe del Estado

Carlos Roberto Moran / La Capital de Rosario

El ex presidente Raúl Alfonsín reivindicó el Pacto de Olivos y le reclamó al gobierno de Néstor Kirchner un sostenido diálogo con los partidos de oposición, en declaraciones formuladas ayer en Santa Fe donde se realizó una jornada conmemorativa del 10º aniversario de la reforma de la Constitución nacional, la que el ex mandatario defendió con énfasis.

Alfonsín, declarado huésped de honor por el gobierno de Jorge Obeid, se mostró todo el tiempo de buen talante y animado por los gestos de afecto que se le demostraron. El ex presidente se refirió en su disertación al Pacto de Olivos, al que reivindicó con diversos argumentos sosteniendo que había servido para preservar las instituciones.

El veterano dirigente radical rememoró los hechos que se produjeron en el país en aquel año 1994 en el que se suscribió el pacto que dio lugar meses más tarde a la reforma de la Constitución nacional. Alfonsín consideró que el acuerdo suscripto con el entonces presidente Carlos Menem impidió que éste contara con la posibilidad de ser reelecto indefinidamente.

Recordó que antes del primer encuentro entre dirigentes peronistas y radicales realizado en el domicilio particular del ex canciller Dante Caputo, existían proyectos que propiciaban la reelección indefinida del presidente de turno y remarcó, por otra parte, que Menem había hecho saber que estaba dispuesto a llamar a un plebiscito "que hubiera ganado arrasando, puesto que se iba a presentar como si estuviera proscripto".

Sostuvo que "éste es el único país donde pacto es mala palabra, pero en política debe haber diálogo, negociación, porque la política si no es diálogo es violencia".

También recordó que al pacto se llegó por voluntad mayoritaria de su partido, aunque recordó que un sector minoritario (que entre otros encabezó Fernando de la Rúa, a quien no nombró) se opuso frontalmente al acuerdo con el gobierno de Menem y que le costó al radicalismo la pérdida de considerable número de votos.

"No fue un pacto de dos, no podía serlo", dijo enfáticamente y luego, en la conferencia de prensa, cuando se le preguntó si se arrepentía de haber suscrito el acuerdo fue la única vez en que expresó incomodidad y volvió a reivindicar la importancia del mismo, puesto que de él surgió la Convención Constituyente realizada hace una década.

Al respecto, buscando tomar una perspectiva histórica, el ex mandatario hizo ver que la reforma constitucional de 1949 no contó con la presencia radical y que la intentada en 1957 se hizo con la proscripción del peronismo. "En cambio en 1994 estuvieron presentes todos los partidos, todas las geografías y todos pudieron decir lo que pensaban".

Recordó Alfonsín los esfuerzos que debieron hacerse para llegar a término con las reformas en los tres escasos meses que duró la Convención Constituyente de la que dijo que, en la práctica, sólo se omitió la creación de un consejo económico social, instituto que rescató. Efectuó un reconocimiento para el bloque de la UCR, al que citaba a reunión "a las 8 de la mañana" y reivindicó, inesperadamente, la figura de Elisa Carrió, "que trabajó incansablemente con esa inteligencia que le conocemos y sin ese atrevimiento, que no le conocíamos".

A la jornada de ayer se excusaron por telegrama de asistir los ex convencionales y senadores nacionales Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Reutemann y Jorge Busti, actual gobernador de Entre Ríos.

En el diálogo con el periodismo, Alfonsín aceptó que le preocupaba mucho el problema de la inseguridad, pero manifestó que para él es prioritario resolver la cuestión de la desocupación, "puesto que la inseguridad está ligada a ella, aunque de todas maneras la inseguridad es un problema muy delicado, muy grave, que preocupa mucho a la ciudadanía y con razón".

Respecto del diálogo entre gobierno y oposición, expresó: "No se puede hacer una oposición salvaje, tenemos que hacer oposición constructiva, porque yo no creo que haya un solo argentino que no desee que a Kirchner le vaya bien, porque no puede pensarse que al país le puede ir bien si a Kirchner le va mal. Ahora, hay que criticar lo malo y hay que apoyar lo bueno, esto es lo que tiene que hacer la oposición".


Entrevista de LA NACION con el ex presidente radical
EL PAIS NO SE MANEJA COMO SANTA CRUZ, DICE ALFONSIN

Sábado 21 de Agosto de 2004


El ex presidente dijo, además, que resulta "altamente preocupante" la falta de diálogo de la Casa Rosada con la oposición



Consideró que "es muy grave lo que se está haciendo con el gasto social"
Afirmó que ante las protestas piqueteras se debe aplicar la ley
Criticó la posición de Carrió



Raúl Alfonsín asegura que habla "simplemente como un ex presidente" o un ciudadano ajeno a los hechos. Pero nadie podrá dudar de que sus palabras siguen teniendo gravitación en la política argentina. Por ello, suenan fuertes sus aseveraciones sobre el presidente Néstor Kirchner: "Tiene que entender que el país no se puede manejar como Santa Cruz", lanza.

No son palabras elegidas al azar. En cada frase, Alfonsín busca un sustento argumental. "Resulta altamente preocupante la falta de diálogo del Gobierno con la oposición y es muy grave el manejo que se está haciendo del gasto social", reflexiona el ex presidente.

Inmediatamente, emitirá dos mensajes directos hacia su propio partido: hay que ir al diálogo con el Poder Ejecutivo por más que otros no quieran ir, dice en alusión a Elisa Carrió. Y en directa crítica a la cúpula de la UCR, destacará que "el verdadero vicio del radicalismo hoy es el internismo".

Desde su departamento de la avenida Santa Fe, en Capital, y a pocas horas de haber llegado de Venezuela, donde fue como veedor electoral, Alfonsín dialogó con LA NACION sobre Kirchner, la UCR, Carrió, los piqueteros y la inseguridad.

-¿Cómo _evalúa la gestión de Kirchner?

-Tiene cosas positivas y negativas. Positivas: no mandó tropas a Irak en momentos en que se estaba negociando duramente con el FMI. Positiva: la base que se le está dando al Mercosur. Positiva: la dignidad con que se dialogó con el FMI. Positiva es la forma en que el ministro de Salud trabaja el tema de los remedios genéricos. Positiva es la renovación de la Corte, que es más independiente. Sobre todo si se trata de medidas de un presidente que tiene fama de autoritario.

-¿Cree que es sólo fama?

-Espero que él entienda que el país no es Santa Cruz. Tiene que entender eso. Tiene cosas negativas que me preocupan enormemente. La falta de diálogo con la política, que es muy grave. Me parece que hace un mal uso del gasto social. Son cosas que hay que discutir, lo mismo que la reforma política. El diálogo sobre la reforma política lo deben hacer los partidos políticos.

-El Gobierno convocó al diálogo, pero parecería haber elegido la participación de unos en desmedro de otros...

-No, no, no, él no debe elegir. Seguramente que habrá quienes le dicen que no. Y allá correrá su responsabilidad. No quiero dar nombres, pero creo que igual hay que ir a dialogar. En cualquier caso, hay que dialogar, mientras no sea una dictadura.

-Pero Rozas condiciona el diálogo con el Gobierno a la presencia de todos los sectores...

-No, nosotros debemos ir a ese diálogo y en todo caso diremos que se invite a todos. Pero éstas son cosas que no se deben discutir por los diarios. Además, el Presidente debe invitar a todos los que tengan representación parlamentaria.

-Usted dijo que le preocupa el gasto social. ¿Concretamente qué le preocupa?

-Muchas veces los planes sociales han sido entregados a gente que no quiere trabajar. Eso es malo. Tenemos que volver a una cultura del esfuerzo y del trabajo.

-¿Cuál sería el peligro que tendría un mal manejo del gasto social?

-Bueno, las cosas que se hacen mal tienen peligro. Se les han dado planes a los piqueteros. Pero cada uno actúa como le parece; yo no lo hubiera hecho de esa forma...

-¿Y cómo resolvería el tema piquetero?

-Se debe aplicar la ley. Cualquier gobierno serio tiene que proteger al hombre de la explotación. Pero también tiene que defender a la sociedad de la ilegalidad. No me opongo a que hagan manifestaciones, a que corten las calles, pero un corte con 50 personas y la toma de edificios no corresponden a un país como el nuestro.

-En materia económica, ¿observa que el Gobierno tiene iniciativa propia?

-No se cuál es el rumbo económico del Gobierno. Lo respeto a Lavagna, pero no se cuál es el rumbo. Creo que se debería poner énfasis en la vivienda. Sería un buen ataque contra la desocupación. Hay que poner también mucho el acento en la educación.

-¿Qué propuestas concretas plantea en términos económicos?

-Yo planteo la necesidad de crear una comisión multisectorial que analice el producto interno potencial de la Argentina, de modo que las medidas económicas que se tomen hoy tiendan a potenciar ese objetivo.

-Cuando usted habla de que el país no puede ser manejado como Santa Cruz, ¿por qué lo dice?

-En Santa Cruz, se manejaban las cosas de manera... muy uniforme, para buscar una palabra que no hiera a nadie. Acá no puede ser así. Creo que se deben entender las diferencias que hay entre gobernar Santa Cruz y la Nación. Esto lo debe observar el Presidente. Me parece que también se equivoca con estas expresiones que hablan de complicidad, por un lado, y de furgón de cola, por el otro. Lo que buscan es que vayamos a un ataque frontal. Pero así no se progresa en un país.

-¿Cómo cree que debe atenderse el problema de la inseguridad?

-Este es un tema gravísimo desde el punto de vista de la cotidianidad. Pero creo que el primer tema que hay en la gente es desocupación y el segundo es el aumento del salario. Eso es lo más importante.

-Sin embargo, las encuestas mencionan al tema de la inseguridad como el principal...

-Es un tema que tiene relación con la cotidianidad y preocupa a todos. Pero, por ejemplo, me parece espantoso haber subido a 50 años la pena por delitos. Eso es una medida medieval. No la tiene ningún país del mundo; el concurso de penas sumado no existe en ningún lugar.

-En tal caso, responde a un reclamo de la sociedad...

-Sí, ésta es la respuesta que se le da a la gente por la inseguridad. Pero creo que la solución pasa por prevenir, poner más policías en las calles, disponer más fondos para la seguridad.

-¿Qué análisis hace de las críticas que hizo Carrió al Gobierno en los últimos tiempos?

-Lamento que tenga esa postura. Que plantee que todos son malos y que se vayan todos. Eso se puede plantear para la televisión y para ganar quizás una elección, pero así no se cura a la sociedad; se la enferma más. Ahí tenemos en Venezuela una sociedad partida en dos. Aquí tuvimos el peronismo dividido.

-Bueno, el PJ está dividido...

-No, no, se está actuando con responsabilidad. La sangre no va a llegar al río. Duhalde sabe que tiene que apoyar a Kirchner. El peronismo está con problemas como los tenemos nosotros.

-¿Qué problemas?

-Nosotros tenemos también el problema del internismo. Lo digo como ex presidente ajeno al partido, porque no pretendo nada.

-¿Ese es un vicio del radicalismo?

-Sí, hoy lo veo al radicalismo con ese vicio. Eso traba el ingreso de gente nueva. De otra forma, marcharíamos hacia la recuperación total. Esta es mi última batalla: la prédica de terminar con el internismo.


Por Martín Dinatale
De la Redacción de LA NACION


DISCURSO DE RAUL R. ALFONSIN EN EL HOMENAJE DEL CONGRESO DE LA NACION AL EX PRESIDENTE JUAN PERON


1974- 1ºdeJulio-2004
Juan Domingo Perón, la lucha por los derechos de los argentinos, la búsqueda de la unión nacional, el diálogo y la república democrática


Rendimos homenaje hoy, en este templo de la democracia argentina, al ex presidente y a uno de los líderes políticos más importantes y más controvertidos del siglo XX, en torno de quien giró la atribulada historia contemporánea de nuestro país, con sus grandes realizaciones y también, con sus grandes frustraciones.

Al hacerlo, al recordar su actuación y su legado -sin la pasión militante de quienes fueron sus partidarios y de quienes fuimos sus adversarios, pero con el compromiso apasionado, sí, de quienes compartimos una misma convicción patriótica-, evocamos y asumimos aquellos encuentros y desencuentros, como una etapa superada en el camino de la lucha por los derechos políticos sociales y económicos, y también por el pluralismo y la tolerancia política en la Argentina. En el camino, que seguimos hoy recorriendo, por construir una nación.

La Argentina, como sabemos, nació a la vida moderna, como Nación organizada, con una estructura jurídica republicana, una forma republicana de gobierno, una tradición republicana que se forjó desde las luchas por nuestra emancipación contra el absolutismo monárquico y sus defensores vernáculos.

Tenemos, también, una sociedad que emergió consustanciada con la vida democrática desde el momento en que se amasó con los más diversos ingredientes, orígenes y procedencias; que fue democrática en sus luchas contra los privilegios oligárquicos y los yugos semifeudales, que cultivó la democracia en sus distintas búsquedas políticas para alcanzar y defender aquellos dos valores que la definen: la libertad y la igualdad. Sin embargo, durante gran parte de su historia, la Argentina apenas si pudo ver esa democracia funcionando en plenitud, en sus instituciones políticas y en el Estado.

Tuvimos un siglo de avances y retrocesos en el camino por mantener y defender la república, y por conquistar y hacer vigente la democracia. Pero la gran tragedia nacional fue que una y otra tarea esenciales para construir un país serio, la lucha por la república y la lucha por la democracia, fueron por caminos separados y hasta, por momentos, contrapuestos.

Aquellos que lucharon por la república, por la defensa de las leyes, por la vigencia del orden jurídico, muchas veces se olvidaron de las luchas por los derechos de todos, de los movimientos populares, de los clamores contra las injusticias. Llegaron incluso a cerrar las compuertas al advenimiento de las nuevas demandas y fuerzas sociales que venían a reclamar por esos derechos, por la igualdad de oportunidades, por la plenitud de la ciudadanía.

Aquellos que lucharon por los derechos sociales y por ese ideal de igualdad, muchas veces soslayaron o menospreciaron la importancia del imperio de la ley, de la división de poderes, la existencia de una Constitución que tuviera vigencia para todos y que nadie pudiera arrogarse como exclusivo intérprete y guardián. Así fue, también, cuando los tribunales funcionaban para proteger a los poderosos en lugar de defender los derechos de los más desprotegidos, cuando las leyes encubrían el fraude y cuando la proscripción impedía entender que la lucha por la Constitución era la lucha por la libertad y que no habría jamás igualdad verdadera sin afianzar las libertades y promover las expresiones plurales de la sociedad.

La historia argentina de gran parte del siglo XX ha sido, así, la de un país cuyas relaciones políticas no han estado sujetas a un pacto de convivencia. Las múltiples luchas que precedieron el acceso al gobierno del radicalismo, la violenta restauración conservadora del 30, la irrupción del peronismo como fórmula frontalmente opuesta a las expresiones políticas preexistentes, y la posterior revancha antiperonista, constituyeron sucesivas manifestaciones de una misma indisponibilidad para convivir en un marco globalmente compartido de normas, valores, instituciones y prácticas.

El camino de la república y el camino de la democracia fueron andando, de este modo, a lo largo de décadas, por senderos paralelos, ajenos y hasta absurdamente hostiles. Ello hizo que peleáramos de un lado y del otro del campo popular, por buenas y por malas razones, enfrentando circunstancialmente a nuestros adversarios por aquello que entendíamos configuraban graves deformaciones y atropellos que los hubo- sin lograr rescatar la genuina expresión de cambio y avance que contenían en su seno. Del mismo modo que vimos y sufrimos de qué manera se justificaron posiciones antidemocráticas y autoritarias invocando una representación popular que clausuraba el espacio del pluralismo, la deliberación, la crítica y la disidencia.

Entremedio floreció la ajuricidad, el desprecio por la legalidad, el autoritarismo (y también el machismo), el populismo caudillista y conservador, la militarización de la política y, finalmente, el militarismo dictatorial que destruyó a la política y acabó en el horror que vivimos durante la última dictadura y del que salimos luego de la guerra de las Malvinas.

Sin embargo, siempre existió un núcleo de ideas y valores compartidos en el interior de cada una de las grandes corrientes políticas. Cuestiones y objetivos como la participación ciudadana, la justicia social, el desarrollo integrado, la promoción del federalismo, la independencia económica y la autodeterminación nacional, la apertura al mundo y la integración con América latina, la lucha contra la marginalidad y por la igualdad efectiva del derecho de todos los hombres y mujeres a acceder a una vida digna, han atravesado -y atraviesan aún- las voluntades renovadoras de millones de argentinos en lo político, en lo económico y en lo cultural.

Estas son las líneas que marcan nuestra vocación de progreso histórico como comunidad, enfrentadas siempre con aquellas otras que se beneficiaron y se benefician con la existencia de grandes desigualdades e injusticias, o que las aceptan y justifican como un dato de la naturaleza. Pero esas líneas, que en otros países convergieron en movimientos políticos afines o adversarios, pero que se reconocen al fin como parte de una misma comunidad política pluralista, no encontraron entre nosotros traducciones eficaces y complementarias y quedaron prisioneras de las disputas facciosas, fomentando falsas antinomias. Aquellas trincheras ideológicas y culturales cavaron fosas tanto en el seno de las fuerzas políticas más representativas como en el de los movimientos sociales.

Pese a todo, hubo hitos que demarcaron un camino superador. Tal es el caso de las luchas por el sufragio universal de la cuales fue el radicalismo una fuerza impulsora principal. Tal fue el caso de las corrientes del sindicalismo que plantearon y lograron el reconocmiento y la ampliación de los derechos ciudadanos y de los trabajadores. Tal fue el caso del movimiento reformista universitario, que impulsó y alcanzó la educación pública superior como herramienta de emancipación a través del conocimiento científico y de la cultura. Tal fue el caso, también, del movimiento feminista, que luchó desde muy temprano por los derechos de las mujeres, y que se nutrió de mujeres legendarias y valerosas de distintas convicciones políticas y trayectorias profesionales e intelectuales como Alicia Moreau de Justo, las hermanas Fenia y Mariana Chertkoff, Sara Justo, Julieta Lanteri, Elvira Rawson de Dellepiane y Victoria Ocampo.

La prédica y el esfuerzo de Eva Perón contribuyó decisivamente al reconocimiento del voto femenino impulsado por el justicialismo y aprobado en 1947 con el acompañamiento de un vasto sector de la sociedad y el voto favorable del radicalismo y el resto de la oposición en el Congreso. En ese hito quedó de manifiesto una voluntad y un consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias y progresistas como rara vez se había visto hasta entonces. Para el radicalismo, la sanción de esa ley significaba completar la lucha que había dado orígen a su propia existencia como fuerza política: la lucha por el sufragio universal, que había sido solo parcialmente aprobada en 1912, con la Ley Sáenz Peña.

Sin embargo, todos sabemos que durante la segunda mitad del siglo pasado, las proscripciones y persecusiones siguieron y las antinomias y antagonismos no dieron paso a un movimiento superador sino a nuevas antinomias y antagonismos. Y tuvimos que seguir peleando contra las dictaduras y por el derecho del voto durante las siguientes décadas.

En este rápido repaso de nuestros derroteros históricos puede apreciarse el lugar central que tiene la cuestión de la transformación de nuestra cultura política; aquello que suele llamarse la dimensión subjetiva de la democracia. Y sabemos que el esfuerzo por crear bases estables y predisposiciones arraigadas para la convivencia democrática pasa necesariamente por superar las deformaciones asentadas en la mentalidad colectiva de nuestro país, y sobre todo de nuestra dirigencia, como herencia de un pasado signado por los desencuentros y frustraciones, y por el autoritarismo.

En efecto: la intolerancia, la violencia, el maniqueísmo, la compartimentación de la sociedad, la concepción del orden como imposición y del conflicto como perturbación antinatural del orden, la indisponibilidad para el diálogo, la negociación, el acuerdo o el compromiso, han sido maneras de ser y de pensar que echaron raíces a lo largo de generaciones en nuestra historia.

Toda nación, lo sabemos, es el resultado de un proceso histórico integrador de grupos inicialmente desarticulados. Detrás de cada unidad nacional hay un gran proyecto capaz de asociar en la construcción de un futuro común a fuerzas étnicas, religiosas, culturales, lingüísticas o socialmente diferenciadas entre sí. Nuestro país logró hacerlo en el terreno social y acuñó un sueño argentino vinculado a este mandato progresista del Preámbulo de nuestra Constitución. Pero vió truncado recurrentemente dicho proceso integrador en el plano de político.

De este modo nuestra historia, más que la de un proceso unificador, fue la de una dicotomía cristalizada que se fue manteniendo igual a sí misma bajo sucesivas variaciones de denominación, consistencia social, intensidad e ideología. Allí estuvieron, como expresiones de esta división los enfrentamientos entre unitarios y federales, entre la causa yrigoyenista y el régimen oligárquico, entre el conservadorismo restaurado en 1930 y el radicalismo proscripto, entre el peronismo y el antiperonismo.

Bajo signos cambiantes, el país permanecía invariablemente dividido en compartimentos estancos, que en mayor o menor medida se concebían a sí mismos como representaciones o encarnaciones del todo nacional o de mayorías naturales, con exclusión de los demás. La Argentina no era una gran patria común sino una conflictiva yuxtaposición de una patria y una anti-patria, una nación y una anti-nación.

Como unidad política y territorial, la nación se asentaba en el precario dominio de un grupo sobre los demás y no en una deseada articulación de todos en un sistema de convivencia. Con el desarrollo económico, el país fue creciendo en complejidad, generando en su sociedad una progresiva diferenciación interna entre grupos políticos, corporativos y sectoriales, todos los cuales, a pesar de que se había conformado una estructura social en la que la movilidad ascendente y las oportunidades de progreso estaban relativamente extendidas, se vieron impregnados por aquella vieja mentalidad.

La Argentina ingresó así a la segunda mitad del siglo XX con partidos compartimentados, organizaciones sindicales compartimentadas, asociaciones empresarias compartimentadas, fuerzas armadas compartimentadas, unidades culturalmente dispersas que sólo ocasionalmente se asociaban en parcialidades mayores, también excluyentes entre sí, pero nunca en esquemas de convivencia global. En estos procesos de asociación, lo que se unía nunca era el país sino un conglomerado interno que sólo lograba afirmar su propia unidad en la visualización del resto del país, o de alguna de sus partes, como enemiga.

Esta matríz cultural tuvo sus inevitables derivaciones en nuestra acción colectiva. De ella emanaron:

-El autoritarismo como forma natural de relación entre grupos que no concebían otro modo de coexistir que el de la imposición de unos sobre otros.

-La ajuricidad y la propensión a la acción directa, como forma natural de interacción entre grupos de poder, que no reconocían la existencia de espacios normativos, axiológicos o de finalidades comunes.

-La intolerancia como producto de una percepción también compartimentada de los valores. Cada grupo vivía bajo una constelación de valores percibida como una exclusividad propia e irreconocible en los demás.

-La ineptitud para la negociación, el acuerdo, el compromiso. En una sociedad maniquea, cada grupo asigna un carácter absoluto a sus propios objetivos y no puede considerar satisfactorio para sí un destino plasmado en la concesión, la conciliación negociada de los propios intereses con los de los otros grupos.

La Argentina fue un país donde la intransigencia, más allá de la necesaria para preservar principios, era considerada una virtud en sí misma, confundida con la negativa cerril; donde la expresión no transarse multiplicó en lemas de los más variados signos y donde la negociación y el compromiso, eran considerados una traición o una claudicación indecorosa.

-La concepción del orden como imposición y del conflicto como desorden. En una sociedad culturalmente desarticulada, que no reconoce la existencia de espacios normativos comunes entre sus grupos componentes, el orden sólo resulta concebible como producto de una acción coercitiva y por lo tanto básicamente represiva- del grupo dominante. A la luz de esta concepción, las situaciones de conflicto eran vistas como una quiebra antinatural e indeseable del orden, como algo que debía ser suprimido.

De más está decir que todas estas propensiones y actitudes compusieron cabalmente un cuadro poco receptivo para la democracia. De ahí también que la precedente debilidad de la democracia en la Argentina, y la precariedad y la fugacidad de los esfuerzos desplegados en el pasado para consolidarla, radicaron menos en sus instituciones fundamentales que en nuestro modo subjetivo de asumirlas.

Se daba por sentado que las expectativas naturales de todos o de la inmensa mayoría de los argentinos eran democráticas y que si resultaban frustradas por el devenir histórico concreto del país, era porque factores invariablemente exógenos o ajenos imponían por la fuerza soluciones antidemocráticas. Luchar por la democracia era, así, luchar contra otros. El enemigo estaba afuera y nunca dentro de nosotros.

Por eso es que consideramos el tiempo fundacional iniciado en 1983 como un tiempo de construcción más que de restauración; como una verdadera revolución democrática, en el sentido que le da Hannah Arendt a la idea de revolución, como edificadora de las instituciones de la libertad. Su novedad histórica, luego de la más trágica de las experiencias dictatoriales, estaba basada en entender que defender y consolidar la democracia significaba luchar no sólo frente a fuerzas antidemocráticas objetivas, sino también contra las deformaciones culturales generadoras de aquella difundida disponibilidad subjetiva que les había servido siempre de base de sustentación.


La plena vigencia del Estado de Derecho y la puesta en funcionamiento de las instituciones democráticas tenía por lo tanto dos presupuestos. Por un lado, la existencia de reglas de juego compartidas y respetadas por todos, empezando por los dirigentes y mandatarios del pueblo. Por otro lado, la existencia de actores y sujetos democráticos; esto es, de una sociedad que fuera haciendo suyos los valores éticos y políticos de la democracia: legitimidad del disenso, pluralismo como principio y como método, aceptación de las reglas básicas de la convivencia social, respeto de las diferencias, reconocimiento de los derechos humanos y de las llamadas libertades positivas.

En ese sentido, existe una progresión histórica abarcadora, algunos de cuyos momentos principales nos permiten entender retrospectivamente la tarea que se debe desarrollar en pos de un cambio institucional y cultural de la política argentina. Algo que podríamos definir, parafraseando a Montesquieu, como un nuevo espíritu de las leyes, implícito entonces durante mi gobierno, con la búsqueda de un pacto democrático fundamental, acompañado de un programa de reformas estructurales que deberían necesariamente incluir una reforma constitucional.

Durante aquellos años existieron varios acuerdos y pactos; en algunos casos para cerrar el paso de las regresiones autoritarias; en otros casos, como expresión de una voluntad de las distintas fuerzas políticas y sectores sociales de avanzar sin retrocesos hacia esos cambios estructurales. Luego vendría el primer acuerdo firmado en 1988 entre el radicalismo y el justicialismo, con el concurso de otras fuerzas políticas, para concretar aquella reforma de nuestra Carta Magna que impulsaba una modernización de nuestro sistema político. Podemos inscribir también en esa línea algunos trascendentes fallos de la Corte Suprema de aquel entonces, referidos a las libertades civiles y los derechos humanos.

Atravesamos la primera alternancia en medio de la más grave de las crisis económicas y estatales y vimos luego como se instalaba, montado en aquella crisis, un proyecto y un modelo neoconservador de gran envergadura y ambiciones refundacionales. Ello llevó a una costosa y ficticia estabilización de nuestra economía y a la imposición de un modelo socioeconómico regresivo y aberrante, que ocasionó las dolorosas secuelas que seguimos pagando, y un forzamiento del Estado de Derecho a límites peligrosos. Sin embargo, la confrontación entre aspiraciones y modelos de régimen político contrapuestos que logramos llevar adelante, pudo evitar una crisis de legitimidad grave que podría habernos llevado a una regresión irreparable.

Arribamos entonces a la reforma constitucional de 1994, como pacto nacional fundamental que buscó colocar a nuestra Carta Magna a la altura de los tiempos. Esto suponía además el apartamiento de un modelo decisionista que constituyó una deformación del régimen político hiperpresidencialista, en el que la discusión y el conflicto fueron considerados disfunciones y obstáculos para la toma de decisiones y una aproximación a un modelo deliberativo de democracia, capaz de incorporar el disenso y el debate como atributos, y a la participación -y el compromiso con los resultados de dicha participación-, como requisito de la decisión justa y de su implementación satisfactoria.

De este modo, a mi entender, se sentaron las bases de un Estado legítimo, cuyo atributo radica en el hecho de constituir una organización e institucionalización de la discusión pública y de la construcción del consenso; más confiable que cualquier otra para acceder a las mejores soluciones. Las exigencias de este ideal democrático se satisfacen en la medida en que el procedimiento se aproxime lo más posible a una discusión y decisión racional, mayor cantidad de intereses estén representados en igualdad de condiciones, más libres sean sus participantes para expresar y fundamentar sus posiciones, más se esfuercen las partes en justificar tales posiciones en principios generales, más directa sea la toma de decisiones y más amplio sea el consenso que se forme como resultado del proceso deliberativo y de la discusión pública.

En 1983 comienza la construcción de una democracia plena y con ella, el inicio de un camino de búsqueda de la unión nacional. Fue ese precísamente el legado que nos habían dejado, diez años antes, Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín, sumergios entonces en la vorágine que terminaría pulverizando aquella voluntad en el despeñadero de la violencia y el terror.

Tuvimos dos décadas ininterrumpidas de colocar los cimientos de una República democrática. Y supimos salvar esos cimientos aún en el marco de hiperinflaciones, políticas desastrosas, hipercorrupción, dilapidación y entrega de nuestras riquezas y traumáticos cambios de gobierno.

Tuvimos continuidad institucional y se afianzaron muchas cosas, afortunadamente, en el país. Mientras tanto, en tantos otros órdenes igualmente importantes se perdieron, malgastaron y dilapidaron oportunidades, recursos y esperanzas. Por eso es que edificar la República democrática en nuestra tierra, y en todo nuestro territorio en cada pueblo, en cada ciudad, en cada provincia y en cada región- sigue siendo la gran tarea que unifica a hombres y mujeres con distintas ideas, a las fuerzas políticas y los partidos que recogen aquellas genuinas y valederas herencias y tradiciones del siglo pasado. Recogiendo aquella rica experiencia histórica, con la memoria de los encuentros y desencuentros que dividieron a quienes deberían haber estado en tantas ocasiones del mismo lado, podremos finalmente alcanzar un sistema político y una vida cívica que estén a la altura de lo que la Argentina se merece luego de tantos esfuerzos, de tantos errores y desaciertos, de tantas frustraciones.

Parece mentira que a esta altura de los tiempos recordemos aquellas ideas de hace más de un siglo y descubramos que siguen significando hoy un mandato y un programa progresista para el país. Pero así están las cosas: en 1983 fue el preámbulo de nuestra Constitución y el compromiso con la defensa de los Derechos Humanos. En la década del 40 del siglo pasado fue aquella lucha por alcanzar la igualdad de derechos, la justicia social y el desarrollo económico. Hoy es la defensa de la república democrática, de la política como herramienta de inclusión y transformación social pero también como práctica conciente y activa de diálogo y elaboración de consensos.

Ni la unión nacional, ni la regeneración de nuestras capacidades productivas para un desarrollo sustentable, ni la modernización y mejoramiento de nuestras instituciones políticas ni la construcción de una democracia de mejor calidad y con mejores resultados, son objetivos que podrán alcanzarse corriendo de manera frívola detrás de los vientos de época o de la voluntad de los poderosos. No son tampoco tareas que podrá alcanzar un presidente, o un gobierno o un partido por sí solos, menos aún desconociendo o soslayando la necesidad de construir un sistema político fuerte, con partidos políticos y fuerzas genuinamente representativas. Son objetivos que precisan del concurso de las fuerzas políticas y los partidos más representativos de la opinión y los intereses de nuestra sociedad y se equivocarán severamente quienes supongan que se puede salir de la crisis de la política desprestigiando a la política.

Hace treinta años, don Ricardo Balbín venía a despedir a quien había sido su adversario histórico -y en quien, así lo confesaba, había encontrado finalmente un amigo-. En aquel histórico discurso estaba cifrada la clave del legado que Perón buscaba dejar para los tiempos, esta ambición nacional del encuentro definitivo, en una conciencia nueva, que nos pusiera a todos en la tarea desinteresada de servir la causa común de los argentinos. Treinta años después, observando el camino y las distancias recorridas, podemos decir que estamos -que seguimos estando- en el mismo empeño, en la misma búsqueda del encuentro de las realizaciones de la conivencia en la discrepancia útil, pero todos enarbolando con fuerza y con vigor el sentido profundo de una Argentina postergada.
1974- 1ºdeJulio-2004
Juan Domingo Perón, la lucha por los derechos de los argentinos, la búsqueda de la unión nacional, el diálogo y la república democrática


Rendimos homenaje hoy, en este templo de la democracia argentina, al ex presidente y a uno de los líderes políticos más importantes y más controvertidos del siglo XX, en torno de quien giró la atribulada historia contemporánea de nuestro país, con sus grandes realizaciones y también, con sus grandes frustraciones.

Al hacerlo, al recordar su actuación y su legado -sin la pasión militante de quienes fueron sus partidarios y de quienes fuimos sus adversarios, pero con el compromiso apasionado, sí, de quienes compartimos una misma convicción patriótica-, evocamos y asumimos aquellos encuentros y desencuentros, como una etapa superada en el camino de la lucha por los derechos políticos sociales y económicos, y también por el pluralismo y la tolerancia política en la Argentina. En el camino, que seguimos hoy recorriendo, por construir una nación.

La Argentina, como sabemos, nació a la vida moderna, como Nación organizada, con una estructura jurídica republicana, una forma republicana de gobierno, una tradición republicana que se forjó desde las luchas por nuestra emancipación contra el absolutismo monárquico y sus defensores vernáculos.

Tenemos, también, una sociedad que emergió consustanciada con la vida democrática desde el momento en que se amasó con los más diversos ingredientes, orígenes y procedencias; que fue democrática en sus luchas contra los privilegios oligárquicos y los yugos semifeudales, que cultivó la democracia en sus distintas búsquedas políticas para alcanzar y defender aquellos dos valores que la definen: la libertad y la igualdad. Sin embargo, durante gran parte de su historia, la Argentina apenas si pudo ver esa democracia funcionando en plenitud, en sus instituciones políticas y en el Estado.

Tuvimos un siglo de avances y retrocesos en el camino por mantener y defender la república, y por conquistar y hacer vigente la democracia. Pero la gran tragedia nacional fue que una y otra tarea esenciales para construir un país serio, la lucha por la república y la lucha por la democracia, fueron por caminos separados y hasta, por momentos, contrapuestos.

Aquellos que lucharon por la república, por la defensa de las leyes, por la vigencia del orden jurídico, muchas veces se olvidaron de las luchas por los derechos de todos, de los movimientos populares, de los clamores contra las injusticias. Llegaron incluso a cerrar las compuertas al advenimiento de las nuevas demandas y fuerzas sociales que venían a reclamar por esos derechos, por la igualdad de oportunidades, por la plenitud de la ciudadanía.

Aquellos que lucharon por los derechos sociales y por ese ideal de igualdad, muchas veces soslayaron o menospreciaron la importancia del imperio de la ley, de la división de poderes, la existencia de una Constitución que tuviera vigencia para todos y que nadie pudiera arrogarse como exclusivo intérprete y guardián. Así fue, también, cuando los tribunales funcionaban para proteger a los poderosos en lugar de defender los derechos de los más desprotegidos, cuando las leyes encubrían el fraude y cuando la proscripción impedía entender que la lucha por la Constitución era la lucha por la libertad y que no habría jamás igualdad verdadera sin afianzar las libertades y promover las expresiones plurales de la sociedad.

La historia argentina de gran parte del siglo XX ha sido, así, la de un país cuyas relaciones políticas no han estado sujetas a un pacto de convivencia. Las múltiples luchas que precedieron el acceso al gobierno del radicalismo, la violenta restauración conservadora del 30, la irrupción del peronismo como fórmula frontalmente opuesta a las expresiones políticas preexistentes, y la posterior revancha antiperonista, constituyeron sucesivas manifestaciones de una misma indisponibilidad para convivir en un marco globalmente compartido de normas, valores, instituciones y prácticas.

El camino de la república y el camino de la democracia fueron andando, de este modo, a lo largo de décadas, por senderos paralelos, ajenos y hasta absurdamente hostiles. Ello hizo que peleáramos de un lado y del otro del campo popular, por buenas y por malas razones, enfrentando circunstancialmente a nuestros adversarios por aquello que entendíamos configuraban graves deformaciones y atropellos que los hubo- sin lograr rescatar la genuina expresión de cambio y avance que contenían en su seno. Del mismo modo que vimos y sufrimos de qué manera se justificaron posiciones antidemocráticas y autoritarias invocando una representación popular que clausuraba el espacio del pluralismo, la deliberación, la crítica y la disidencia.

Entremedio floreció la ajuricidad, el desprecio por la legalidad, el autoritarismo (y también el machismo), el populismo caudillista y conservador, la militarización de la política y, finalmente, el militarismo dictatorial que destruyó a la política y acabó en el horror que vivimos durante la última dictadura y del que salimos luego de la guerra de las Malvinas.

Sin embargo, siempre existió un núcleo de ideas y valores compartidos en el interior de cada una de las grandes corrientes políticas. Cuestiones y objetivos como la participación ciudadana, la justicia social, el desarrollo integrado, la promoción del federalismo, la independencia económica y la autodeterminación nacional, la apertura al mundo y la integración con América latina, la lucha contra la marginalidad y por la igualdad efectiva del derecho de todos los hombres y mujeres a acceder a una vida digna, han atravesado -y atraviesan aún- las voluntades renovadoras de millones de argentinos en lo político, en lo económico y en lo cultural.

Estas son las líneas que marcan nuestra vocación de progreso histórico como comunidad, enfrentadas siempre con aquellas otras que se beneficiaron y se benefician con la existencia de grandes desigualdades e injusticias, o que las aceptan y justifican como un dato de la naturaleza. Pero esas líneas, que en otros países convergieron en movimientos políticos afines o adversarios, pero que se reconocen al fin como parte de una misma comunidad política pluralista, no encontraron entre nosotros traducciones eficaces y complementarias y quedaron prisioneras de las disputas facciosas, fomentando falsas antinomias. Aquellas trincheras ideológicas y culturales cavaron fosas tanto en el seno de las fuerzas políticas más representativas como en el de los movimientos sociales.

Pese a todo, hubo hitos que demarcaron un camino superador. Tal es el caso de las luchas por el sufragio universal de la cuales fue el radicalismo una fuerza impulsora principal. Tal fue el caso de las corrientes del sindicalismo que plantearon y lograron el reconocmiento y la ampliación de los derechos ciudadanos y de los trabajadores. Tal fue el caso del movimiento reformista universitario, que impulsó y alcanzó la educación pública superior como herramienta de emancipación a través del conocimiento científico y de la cultura. Tal fue el caso, también, del movimiento feminista, que luchó desde muy temprano por los derechos de las mujeres, y que se nutrió de mujeres legendarias y valerosas de distintas convicciones políticas y trayectorias profesionales e intelectuales como Alicia Moreau de Justo, las hermanas Fenia y Mariana Chertkoff, Sara Justo, Julieta Lanteri, Elvira Rawson de Dellepiane y Victoria Ocampo.

La prédica y el esfuerzo de Eva Perón contribuyó decisivamente al reconocimiento del voto femenino impulsado por el justicialismo y aprobado en 1947 con el acompañamiento de un vasto sector de la sociedad y el voto favorable del radicalismo y el resto de la oposición en el Congreso. En ese hito quedó de manifiesto una voluntad y un consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias y progresistas como rara vez se había visto hasta entonces. Para el radicalismo, la sanción de esa ley significaba completar la lucha que había dado orígen a su propia existencia como fuerza política: la lucha por el sufragio universal, que había sido solo parcialmente aprobada en 1912, con la Ley Sáenz Peña.

Sin embargo, todos sabemos que durante la segunda mitad del siglo pasado, las proscripciones y persecusiones siguieron y las antinomias y antagonismos no dieron paso a un movimiento superador sino a nuevas antinomias y antagonismos. Y tuvimos que seguir peleando contra las dictaduras y por el derecho del voto durante las siguientes décadas.

En este rápido repaso de nuestros derroteros históricos puede apreciarse el lugar central que tiene la cuestión de la transformación de nuestra cultura política; aquello que suele llamarse la dimensión subjetiva de la democracia. Y sabemos que el esfuerzo por crear bases estables y predisposiciones arraigadas para la convivencia democrática pasa necesariamente por superar las deformaciones asentadas en la mentalidad colectiva de nuestro país, y sobre todo de nuestra dirigencia, como herencia de un pasado signado por los desencuentros y frustraciones, y por el autoritarismo.

En efecto: la intolerancia, la violencia, el maniqueísmo, la compartimentación de la sociedad, la concepción del orden como imposición y del conflicto como perturbación antinatural del orden, la indisponibilidad para el diálogo, la negociación, el acuerdo o el compromiso, han sido maneras de ser y de pensar que echaron raíces a lo largo de generaciones en nuestra historia.

Toda nación, lo sabemos, es el resultado de un proceso histórico integrador de grupos inicialmente desarticulados. Detrás de cada unidad nacional hay un gran proyecto capaz de asociar en la construcción de un futuro común a fuerzas étnicas, religiosas, culturales, lingüísticas o socialmente diferenciadas entre sí. Nuestro país logró hacerlo en el terreno social y acuñó un sueño argentino vinculado a este mandato progresista del Preámbulo de nuestra Constitución. Pero vió truncado recurrentemente dicho proceso integrador en el plano de político.

De este modo nuestra historia, más que la de un proceso unificador, fue la de una dicotomía cristalizada que se fue manteniendo igual a sí misma bajo sucesivas variaciones de denominación, consistencia social, intensidad e ideología. Allí estuvieron, como expresiones de esta división los enfrentamientos entre unitarios y federales, entre la causa yrigoyenista y el régimen oligárquico, entre el conservadorismo restaurado en 1930 y el radicalismo proscripto, entre el peronismo y el antiperonismo.

Bajo signos cambiantes, el país permanecía invariablemente dividido en compartimentos estancos, que en mayor o menor medida se concebían a sí mismos como representaciones o encarnaciones del todo nacional o de mayorías naturales, con exclusión de los demás. La Argentina no era una gran patria común sino una conflictiva yuxtaposición de una patria y una anti-patria, una nación y una anti-nación.

Como unidad política y territorial, la nación se asentaba en el precario dominio de un grupo sobre los demás y no en una deseada articulación de todos en un sistema de convivencia. Con el desarrollo económico, el país fue creciendo en complejidad, generando en su sociedad una progresiva diferenciación interna entre grupos políticos, corporativos y sectoriales, todos los cuales, a pesar de que se había conformado una estructura social en la que la movilidad ascendente y las oportunidades de progreso estaban relativamente extendidas, se vieron impregnados por aquella vieja mentalidad.

La Argentina ingresó así a la segunda mitad del siglo XX con partidos compartimentados, organizaciones sindicales compartimentadas, asociaciones empresarias compartimentadas, fuerzas armadas compartimentadas, unidades culturalmente dispersas que sólo ocasionalmente se asociaban en parcialidades mayores, también excluyentes entre sí, pero nunca en esquemas de convivencia global. En estos procesos de asociación, lo que se unía nunca era el país sino un conglomerado interno que sólo lograba afirmar su propia unidad en la visualización del resto del país, o de alguna de sus partes, como enemiga.

Esta matríz cultural tuvo sus inevitables derivaciones en nuestra acción colectiva. De ella emanaron:

-El autoritarismo como forma natural de relación entre grupos que no concebían otro modo de coexistir que el de la imposición de unos sobre otros.

-La ajuricidad y la propensión a la acción directa, como forma natural de interacción entre grupos de poder, que no reconocían la existencia de espacios normativos, axiológicos o de finalidades comunes.

-La intolerancia como producto de una percepción también compartimentada de los valores. Cada grupo vivía bajo una constelación de valores percibida como una exclusividad propia e irreconocible en los demás.

-La ineptitud para la negociación, el acuerdo, el compromiso. En una sociedad maniquea, cada grupo asigna un carácter absoluto a sus propios objetivos y no puede considerar satisfactorio para sí un destino plasmado en la concesión, la conciliación negociada de los propios intereses con los de los otros grupos.

La Argentina fue un país donde la intransigencia, más allá de la necesaria para preservar principios, era considerada una virtud en sí misma, confundida con la negativa cerril; donde la expresión no transarse multiplicó en lemas de los más variados signos y donde la negociación y el compromiso, eran considerados una traición o una claudicación indecorosa.

-La concepción del orden como imposición y del conflicto como desorden. En una sociedad culturalmente desarticulada, que no reconoce la existencia de espacios normativos comunes entre sus grupos componentes, el orden sólo resulta concebible como producto de una acción coercitiva y por lo tanto básicamente represiva- del grupo dominante. A la luz de esta concepción, las situaciones de conflicto eran vistas como una quiebra antinatural e indeseable del orden, como algo que debía ser suprimido.

De más está decir que todas estas propensiones y actitudes compusieron cabalmente un cuadro poco receptivo para la democracia. De ahí también que la precedente debilidad de la democracia en la Argentina, y la precariedad y la fugacidad de los esfuerzos desplegados en el pasado para consolidarla, radicaron menos en sus instituciones fundamentales que en nuestro modo subjetivo de asumirlas.

Se daba por sentado que las expectativas naturales de todos o de la inmensa mayoría de los argentinos eran democráticas y que si resultaban frustradas por el devenir histórico concreto del país, era porque factores invariablemente exógenos o ajenos imponían por la fuerza soluciones antidemocráticas. Luchar por la democracia era, así, luchar contra otros. El enemigo estaba afuera y nunca dentro de nosotros.

Por eso es que consideramos el tiempo fundacional iniciado en 1983 como un tiempo de construcción más que de restauración; como una verdadera revolución democrática, en el sentido que le da Hannah Arendt a la idea de revolución, como edificadora de las instituciones de la libertad. Su novedad histórica, luego de la más trágica de las experiencias dictatoriales, estaba basada en entender que defender y consolidar la democracia significaba luchar no sólo frente a fuerzas antidemocráticas objetivas, sino también contra las deformaciones culturales generadoras de aquella difundida disponibilidad subjetiva que les había servido siempre de base de sustentación.


La plena vigencia del Estado de Derecho y la puesta en funcionamiento de las instituciones democráticas tenía por lo tanto dos presupuestos. Por un lado, la existencia de reglas de juego compartidas y respetadas por todos, empezando por los dirigentes y mandatarios del pueblo. Por otro lado, la existencia de actores y sujetos democráticos; esto es, de una sociedad que fuera haciendo suyos los valores éticos y políticos de la democracia: legitimidad del disenso, pluralismo como principio y como método, aceptación de las reglas básicas de la convivencia social, respeto de las diferencias, reconocimiento de los derechos humanos y de las llamadas libertades positivas.

En ese sentido, existe una progresión histórica abarcadora, algunos de cuyos momentos principales nos permiten entender retrospectivamente la tarea que se debe desarrollar en pos de un cambio institucional y cultural de la política argentina. Algo que podríamos definir, parafraseando a Montesquieu, como un nuevo espíritu de las leyes, implícito entonces durante mi gobierno, con la búsqueda de un pacto democrático fundamental, acompañado de un programa de reformas estructurales que deberían necesariamente incluir una reforma constitucional.

Durante aquellos años existieron varios acuerdos y pactos; en algunos casos para cerrar el paso de las regresiones autoritarias; en otros casos, como expresión de una voluntad de las distintas fuerzas políticas y sectores sociales de avanzar sin retrocesos hacia esos cambios estructurales. Luego vendría el primer acuerdo firmado en 1988 entre el radicalismo y el justicialismo, con el concurso de otras fuerzas políticas, para concretar aquella reforma de nuestra Carta Magna que impulsaba una modernización de nuestro sistema político. Podemos inscribir también en esa línea algunos trascendentes fallos de la Corte Suprema de aquel entonces, referidos a las libertades civiles y los derechos humanos.

Atravesamos la primera alternancia en medio de la más grave de las crisis económicas y estatales y vimos luego como se instalaba, montado en aquella crisis, un proyecto y un modelo neoconservador de gran envergadura y ambiciones refundacionales. Ello llevó a una costosa y ficticia estabilización de nuestra economía y a la imposición de un modelo socioeconómico regresivo y aberrante, que ocasionó las dolorosas secuelas que seguimos pagando, y un forzamiento del Estado de Derecho a límites peligrosos. Sin embargo, la confrontación entre aspiraciones y modelos de régimen político contrapuestos que logramos llevar adelante, pudo evitar una crisis de legitimidad grave que podría habernos llevado a una regresión irreparable.

Arribamos entonces a la reforma constitucional de 1994, como pacto nacional fundamental que buscó colocar a nuestra Carta Magna a la altura de los tiempos. Esto suponía además el apartamiento de un modelo decisionista que constituyó una deformación del régimen político hiperpresidencialista, en el que la discusión y el conflicto fueron considerados disfunciones y obstáculos para la toma de decisiones y una aproximación a un modelo deliberativo de democracia, capaz de incorporar el disenso y el debate como atributos, y a la participación -y el compromiso con los resultados de dicha participación-, como requisito de la decisión justa y de su implementación satisfactoria.

De este modo, a mi entender, se sentaron las bases de un Estado legítimo, cuyo atributo radica en el hecho de constituir una organización e institucionalización de la discusión pública y de la construcción del consenso; más confiable que cualquier otra para acceder a las mejores soluciones. Las exigencias de este ideal democrático se satisfacen en la medida en que el procedimiento se aproxime lo más posible a una discusión y decisión racional, mayor cantidad de intereses estén representados en igualdad de condiciones, más libres sean sus participantes para expresar y fundamentar sus posiciones, más se esfuercen las partes en justificar tales posiciones en principios generales, más directa sea la toma de decisiones y más amplio sea el consenso que se forme como resultado del proceso deliberativo y de la discusión pública.

En 1983 comienza la construcción de una democracia plena y con ella, el inicio de un camino de búsqueda de la unión nacional. Fue ese precísamente el legado que nos habían dejado, diez años antes, Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín, sumergios entonces en la vorágine que terminaría pulverizando aquella voluntad en el despeñadero de la violencia y el terror.

Tuvimos dos décadas ininterrumpidas de colocar los cimientos de una República democrática. Y supimos salvar esos cimientos aún en el marco de hiperinflaciones, políticas desastrosas, hipercorrupción, dilapidación y entrega de nuestras riquezas y traumáticos cambios de gobierno.

Tuvimos continuidad institucional y se afianzaron muchas cosas, afortunadamente, en el país. Mientras tanto, en tantos otros órdenes igualmente importantes se perdieron, malgastaron y dilapidaron oportunidades, recursos y esperanzas. Por eso es que edificar la República democrática en nuestra tierra, y en todo nuestro territorio en cada pueblo, en cada ciudad, en cada provincia y en cada región- sigue siendo la gran tarea que unifica a hombres y mujeres con distintas ideas, a las fuerzas políticas y los partidos que recogen aquellas genuinas y valederas herencias y tradiciones del siglo pasado. Recogiendo aquella rica experiencia histórica, con la memoria de los encuentros y desencuentros que dividieron a quienes deberían haber estado en tantas ocasiones del mismo lado, podremos finalmente alcanzar un sistema político y una vida cívica que estén a la altura de lo que la Argentina se merece luego de tantos esfuerzos, de tantos errores y desaciertos, de tantas frustraciones.

Parece mentira que a esta altura de los tiempos recordemos aquellas ideas de hace más de un siglo y descubramos que siguen significando hoy un mandato y un programa progresista para el país. Pero así están las cosas: en 1983 fue el preámbulo de nuestra Constitución y el compromiso con la defensa de los Derechos Humanos. En la década del 40 del siglo pasado fue aquella lucha por alcanzar la igualdad de derechos, la justicia social y el desarrollo económico. Hoy es la defensa de la república democrática, de la política como herramienta de inclusión y transformación social pero también como práctica conciente y activa de diálogo y elaboración de consensos.

Ni la unión nacional, ni la regeneración de nuestras capacidades productivas para un desarrollo sustentable, ni la modernización y mejoramiento de nuestras instituciones políticas ni la construcción de una democracia de mejor calidad y con mejores resultados, son objetivos que podrán alcanzarse corriendo de manera frívola detrás de los vientos de época o de la voluntad de los poderosos. No son tampoco tareas que podrá alcanzar un presidente, o un gobierno o un partido por sí solos, menos aún desconociendo o soslayando la necesidad de construir un sistema político fuerte, con partidos políticos y fuerzas genuinamente representativas. Son objetivos que precisan del concurso de las fuerzas políticas y los partidos más representativos de la opinión y los intereses de nuestra sociedad y se equivocarán severamente quienes supongan que se puede salir de la crisis de la política desprestigiando a la política.

Hace treinta años, don Ricardo Balbín venía a despedir a quien había sido su adversario histórico -y en quien, así lo confesaba, había encontrado finalmente un amigo-. En aquel histórico discurso estaba cifrada la clave del legado que Perón buscaba dejar para los tiempos, esta ambición nacional del encuentro definitivo, en una conciencia nueva, que nos pusiera a todos en la tarea desinteresada de servir la causa común de los argentinos. Treinta años después, observando el camino y las distancias recorridas, podemos decir que estamos -que seguimos estando- en el mismo empeño, en la misma búsqueda del encuentro de las realizaciones de la conivencia en la discrepancia útil, pero todos enarbolando con fuerza y con vigor el sentido profundo de una Argentina postergada.














DISCURSO DE RAUL ALFONSIN EN EL HOMENAJE A JUAN PERÓN

1974- 1ºdeJulio-2004
Juan Domingo Perón, la lucha por los derechos de los argentinos, la búsqueda de la unión nacional, el diálogo y la república democrática

Rendimos homenaje hoy, en este templo de la democracia argentina, al ex presidente y a uno de los líderes políticos más importantes y más controvertidos del siglo XX, en torno de quien giró la atribulada historia contemporánea de nuestro país, con sus grandes realizaciones y también, con sus grandes frustraciones.

Al hacerlo, al recordar su actuación y su legado -sin la pasión militante de quienes fueron sus partidarios y de quienes fuimos sus adversarios, pero con el compromiso apasionado, sí, de quienes compartimos una misma convicción patriótica-, evocamos y asumimos aquellos encuentros y desencuentros, como una etapa superada en el camino de la lucha por los derechos políticos sociales y económicos, y también por el pluralismo y la tolerancia política en la Argentina. En el camino, que seguimos hoy recorriendo, por construir una nación.

La Argentina, como sabemos, nació a la vida moderna, como Nación organizada, con una estructura jurídica republicana, una forma republicana de gobierno, una tradición republicana que se forjó desde las luchas por nuestra emancipación contra el absolutismo monárquico y sus defensores vernáculos.

Tenemos, también, una sociedad que emergió consustanciada con la vida democrática desde el momento en que se amasó con los más diversos ingredientes, orígenes y procedencias; que fue democrática en sus luchas contra los privilegios oligárquicos y los yugos semifeudales, que cultivó la democracia en sus distintas búsquedas políticas para alcanzar y defender aquellos dos valores que la definen: la libertad y la igualdad. Sin embargo, durante gran parte de su historia, la Argentina apenas si pudo ver esa democracia funcionando en plenitud, en sus instituciones políticas y en el Estado.

Tuvimos un siglo de avances y retrocesos en el camino por mantener y defender la república, y por conquistar y hacer vigente la democracia. Pero la gran tragedia nacional fue que una y otra tarea esenciales para construir un país serio, la lucha por la república y la lucha por la democracia, fueron por caminos separados y hasta, por momentos, contrapuestos.

Aquellos que lucharon por la república, por la defensa de las leyes, por la vigencia del orden jurídico, muchas veces se olvidaron de las luchas por los derechos de todos, de los movimientos populares, de los clamores contra las injusticias. Llegaron incluso a cerrar las compuertas al advenimiento de las nuevas demandas y fuerzas sociales que venían a reclamar por esos derechos, por la igualdad de oportunidades, por la plenitud de la ciudadanía.

Aquellos que lucharon por los derechos sociales y por ese ideal de igualdad, muchas veces soslayaron o menospreciaron la importancia del imperio de la ley, de la división de poderes, la existencia de una Constitución que tuviera vigencia para todos y que nadie pudiera arrogarse como exclusivo intérprete y guardián. Así fue, también, cuando los tribunales funcionaban para proteger a los poderosos en lugar de defender los derechos de los más desprotegidos, cuando las leyes encubrían el fraude y cuando la proscripción impedía entender que la lucha por la Constitución era la lucha por la libertad y que no habría jamás igualdad verdadera sin afianzar las libertades y promover las expresiones plurales de la sociedad.

La historia argentina de gran parte del siglo XX ha sido, así, la de un país cuyas relaciones políticas no han estado sujetas a un pacto de convivencia. Las múltiples luchas que precedieron el acceso al gobierno del radicalismo, la violenta restauración conservadora del 30, la irrupción del peronismo como fórmula frontalmente opuesta a las expresiones políticas preexistentes, y la posterior revancha antiperonista, constituyeron sucesivas manifestaciones de una misma indisponibilidad para convivir en un marco globalmente compartido de normas, valores, instituciones y prácticas.

El camino de la república y el camino de la democracia fueron andando, de este modo, a lo largo de décadas, por senderos paralelos, ajenos y hasta absurdamente hostiles. Ello hizo que peleáramos de un lado y del otro del campo popular, por buenas y por malas razones, enfrentando circunstancialmente a nuestros adversarios por aquello que entendíamos configuraban graves deformaciones y atropellos que los hubo- sin lograr rescatar la genuina expresión de cambio y avance que contenían en su seno. Del mismo modo que vimos y sufrimos de qué manera se justificaron posiciones antidemocráticas y autoritarias invocando una representación popular que clausuraba el espacio del pluralismo, la deliberación, la crítica y la disidencia.

Entremedio floreció la ajuricidad, el desprecio por la legalidad, el autoritarismo (y también el machismo), el populismo caudillista y conservador, la militarización de la política y, finalmente, el militarismo dictatorial que destruyó a la política y acabó en el horror que vivimos durante la última dictadura y del que salimos luego de la guerra de las Malvinas.

Sin embargo, siempre existió un núcleo de ideas y valores compartidos en el interior de cada una de las grandes corrientes políticas. Cuestiones y objetivos como la participación ciudadana, la justicia social, el desarrollo integrado, la promoción del federalismo, la independencia económica y la autodeterminación nacional, la apertura al mundo y la integración con América latina, la lucha contra la marginalidad y por la igualdad efectiva del derecho de todos los hombres y mujeres a acceder a una vida digna, han atravesado -y atraviesan aún- las voluntades renovadoras de millones de argentinos en lo político, en lo económico y en lo cultural.

Estas son las líneas que marcan nuestra vocación de progreso histórico como comunidad, enfrentadas siempre con aquellas otras que se beneficiaron y se benefician con la existencia de grandes desigualdades e injusticias, o que las aceptan y justifican como un dato de la naturaleza. Pero esas líneas, que en otros países convergieron en movimientos políticos afines o adversarios, pero que se reconocen al fin como parte de una misma comunidad política pluralista, no encontraron entre nosotros traducciones eficaces y complementarias y quedaron prisioneras de las disputas facciosas, fomentando falsas antinomias. Aquellas trincheras ideológicas y culturales cavaron fosas tanto en el seno de las fuerzas políticas más representativas como en el de los movimientos sociales.

Pese a todo, hubo hitos que demarcaron un camino superador. Tal es el caso de las luchas por el sufragio universal de la cuales fue el radicalismo una fuerza impulsora principal. Tal fue el caso de las corrientes del sindicalismo que plantearon y lograron el reconocmiento y la ampliación de los derechos ciudadanos y de los trabajadores. Tal fue el caso del movimiento reformista universitario, que impulsó y alcanzó la educación pública superior como herramienta de emancipación a través del conocimiento científico y de la cultura. Tal fue el caso, también, del movimiento feminista, que luchó desde muy temprano por los derechos de las mujeres, y que se nutrió de mujeres legendarias y valerosas de distintas convicciones políticas y trayectorias profesionales e intelectuales como Alicia Moreau de Justo, las hermanas Fenia y Mariana Chertkoff, Sara Justo, Julieta Lanteri, Elvira Rawson de Dellepiane y Victoria Ocampo.

La prédica y el esfuerzo de Eva Perón contribuyó decisivamente al reconocimiento del voto femenino impulsado por el justicialismo y aprobado en 1947 con el acompañamiento de un vasto sector de la sociedad y el voto favorable del radicalismo y el resto de la oposición en el Congreso. En ese hito quedó de manifiesto una voluntad y un consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias y progresistas como rara vez se había visto hasta entonces. Para el radicalismo, la sanción de esa ley significaba completar la lucha que había dado orígen a su propia existencia como fuerza política: la lucha por el sufragio universal, que había sido solo parcialmente aprobada en 1912, con la Ley Sáenz Peña.

Sin embargo, todos sabemos que durante la segunda mitad del siglo pasado, las proscripciones y persecusiones siguieron y las antinomias y antagonismos no dieron paso a un movimiento superador sino a nuevas antinomias y antagonismos. Y tuvimos que seguir peleando contra las dictaduras y por el derecho del voto durante las siguientes décadas.

En este rápido repaso de nuestros derroteros históricos puede apreciarse el lugar central que tiene la cuestión de la transformación de nuestra cultura política; aquello que suele llamarse la dimensión subjetiva de la democracia. Y sabemos que el esfuerzo por crear bases estables y predisposiciones arraigadas para la convivencia democrática pasa necesariamente por superar las deformaciones asentadas en la mentalidad colectiva de nuestro país, y sobre todo de nuestra dirigencia, como herencia de un pasado signado por los desencuentros y frustraciones, y por el autoritarismo.

En efecto: la intolerancia, la violencia, el maniqueísmo, la compartimentación de la sociedad, la concepción del orden como imposición y del conflicto como perturbación antinatural del orden, la indisponibilidad para el diálogo, la negociación, el acuerdo o el compromiso, han sido maneras de ser y de pensar que echaron raíces a lo largo de generaciones en nuestra historia.

Toda nación, lo sabemos, es el resultado de un proceso histórico integrador de grupos inicialmente desarticulados. Detrás de cada unidad nacional hay un gran proyecto capaz de asociar en la construcción de un futuro común a fuerzas étnicas, religiosas, culturales, lingüísticas o socialmente diferenciadas entre sí. Nuestro país logró hacerlo en el terreno social y acuñó un sueño argentino vinculado a este mandato progresista del Preámbulo de nuestra Constitución. Pero vió truncado recurrentemente dicho proceso integrador en el plano de político.

De este modo nuestra historia, más que la de un proceso unificador, fue la de una dicotomía cristalizada que se fue manteniendo igual a sí misma bajo sucesivas variaciones de denominación, consistencia social, intensidad e ideología. Allí estuvieron, como expresiones de esta división los enfrentamientos entre unitarios y federales, entre la causa yrigoyenista y el régimen oligárquico, entre el conservadorismo restaurado en 1930 y el radicalismo proscripto, entre el peronismo y el antiperonismo.

Bajo signos cambiantes, el país permanecía invariablemente dividido en compartimentos estancos, que en mayor o menor medida se concebían a sí mismos como representaciones o encarnaciones del todo nacional o de mayorías naturales, con exclusión de los demás. La Argentina no era una gran patria común sino una conflictiva yuxtaposición de una patria y una anti-patria, una nación y una anti-nación.

Como unidad política y territorial, la nación se asentaba en el precario dominio de un grupo sobre los demás y no en una deseada articulación de todos en un sistema de convivencia. Con el desarrollo económico, el país fue creciendo en complejidad, generando en su sociedad una progresiva diferenciación interna entre grupos políticos, corporativos y sectoriales, todos los cuales, a pesar de que se había conformado una estructura social en la que la movilidad ascendente y las oportunidades de progreso estaban relativamente extendidas, se vieron impregnados por aquella vieja mentalidad.

La Argentina ingresó así a la segunda mitad del siglo XX con partidos compartimentados, organizaciones sindicales compartimentadas, asociaciones empresarias compartimentadas, fuerzas armadas compartimentadas, unidades culturalmente dispersas que sólo ocasionalmente se asociaban en parcialidades mayores, también excluyentes entre sí, pero nunca en esquemas de convivencia global. En estos procesos de asociación, lo que se unía nunca era el país sino un conglomerado interno que sólo lograba afirmar su propia unidad en la visualización del resto del país, o de alguna de sus partes, como enemiga.

Esta matríz cultural tuvo sus inevitables derivaciones en nuestra acción colectiva. De ella emanaron:

-El autoritarismo como forma natural de relación entre grupos que no concebían otro modo de coexistir que el de la imposición de unos sobre otros.

-La ajuricidad y la propensión a la acción directa, como forma natural de interacción entre grupos de poder, que no reconocían la existencia de espacios normativos, axiológicos o de finalidades comunes.

-La intolerancia como producto de una percepción también compartimentada de los valores. Cada grupo vivía bajo una constelación de valores percibida como una exclusividad propia e irreconocible en los demás.

-La ineptitud para la negociación, el acuerdo, el compromiso. En una sociedad maniquea, cada grupo asigna un carácter absoluto a sus propios objetivos y no puede considerar satisfactorio para sí un destino plasmado en la concesión, la conciliación negociada de los propios intereses con los de los otros grupos.

La Argentina fue un país donde la intransigencia, más allá de la necesaria para preservar principios, era considerada una virtud en sí misma, confundida con la negativa cerril; donde la expresión no transarse multiplicó en lemas de los más variados signos y donde la negociación y el compromiso, eran considerados una traición o una claudicación indecorosa.

-La concepción del orden como imposición y del conflicto como desorden. En una sociedad culturalmente desarticulada, que no reconoce la existencia de espacios normativos comunes entre sus grupos componentes, el orden sólo resulta concebible como producto de una acción coercitiva y por lo tanto básicamente represiva- del grupo dominante. A la luz de esta concepción, las situaciones de conflicto eran vistas como una quiebra antinatural e indeseable del orden, como algo que debía ser suprimido.

De más está decir que todas estas propensiones y actitudes compusieron cabalmente un cuadro poco receptivo para la democracia. De ahí también que la precedente debilidad de la democracia en la Argentina, y la precariedad y la fugacidad de los esfuerzos desplegados en el pasado para consolidarla, radicaron menos en sus instituciones fundamentales que en nuestro modo subjetivo de asumirlas.

Se daba por sentado que las expectativas naturales de todos o de la inmensa mayoría de los argentinos eran democráticas y que si resultaban frustradas por el devenir histórico concreto del país, era porque factores invariablemente exógenos o ajenos imponían por la fuerza soluciones antidemocráticas. Luchar por la democracia era, así, luchar contra otros. El enemigo estaba afuera y nunca dentro de nosotros.

Por eso es que consideramos el tiempo fundacional iniciado en 1983 como un tiempo de construcción más que de restauración; como una verdadera revolución democrática, en el sentido que le da Hannah Arendt a la idea de revolución, como edificadora de las instituciones de la libertad. Su novedad histórica, luego de la más trágica de las experiencias dictatoriales, estaba basada en entender que defender y consolidar la democracia significaba luchar no sólo frente a fuerzas antidemocráticas objetivas, sino también contra las deformaciones culturales generadoras de aquella difundida disponibilidad subjetiva que les había servido siempre de base de sustentación.

La plena vigencia del Estado de Derecho y la puesta en funcionamiento de las instituciones democráticas tenía por lo tanto dos presupuestos. Por un lado, la existencia de reglas de juego compartidas y respetadas por todos, empezando por los dirigentes y mandatarios del pueblo. Por otro lado, la existencia de actores y sujetos democráticos; esto es, de una sociedad que fuera haciendo suyos los valores éticos y políticos de la democracia: legitimidad del disenso, pluralismo como principio y como método, aceptación de las reglas básicas de la convivencia social, respeto de las diferencias, reconocimiento de los derechos humanos y de las llamadas libertades positivas.

En ese sentido, existe una progresión histórica abarcadora, algunos de cuyos momentos principales nos permiten entender retrospectivamente la tarea que se debe desarrollar en pos de un cambio institucional y cultural de la política argentina. Algo que podríamos definir, parafraseando a Montesquieu, como un nuevo espíritu de las leyes, implícito entonces durante mi gobierno, con la búsqueda de un pacto democrático fundamental, acompañado de un programa de reformas estructurales que deberían necesariamente incluir una reforma constitucional.

Durante aquellos años existieron varios acuerdos y pactos; en algunos casos para cerrar el paso de las regresiones autoritarias; en otros casos, como expresión de una voluntad de las distintas fuerzas políticas y sectores sociales de avanzar sin retrocesos hacia esos cambios estructurales. Luego vendría el primer acuerdo firmado en 1988 entre el radicalismo y el justicialismo, con el concurso de otras fuerzas políticas, para concretar aquella reforma de nuestra Carta Magna que impulsaba una modernización de nuestro sistema político. Podemos inscribir también en esa línea algunos trascendentes fallos de la Corte Suprema de aquel entonces, referidos a las libertades civiles y los derechos humanos.

Atravesamos la primera alternancia en medio de la más grave de las crisis económicas y estatales y vimos luego como se instalaba, montado en aquella crisis, un proyecto y un modelo neoconservador de gran envergadura y ambiciones refundacionales. Ello llevó a una costosa y ficticia estabilización de nuestra economía y a la imposición de un modelo socioeconómico regresivo y aberrante, que ocasionó las dolorosas secuelas que seguimos pagando, y un forzamiento del Estado de Derecho a límites peligrosos. Sin embargo, la confrontación entre aspiraciones y modelos de régimen político contrapuestos que logramos llevar adelante, pudo evitar una crisis de legitimidad grave que podría habernos llevado a una regresión irreparable.

Arribamos entonces a la reforma constitucional de 1994, como pacto nacional fundamental que buscó colocar a nuestra Carta Magna a la altura de los tiempos. Esto suponía además el apartamiento de un modelo decisionista que constituyó una deformación del régimen político hiperpresidencialista, en el que la discusión y el conflicto fueron considerados disfunciones y obstáculos para la toma de decisiones y una aproximación a un modelo deliberativo de democracia, capaz de incorporar el disenso y el debate como atributos, y a la participación -y el compromiso con los resultados de dicha participación-, como requisito de la decisión justa y de su implementación satisfactoria.

De este modo, a mi entender, se sentaron las bases de un Estado legítimo, cuyo atributo radica en el hecho de constituir una organización e institucionalización de la discusión pública y de la construcción del consenso; más confiable que cualquier otra para acceder a las mejores soluciones. Las exigencias de este ideal democrático se satisfacen en la medida en que el procedimiento se aproxime lo más posible a una discusión y decisión racional, mayor cantidad de intereses estén representados en igualdad de condiciones, más libres sean sus participantes para expresar y fundamentar sus posiciones, más se esfuercen las partes en justificar tales posiciones en principios generales, más directa sea la toma de decisiones y más amplio sea el consenso que se forme como resultado del proceso deliberativo y de la discusión pública.

En 1983 comienza la construcción de una democracia plena y con ella, el inicio de un camino de búsqueda de la unión nacional. Fue ese precísamente el legado que nos habían dejado, diez años antes, Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín, sumergios entonces en la vorágine que terminaría pulverizando aquella voluntad en el despeñadero de la violencia y el terror.

Tuvimos dos décadas ininterrumpidas de colocar los cimientos de una República democrática. Y supimos salvar esos cimientos aún en el marco de hiperinflaciones, políticas desastrosas, hipercorrupción, dilapidación y entrega de nuestras riquezas y traumáticos cambios de gobierno.

Tuvimos continuidad institucional y se afianzaron muchas cosas, afortunadamente, en el país. Mientras tanto, en tantos otros órdenes igualmente importantes se perdieron, malgastaron y dilapidaron oportunidades, recursos y esperanzas. Por eso es que edificar la República democrática en nuestra tierra, y en todo nuestro territorio en cada pueblo, en cada ciudad, en cada provincia y en cada región- sigue siendo la gran tarea que unifica a hombres y mujeres con distintas ideas, a las fuerzas políticas y los partidos que recogen aquellas genuinas y valederas herencias y tradiciones del siglo pasado. Recogiendo aquella rica experiencia histórica, con la memoria de los encuentros y desencuentros que dividieron a quienes deberían haber estado en tantas ocasiones del mismo lado, podremos finalmente alcanzar un sistema político y una vida cívica que estén a la altura de lo que la Argentina se merece luego de tantos esfuerzos, de tantos errores y desaciertos, de tantas frustraciones.

Parece mentira que a esta altura de los tiempos recordemos aquellas ideas de hace más de un siglo y descubramos que siguen significando hoy un mandato y un programa progresista para el país. Pero así están las cosas: en 1983 fue el preámbulo de nuestra Constitución y el compromiso con la defensa de los Derechos Humanos. En la década del 40 del siglo pasado fue aquella lucha por alcanzar la igualdad de derechos, la justicia social y el desarrollo económico. Hoy es la defensa de la república democrática, de la política como herramienta de inclusión y transformación social pero también como práctica conciente y activa de diálogo y elaboración de consensos.

Ni la unión nacional, ni la regeneración de nuestras capacidades productivas para un desarrollo sustentable, ni la modernización y mejoramiento de nuestras instituciones políticas ni la construcción de una democracia de mejor calidad y con mejores resultados, son objetivos que podrán alcanzarse corriendo de manera frívola detrás de los vientos de época o de la voluntad de los poderosos. No son tampoco tareas que podrá alcanzar un presidente, o un gobierno o un partido por sí solos, menos aún desconociendo o soslayando la necesidad de construir un sistema político fuerte, con partidos políticos y fuerzas genuinamente representativas. Son objetivos que precisan del concurso de las fuerzas políticas y los partidos más representativos de la opinión y los intereses de nuestra sociedad y se equivocarán severamente quienes supongan que se puede salir de la crisis de la política desprestigiando a la política.

Hace treinta años, don Ricardo Balbín venía a despedir a quien había sido su adversario histórico -y en quien, así lo confesaba, había encontrado finalmente un amigo-. En aquel histórico discurso estaba cifrada la clave del legado que Perón buscaba dejar para los tiempos, esta ambición nacional del encuentro definitivo, en una conciencia nueva, que nos pusiera a todos en la tarea desinteresada de servir la causa común de los argentinos. Treinta años después, observando el camino y las distancias recorridas, podemos decir que estamos -que seguimos estando- en el mismo empeño, en la misma búsqueda del encuentro de las realizaciones de la conivencia en la discrepancia útil, pero todos enarbolando con fuerza y con vigor el sentido profundo de una Argentina postergada.

ucr_cb.gif

ALFONSIN AFIRMO QUE KIRCHNER PRESENTA GESTOS AUTORITARIOS
Participó de un encuentro del MoDeSo

(Publicado en Clarín, el 24 de mayo de 2004)

Después de destacar los que considera aciertos y desaciertos de la gestión de Néstor Kirchner, el ex presidente Raúl Alfonsín le reclamó ayer al Gobierno "que profundice el diálogo con los partidos políticos". Dijo que esa falta de comunicación es autoritaria.

"El hecho de que Kirchner no hable con los partidos políticos o se refiera a ellos como corporaciones fracasadas, es un enorme gesto autoritario", explicó el ex mandatario en Mar del Plata donde cerró un encuentro convocado por el Modeso, una de las líneas internas del radicalismo.

Alfonsín se sumó así a las acusaciones que dirigentes como Elisa Carrió u otros sectores opositores le hacen al Presidente Kirchner por tener gestos de autoritarismo. Pero no todas fueron críticas para el Gobierno. Alfonsín se encargó de destacar "la valentía" de Kirchner por haber resistido al envío de tropas a Irak incluso después de la invasión, rechazar las presiones de los lobbies externos y seguir adelante con el Mercosur en la línea que se planteó en su creación durante su gobierno con el ex presidente de Brasil, José Sarney.

Antes, el diputado Leopoldo Moreau había dicho que lo más grave del Gobierno son "las oportunidades que le hace desperdiciar a la sociedad: dejó de lado las transformaciones que el país necesita. En esa circunstancia influye, en mucho, la incapacidad para el diálogo y el consenso", dijo Moreau.

Por eso, además de disertar sobre aspectos relacionados con la globalización, Alfonsín puso el acento en la necesidad de encaminarse hacia la "unidad nacional". "Es indispensable que salgamos de una crisis cultural gravísima, y no hablo de ir al Colón, sino de lograr un nivel de convivencia que permita al Gobierno y al pueblo marchar juntos", aclaró.

Distendido, de muy buen humor y ante unos 500 militantes, el ex presidente no pudo evitar referirse a Fernando de la Rúa: "No quiero ser condescendiente, pero él sabía de mi experiencia. El 'inmovilismo' del que se lo acusa, me consta, era producto del temor a la reacción de los mercados".

Como ejemplo, el ex presidente mencionó la situación vivida en la India luego de la victoria de Sonia Gandhi, quien dimitió antes de asumir ante el derrumbe de los mercados financieros.

El seminario, titulado "La política en la Argentina, la región y el mundo", se desarrolló durante el fin de semana. También disertaron el politólogo Luis Aznar, y el diputado ante el Parlamento europeo por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Manuel Medina Ortega.

Hubo, además, un tema que se ocupó de remarcar Alfonsín en su paso por Mar del Plata: el supuesto trato que recibe el radicalismo por parte de algunos medios de comunicación. "¿Cómo vamos a hacer para demostrar que la nuestra es una oposición constructiva si no se conocen nuestros proyectos?".

Respondiéndose, acusó a "algunos medios que están directamente en contra y nos agravian desde la mañana hasta la noche; otros directamente nos marginan". Denunció y consideró muy peligroso que "la derecha ocupe grandes espacios".

Para Alfonsín, a pesar de la situación energética, el país está saliendo de la crisis. "Pero -dijo- es necesario que el Gobierno se exprese sobre algo fundamental: el sistema jubilatorio, que prácticamente ha colapsado".











ALFONSIN ESCRIBE EN CLARÍN: LA SOLUCION A LA CRISIS CON CHILE ES LA INTEGRACIÓN

(PUBLICADO EL 5 DE MAYO DE 2004)


Hace dos semanas escribí en esta misma sección un artículo en el cual señalé las graves consecuencias que podría acarrear a la relación bilateral de nuestro país con Chile, en particular, y al proceso de integración en América del Sur, en general, la actual crisis energética que nos afecta.

En dicho artículo recordé los grandes avances alcanzados en la relación bilateral a lo largo de los últimos 20 años y el orgullo que sentía por haber encabezado el gobierno que dio los primeros y difíciles pasos para transformar la rivalidad y desconfianza que caracterizaba entonces la relación entre Argentina y Chile en un espacio de paz, cooperación y amistad.

Asimismo, destacamos que las actuales diferencias entre Argentina y Chile respecto del suministro de gas no debían hacer perder de vista a las autoridades de ambos gobiernos los profundos lazos e intereses que unen a nuestros países. No está de más reiterar en estos momentos, cuando existen sectores interesados en buscar crear un clima de hostilidad, que el futuro de Argentina y Chile está indisolublemente unido por una cultura, geografía y destino común y que emprender el camino de la rivalidad y el distanciamiento sólo traerá costos mayores a ambos países.

Los diversos intentos por responsabilizar al otro, en algunos casos bajo la amenaza de recurrir a instancias judiciales, y los cruces verbales entre altas autoridades sólo agravan y prolongan la actual crisis energética y obstaculizan la búsqueda de soluciones permanentes y mutuamente beneficiosas.

El Gobierno argentino responsabiliza a las empresas privadas por no haber realizado las inversiones requeridas y argumenta que limita las exportaciones de gas para asegurar el suministro al mercado interno, conforme a la legislación nacional y a lo estipulado en los acuerdos internacionales firmados con Chile, en particular el artículo 2 del Protocolo de Interconexión Gasífera. El gobierno de Chile exige el cumplimiento de los acuerdos de provisión firmados entre las empresas exportadoras e importadoras de gas natural y el cumplimiento del mencionado Protocolo, en particular del artículo 7. Las autoridades chilenas interpretan que dicho artículo impide discriminar entre consumidores afectados. El sector privado proveedor de gas natural argumenta que está imposibilitado de cumplir con los contratos de suministro por razones de fuerza mayor, a saber: el Estado argentino se lo impide a través de lo establecido en la Disposición Número 27/04 de la Subsecretaría de Combustibles. Finalmente, destaca que la falta de inversiones en el sector es consecuencia de la política energética que no asegura su rentabilidad.

La actual crisis que amenaza con dañar profundamente la relación bilateral y la recuperación económica de ambas economías debiera visualizarse como una

oportunidad para dar un nuevo salto cualitativo al proceso de integración entre Argentina y Chile y para permitir el diseño de políticas energéticas sustentadas en bases más sólidas. Asimismo, la actual crisis ha puesto en evidencia la fragilidad del proceso de integración que une a Argentina y a Chile y las debilidades de las políticas energéticas de ambos países.

En el artículo anterior señalé que los actuales problemas estructurales que enfrenta la Argentina en su sector energético son consecuencia del modelo económico implantado durante la década de los 90 y que en dicho modelo económico se encuentran las razones profundas de la desinversión ocurrida en el sector energético a partir del año 1998 y de la actual escasez en el suministro de gas a nuestro mercado interno y a Chile.



Capitalismo depredador

Durante la década de los 90 nuestro país llevó hasta sus últimas consecuencias la lógica de un capitalismo depredador, privatizó un sector estratégico sin regulación alguna y basó de allí en más su abastecimiento energético en el desarrollo del sector de combustibles, esencialmente petróleo y gas.

Nuestro sistema de transportes, nuestras industrias y nuestras viviendas se construyeron sobre la base de contar con fuentes de energía inagotables. No se tuvo en cuenta la posibilidad de diversificar la oferta, es decir, recurrir a fuentes alternativas, ni los daños que generan los combustibles fósiles sobre el medio ambiente, ni la necesidad de hacer un uso racional de recursos limitados. La búsqueda de beneficios en el menor de los plazos posible era el único principio que dirigía el comportamiento de todo nuestro sector energético.

Entre los innumerables desatinos, podemos mencionar que no se hicieron esfuerzos para estimular al ahorro de energía, no se impulsó la diversificación de la oferta incorporando energías renovables (solar, eólica, biomasa) o aprovechando el desarrollo tecnológico alcanzado en el campo nuclear. Tampoco se protegió el sistema ferroviario que fue reducido y desmantelado, lo que hubiese significado un importante ahorro en términos energéticos, una mayor racionalidad en el sistema de transportes y menor contaminación ambiental.

El actual gobierno argentino no cambió en esencia el modelo heredado. Quiso disfrazar la falta de políticas en el área energética con un discurso confrontativo inconducente contra los lobbies petroleros y contra el gobierno de Chile. Pero sin políticas alternativas, el recurso a las declaraciones altisonantes sólo genera irritación. Finalmente, ante la falta de opciones, el Gobierno debió ceder y conceder los aumentos exigidos por los lobbies petroleros tan criticados.

No es objeto del presente artículo abarcar todas las complejidades técnicas que reviste la problemática energética. Mi objetivo es simplemente llamar la atención para que no se pierda de vista lo esencial y permanente por una dificultad coyuntural por más importante y costosa que sea en términos políticos y económicos para ambos países.

El abastecimiento energético constituye un pilar esencial para el desarrollo económico y el bienestar social. Es indudable que los gobiernos de la región deben esforzarse en asegurar las condiciones que permiten el crecimiento económico. Nuestros hogares, industrias y transporte dependen del aprovisionamiento de energía. Todos los especialistas en la materia concuerdan en que la búsqueda de una solución autárquica a nuestra problemática energética es más costosa, menos eficaz y más vulnerable que una solución regional en la cual se potencian nuestras respectivas complementariedades.

Para Chile, las ventajas de la integración energética regional son aún más evidentes que para nuestro país, rico en recursos energéticos.

La solución no puede encontrarse de manera individual y egoísta sino de manera colectiva y solidaria. La actual crisis nos señala nuestra mutua interdependencia y la necesidad de fortalecer nuestra cooperación regional en el área energética. La integración de los mercados energéticos nos indica a su vez la necesidad de avanzar hacia una mayor coordinación de políticas energéticas, sector que podría constituirse en la columna vertebral del proceso de integración regional.

Como destaqué en el artículo mencionado, la solución al actual conflicto de intereses debe tener presente la necesidad de fortalecer la confianza entre ambas naciones y basarse en una clara visión de futuro compartido. La actual dificultad debe visualizarse como una nueva oportunidad para profundizar la integración entre ambos países en el marco de los valores de paz, justicia y solidaridad que deben regir nuestras relaciones bilaterales.

Mientras esperamos una solución profunda y duradera a la problemática presente, compartamos como hermanos la escasez con la esperanza de que pronto vendrá un futuro mejor.











ucr_cb.gif

EL PJ NO QUISO INTEGRAR LA CONADEP: ¿TIENE AUTORIDAD MORAL PARA ERIGIRSE EN ÚNICO DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS?

Donde están los representantes del Partido Justicialista en la Conadep?", preguntó Raúl Alfonsín, y los casi 300 comensales quedaron mudos. A la pausa le siguió la revelación: "No quisieron estar", afirmó el ex presidente.

El dato poco difundido sobre la negativa del peronismo a integrar el organismo que implantó el Nunca Más y facilitó el enjuiciamiento de los comandantes de la dictadura impactó a los radicales que se reunieron el martes 30 de marzo para reivindicar la política de derechos humanos del alfonsinismo.

Los más jóvenes irrumpieron con una rima adaptada a la ocasión: "Siga el baile, al compás del tamboril, los milicos fueron presos, de la mano de Alfonsín". El resto aplaudió. Había ganas de replicarle al presidente Néstor Kirchner porque el 24 de marzo dijo que en democracia se callaron las atrocidades de la dictadura.

La cena en Lalín un tradicional reducto radical donde se sirvió el tradicional pollo con papas fue convocada por una corriente bonaerense poblada de íntimos del ex presidente, como su hijo Ricardo y el más antiguo de sus amigos, Victorio Bisciotti. Otros históricos presentes fueron Alejandro Armendáriz, Florentina Gómez Miranda y Adolfo Gass. El Comité Nacional prepara un acto similar, aún sin fecha.

Alfonsín pasó facturas al peronismo antes del postre. Por no haber juzgado desde el poder los asesinatos de guerrilleros en Trelew, en 1972; ni la matanza entre peronistas en Ezeiza, en 1973; ni a José López Rega. Y por no resistir los indultos de Carlos Menem a los militares encarcelados. Sonó como el primer retruque a Kirchner. Cuando el santacruceño lo llamó para disculparse, el mismo 24, Alfonsín se limitó a contestar que se sentía dolido.

No desaprovechó el escenario para sacar pecho. "Lo que se hizo con las juntas militares no sucedió nunca en la historia de la civilización", se despachó. Y, en su defensa, argumentó que la ley de obediencia debida que dejó libres a miles de represores de menor rango "fue necesaria para salvar la democracia hacia adelante".

A los 77 años y con voz algo más apagada que la de sus tiempos de gloria, el ex presidente también reservó energías para referirse a la actualidad, incluyendo duras críticas al estilo kirchnerista. Advirtió que "se insiste con la confrontación", lamentó la falta de diálogo del Gobierno con todos los partidos, y alertó: "Sin políticas de consenso, las presiones de Bush y el FMI nos van a terminar por deglutir".




ALFONSIN CUESTIONO LA TRANSVERSALIDAD DEL PJ

En este momento hay un acto de la transversalidad que será el que saldrá mañana en los diarios." Así comenzó Raúl Alfonsín su crítica sobre lo que consideró una "cooptación de determinadas personas de diferentes partidos políticos, pero que no tiene nada que ver con la voluntad de buscar consensos para toda la Argentina".

"Qué desastre la transversalidad entendida de esta forma", fustigó el ex mandatario en un debate que lo tuvo como principal orador, organizado por el radicalismo porteño.

Fue en la sede de Unione y Benevolenza, donde esa fuerza reunió cerca de 500 personas deseosas de escuchar al ex presidente, como lo demostraron con los cánticos y los aplausos a sus frases más combativas.

En consonancia con el mensaje que viene dando la UCR a nivel nacional, Alfonsín criticó al Poder Ejecutivo porque "no informa, y nos tenemos que enterar de lo que pasa por los diarios".

"El Gobierno tiene que comprender que con un solo partido no alcanza", reclamó, en una nueva alusión a la construcción de poder del PJ.

Justamente sobre la política oficial el ex presidente pidió que en las próximas negociaciones el país no se comprometa a aumentar el 3% de superávit fiscal acordado hasta ahora para el pago de la deuda.

"Ni una décima más allá del tres por ciento en el superávit fiscal primario: en septiembre van a venir por más y no lo podemos permitir", advirtió, y señaló que si el país no crece lo esperado, el 3% comprometido será "el ajuste más importante hecho hasta ahora". Inmediatamente afirmó: "Queremos pagar lo que podemos".

El resto de su discurso apuntó al contexto internacional, donde, tras un minuto de silencio por las víctimas del atentado ocurrido ayer en España, explicó que había enviado sus condolencias al rey Juan Carlos de Borbón.

Alfonsín dijo que desde un principio sospechó "que no había sido ETA, porque elige objetivos focalizados y porque avisan dónde ponen la bomba".

Enseguida embistió contra la política internacional de George W. Bush, a quien definió como "un peligro para la humanidad".

Alfonsín opinó que un triunfo resonante del actual presidente estadounidense en las próximas elecciones "le abrirá las puertas de una invasión a Cuba". Y aunque reconoció que en la isla se violan los derechos humanos, pidió continuar con el voto abstencionista, ya que un voto condenatorio "es discriminatorio con otras dictaduras tremendas que hay en el mundo", entre las que mencionó la de Indonesia, país alineado con los Estados Unidos.

También criticó duramente la invasión norteamericana a Irak, porque Bush "dijo que iba a terminar con el terrorismo y con argumentos absolutamente falsos atacó" a ese país, y describió la nueva situación internacional, luego del atentado del 11 de septiembre de 2001, como "un mundo del terror, un mundo que no conocíamos".

En el acto, originalmente convocado para discutir sobre "Ciudad y democracia", Alfonsín -que no suele atarse a un temario- disertó junto a Edgardo Mocca, presidente del Club de Cultura Socialista, y los dirigentes Gabriela González Gass y Aldo Neri, líderes de la Corriente Progresista de la UCR porteña, organizadores del encuentro.

Laura Capriata
11 de marzo de 2004
LA NACION

ABORTO Y CUBA: DOS TEMAS SOBRE LOS QUE HAY QUE FIJAR POSICION
Publicado en Clarín el 26 de Febrero de 2004

Con motivo de la propuesta del Poder Ejecutivo de enviar al Senado de la Nación el pliego de la doctora Carmen Argibay, con cuya designación como integrante de la Corte Suprema de Justicia estoy de acuerdo, han resurgido los argumentos que sostienen la inconstitucionalidad del aborto, basados en el Pacto de San José de Costa Rica y en el Tratado sobre los Derechos del Niño.

El capítulo IV de la Constitución Nacional, referido a las atribuciones del Congreso, establece en la segunda parte del inciso 23 del artículo 75 que corresponde al Congreso: "Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, durante el embarazo y el tiempo de lactancia". Esta cláusula no tiene nada que ver con el aborto. El tema surgió porque el señor constituyente Rodolfo Barra, principalmente, pretendió que se estableciera la protección desde la concepción, posición que sostuvo insistentemente.

En mi corta exposición sobre el tema, sostuve:

"La cláusula que estamos considerando ha sido el resultado de extensas conversaciones e intercambio de ideas que, en algún momento, se mezclaron con proyectos que establecían criterios vinculados con el tema de la vida, y otros, referidos al aborto, en los que se fijaba su penalización tema que nuestro bloque consideró que no se encuentra habilitado para la consideración de esta Convención, tal cual se pronunció, según tengo entendido, la comisión de redacción.

Entendemos que esta era y es una cuestión de tipo legal. Por lo tanto, vamos a votar afirmativamente el dictamen en consideración porque está vinculado con el régimen de seguridad social, del que carecía la República Argentina. Debo reconocer que en mis años mozos vi cómo florecían por lo menos en la provincia de Buenos Aires y creo que bajo el gobierno del doctor Mercante los centros maternoinfantiles que prestaban colaboración extraordinaria a la madre y al niño. Esto abre la posibilidad de volver, como dijo muy bien el señor convencional Salum, a una actividad de este tipo.

Queremos dejar perfectamente aclarado que se ha cambiado el criterio y que ahora la vida se defiende a través de un esfuerzo que deben realizar la sociedad y el Estado, para dar a la madre y al niño la posibilidad de desarrollarse tranquilamente en el entendimiento de que, al menos, van a obtener el apoyo mínimo, necesario y fundamental.

Es por eso que estamos de acuerdo en votar afirmativamente este proyecto, que no le dice a la Legislatura que penalice el aborto o que libere cualquier posibilidad de aborto, sino que se trata de una iniciativa que podría estar perfectamente vinculada a la legislación de un país que acepta el aborto, como es Suecia, y también podría estarlo a la de un país como Irlanda, que lo prohíbe.

Estamos defendiendo la vida y estamos trabajando de la manera más importante, que es la única que concebimos como posible para que se evite la tragedia del aborto, pero no a través de la penalización, sino del auxilio y la asistencia del Estado argentino".

Sí se vincula al aborto el Pacto de San José de Costa Rica, con jerarquía superior a las leyes, de acuerdo al inciso 22, que en su artículo 4to. inciso primero establece: "Toda persona tiene derecho a la vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción".

En cuanto a la Convención sobre los Derechos del Niño, que también fue invocada en la discusión, el artículo primero establece que "se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad". Esto es todo cuanto señala con relación al tema que consideramos.

Pero ocurre que la ley de aprobación de la Convención hace reserva de ciertos incisos, lo que es normal, pero pretende introducir una enmienda con relación al artículo primero, declarando absurdamente que "debe interpretarse en el sentido de que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad".

En primer lugar, esta definición no forma parte de la Convención, pero si se insistiera en ello, habría que recurrir al art. 50 que establece una serie de requisitos para aceptarla y sostiene finalmente que "entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes". Esto jamás ocurrió.

Luego aparecieron distintos grupos laicos que endurecieron su oposición, lo que produjo abucheos y silbidos generales a mi corta intervención.

Quiero señalar además que nuestro Código Penal, a pesar de su dureza, establece en su artículo 86 limitaciones a la punibilidad del aborto.

Soy católico, pero no puedo aceptar moralmente que en caso de grave riesgo de muerte para la madre, que incluso puede tener otros hijos que la necesitan para su educación, se opte por dejarla morir. Tampoco puedo aceptar que en caso de violación, la futura madre no tenga derecho a abortar.

¿Y qué decir del caso del embarazo de un anencefálico (niño sin cerebro y casi sin cabeza)? ¿Debe esperar la madre nueve meses para parir un niño que morirá en pocas horas?

Miles de mujeres pobres mueren víctimas de los efectos generados por la realización de abortos sin atención médica. Otras tienen niños escuálidos que no podrán alimentar. En este caso, la responsabilidad es del Estado, por la carencia de educación sexual y de la falta de atención médica adecuada. Es necesario proteger a las madres y al futuro niño, como lo establece la reforma de 1994 de la Constitución Nacional. Esta será la mejor forma de evitar el aborto, quizás una de las más grandes tragedias que puede sufrir una madre.

Nadie puede decir "yo estoy a favor del aborto" o "a favor del divorcio", pero hay casos en que debe reconocerse el derecho a ellos.



Razones para abstenerse

No cabe la menor duda de que de acuerdo con mi filosofía, se violan derechos humanos en Cuba, aunque más no sea porque no se admite el pluralismo democrático. Si no fuera así, nuestro voto no debiera ser de abstención, sino simplemente en contra de la pertinaz insistencia de los Estados Unidos.

¿Pero por qué, si hay violación de los derechos humanos, nos abstenemos?

Hay muchas razones. Vamos a empezar por la discriminación. En el mundo hay mucho más de cien países donde se violan las li bertades básicas, pero nada dice el País del Norte sobre ellos, porque son sus aliados o simplemente porque no les interesa. El caso más espantoso es el de la Indonesia de Suharto, quien asesinó a cientos de miles de personas en Timor Oriental, entre ellos niños y mujeres, y realizó otras matanzas en su territorio. Fue considerado un gran hombre por Estados Unidos, del que recibió agasajos de altos funcionarios sencillamente porque les había entregado el país, generando un importante aumento de la pobreza en su población.

Seguiremos con el embargo, que empobrece al pueblo de Cuba, incrementa el legítimo nacionalismo y entorpece cualquier diálogo constructivo. Estados Unidos cada vez lo profundiza más, particularmente en tiempos de campaña electoral, con el propósito de ganar votos de exiliados o refugiados cubanos, que en el estado de Florida pueden definir una elección reñida y tienen su fuerza en otros, como en New Jersey.

Finalmente, vamos a lo principal. El presidente Bush manifestó que quiere acelerar la caída de Fidel Castro y creó una comisión a efectos de diseñar un plan para la transición. ¿Tendrá este plan el éxito del puesto en marcha en Irak? Un hecho llamativo es el de la proliferación de noticias vinculadas con la salud del presidente Castro. ¿No ocurrirá que se trata de meditar sobre una invasión "preventiva" para evitar el caos?

Lo cierto es que hay una amenaza cierta de utilizar la violencia. Así también lo entienden en Cuba, que se prepara para resistir.

Creo que, para terminar, resulta de interés la declaración del Congreso de la Internacional Socialista realizado en San Pablo, que expresa textualmente: "La Internacional rechaza los recientes intentos de desestabilizar a Cuba por parte de la Administración de los Estados Unidos, los que ponen en peligro la paz en la región que estamos totalmente comprometidos a preservar, y pide enérgicamente que los EE.UU. pongan fin al embargo económico contra Cuba. La Internacional Socialista pide la liberación de los opositores políticos dentro del marco de la legislación nacional vigente y los tratados internacionales sobre derechos humanos, y el diálogo entre los sectores del país para continuar el proceso democrático en la isla sin intervención de ningún país extranjero".


ahora Alfonsín:
"ME HUBIERA GUSTADO CONOCER A CORTAZAR"

1.
DISCURSO DEL DR. RAÚL ALFONSÍN COMO VICEPRESIDENTE DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA PARA AMERICA LATINA EN EL CONSEJO DE DICHA ORGANIZACIÓN
MADRID, ESPAÑA. 7 DE FEBRERO DE 2004

LA SOCIALDEMOCRACIA EN EL MUNDO QUE VIENE
(UNA VISIÓN LATINOAMERICANA)


LA IGUALDAD

A casi dos décadas del inicio del generalizado proceso de restauración democrática en América latina, encontramos hoy a la región sumida en complejos problemas que, lejos de resolverse, se están acentuando preocupantemente. El principal es el de la marginación y la pobreza: más de 210 millones de hombres, mujeres y niños viven en un estado de pobreza que los empuja cada vez más afuera del sistema y los transforma en una masa humana privada de los más elementales derechos que debe ofrecer la democracia. El agigantamiento de la brecha entre ricos y pobres -por cierto, un fenómeno mundial- adquiere en América una proporción escandalosa que parece no tener fin y que curiosamente va acompañado con un crecimiento de los índices económicos en los sectores más concentrados del capital económico y financiero. La deuda pública externa se acerca peligrosamente a los 700.000 millones de dólares mientras crece el desequilibrio externo y el déficit fiscal.
Las conquistas sociales que permitieron dignificar el trabajo humano y otorgaron a los ciudadanos la posibilidad de vivir de su tarea y, a la vez, sentirse miembros de un proyecto nacional con un futuro previsible, han sido avasalladas en la mayoría de los países del continente. Bajo la consigna de un Estado mínimo que fue presentado en sociedad como un ejemplo de eficiencia, antiburocratismo y progreso, el fundamentalismo economicista eliminó de un plumazo aquellos derechos y dejó inermes a millones de personas que sólo aspiraban a vivir con dignidad, vale decir, a alimentarse, a educarse, a tener una vivienda y garantía para su salud. El bien común, como valor intrínseco a la democracia, fue abatido por un dios pagano que se llama mercado salvaje.
Aquel Estado -que efectivamente era ineficiente- se ha convertido en un Estado irresponsable. Irresponsable con los pobres, con los enfermos, con los ignorantes, con los marginados, con los ancianos y con los chicos. Enflaquecido por el neoliberalismo, el Estado ha quedado a merced de poderes fácticos que le imponen sus condiciones sectoriales y que terminan devorándolo. Si antes era un Estado obeso, ahora es un Estado indefenso.
El fundamento ideológico del neoliberalismo es que este es un paso necesario para alcanzar el crecimiento económico y finalmente el bienestar general. Como si se tratara de leyes económicas naturales, inamovibles, que no se pueden modificar.
Pero someter el presente o el futuro previsible a fines tan distantes como improbables, conduce inevitablemente a formas crueles de sacrificio humano. Una sociedad está constituida por eslabones de solidaridad, integración, creatividad, pluralismo, conocimiento y otros valores que no pueden ser vulnerados sin correr el grave riesgo de la desintegración social, que no es otra cosa que la pérdida de pertenencia a una sociedad, a su cultura, y a su propio tiempo.
Luego de asistir, en los últimos años, al ascenso y caída de tantas profecías apocalípticas, en algunos casos trágicamente autocumplidas, prospectivas pretendidamente inapelables y espejismos de superficial y efímero encantamiento, estamos aquí y podemos afirmar que nuestras premisas, convicciones y tareas resisten las pruebas a las que vienen siendo implacablemente sometidas. Analizar críticamente nuestros itinerarios y experiencias es nuestra forma de entender, defender y contribuir a hacer crecer la democracia de nuestro tiempo, de cara a este nuevo siglo lleno de interrogantes.
La primera de estas premisas dice que no existe posibilidad de mantener a nuestras sociedades integradas si no defendemos y logramos la aspiración y el propósito nacional de la autodeterminación. La segunda dice que para edificar una democracia, es imprescindible tener un Estado que supere los estigmas de modelos agotados y asuma las tareas de la hora. El Estado no es solamente un aparato de gobierno: engloba el conjunto del campo institucional, es decir a las propias instituciones que lo estructuran y tienen el poder de decidir en su nombre, principal o secundariamente, y a la colectividad gobernada, porque el poder y la sociedad son indisolubles. Lo dicho no significa dejar de precaverse ante la concepción etnicista del Estado-Nación.
Históricamente, la aceptación del Estado fue ganando un consenso muy generalizado: lo rechazaba el anarquismo radical, pero incluso distintas concepciones marxistas admitieron las posibilidades que brindaba para las reivindicaciones populares, aun cuando se repudiaba la contradicción entre la proclamación de principios vinculados a la libertad y la justicia y la explotación inhumana en las concepciones económicas.
Por supuesto, hubo alertas sobre la dominación del Estado por la burocracia, la necesidad de fortalecer al Parlamento como única forma de lograr su control y acerca de la necesidad de evitar que la clase burguesa absorbiera toda la sociedad, asimilándola a su nivel cultural y económico, deformando así la función estatal para justificar y mantener su dominio mediante la aceptación de sus tesis por parte de los grupos subordinados.
Actualmente, pareciera que los grupos subordinados, enfrentan un nuevo proceso en el que los grupos dominantes ya no se preocupan por obtener ciertos equilibrios que hicieran tolerable su hegemonía, sino que procuran, en las tesis neoconservadoras, debilitar al Estado hasta el punto de convertirlo en gerente de sus propios intereses y lograr que deserte del cumplimiento de sus misiones esenciales.
Por otra parte, una globalización insolidaria atenta perseverantemente contra la independencia, el primer elemento indispensable para darnos nuestra propia forma de gobierno y practicarla en plenitud. En otras palabras, se ha mundializado esa actitud de las clases dominantes, acrecentada por una manipulación mediática intolerable.
A ello debe sumarse una creciente dificultad para lograr transferencias del conocimiento del centro a la periferia, lo que acentúa la desigualdad económica y afecta la capacidad de acción política de las naciones rezagadas, sometiéndolas a una nueva forma de colonialismo.
Debemos asumir que el proceso de globalización es irreversible y que debe ser incorporado con inteligencia en la política de nuestras naciones. La globalización se convertirá en un instrumento positivo y progresista en la medida en que se transforme en solidaria y esa internacionalización económica, política, social, jurídica y cultural, esté principalmente orientada a lograr el bienestar de los humildes. Decir globalización será entonces decir sin mentir, interdependencia entre los pueblos, corresponsabilidad en la función de gobernar con equidad social, oponiendo un frente común a la injusticia, revalorizando a la política y a los partidos políticos como instrumentos de poder ciudadano ante la arrogancia de los mercados y los tecnócratas. Será instalar, frente a la globalización hegemónica, una globalización equitativa, integradora y responsable, respetuosa de las identidades nacionales, de su cultura y de sus intereses políticos y económicos.
Pero el problema es doble: así como no hay democracia sin independencia, tampoco la hay si no existe una acción efectiva del Estado que garantice su independencia en relación a la política interna de nuestros países, orientada hacia políticas económicas y sociales a través de una necesaria planificación. Todos sabemos que esa capacidad de control suele debilitarse y hasta perderse como consecuencia de intereses ajenos a los de las mayorías populares. Entonces, a lo sumo, lo que se salva es la república en tanto y en cuanto se preserve la división de los poderes y no se atente definitivamente contra el sistema representativo.
Aunque al convertirse una sociedad en víctima del egoísmo y a veces en cómplice involuntaria de un proceso inequitativo, la tensión así creada ha de volverse en definitiva contra los poderosos, agudizando los peligros para la paz interna e incluso para su propia subsistencia. En última instancia, cabría esperar que una derecha más lúcida actúe con una mayor prudencia y racionalidad.
En cada uno de nuestros países debemos concretar una nueva situación de auténtica cohesión nacional con fuerte vocación integradora de la región. Para lograrlo, es imprescindible plasmar, en una convocatoria a la convergencia política, social y económica, un programa esencialmente transformador y emancipador, que supere los esquemas cerrados y los enfoques dogmáticos.
Como hemos visto, en cualquier sociedad existe un consenso básico en cuanto a la necesidad del Estado. Pero hay además otro acuerdo básico de igual importancia sobre lo que la sociedad no debe admitir, que constituye el otro supuesto de la vida en común.
No se tolera que el Estado prive a nadie de su libertad, ni que le cercene derechos que tiene la obligación de preservar, así como la sociedad de reconocer.
En la república, cualquiera sea su orientación doctrinaria, se aceptará que los tres poderes del Estado deben estar en distintas manos, así como el respeto a derechos tales como la protección de la vida, la libertad, la igualdad ante la ley, y en general, la protección del hombre frente al Estado.
Pero según mi criterio, hay originariamente una severa distinción entre república y democracia.
De acuerdo al republicanismo inicial, aunque debía otorgarse al pueblo un papel importante en el gobierno, éste debía ser limitado, ya que se desconfiaba de sus excesos. ( Desde luego, con este concepto no puede estar de acuerdo quién considere la experiencia ateniense como republicana, y no como democrática ).El principal problema consistía entonces en cómo inventar una estructura que restringiera su participación, puesto que su función principal no era la de gobernar sino la de elegir gobernantes idóneos, estableciendo un sistema que equilibrara los intereses de la mayoría y de la minoría.
En un principio, aunque coincidían en que debía evitarse la concentración del poder, procuraban ese equilibrio a través de la monarquía, una Cámara aristocrática y otra de los comunes. Pero esta idea ha sido aplicada de diversas maneras. En Venecia, paradigma de algunos republicanos, los nobles lo aplicaron solamente para ellos mismos. Por contraposición, no cabe duda de que la vigencia de una democracia depende de que se perciba que los miembros de la sociedad están todos en cierta forma capacitados para gobernar y que ninguna minoría está tan decididamente mejor capacitada como para permitírsele gobernar sobre el conjunto.
Contrariamente a los partidarios de la república (aristocrática), los que defendieron a la democracia, temían los desbordes y voracidades de las minorías más aventajadas y poderosas y no al pueblo, en cuyas cualidades se confiaba. Los peligros vendrían de los sectores aristocráticos de la sociedad librados a su propia fuerza, y el bien público no se vinculaba tanto al equilibrio de intereses como al bienestar del pueblo.
En consecuencia, el verdadero problema era el de lograr inventar un sistema que permitiera controlar el poder de los pocos privilegiados y, desde luego, el de cualquier déspota.
Por ser abierta, la democracia tiende a producir resultados moralmente aceptables en una sociedad estructurada sobre una idea consensuada de lo justo y facilita el control del programa de gobierno por parte del pueblo, que es el mejor juez de su propia idoneidad y de sus propias limitaciones. Afirmar lo contrario equivaldría a sostener que muchos temas deben quedar fuera de su competencia, generando una delegación permanente.
Esto no quiere decir que la creciente diversidad no incremente el disenso, realidad que, sin embargo, no obstaculiza la presencia de consensos sustanciales e indispensables para superar antagonismos irreductibles y afianzar solidaridades en busca del bien común.
El principio que distingue a la democracia de la república, es el de la igualdad. No sólo la jurídica de las Constituciones liberales, sino su búsqueda en el campo social y económico, que suele asentarse inicialmente en la igualdad de oportunidades.
Aunque no excluye una cierta jerarquía funcional, el fundamento ético del Estado debe orientarse siempre a servir al hombre en la lucha que le impone su propia naturaleza: su perfeccionamiento constante a través de los tiempos y la permanente búsqueda de la igualdad a nivel universal, para que cada uno, en el lugar en que se halle, en el tiempo en que viva, pueda obtener aquello que siente que le falta para ser reconocido en su esencial dignidad humana.
Sabemos que no alcanzan las libertades negativas, así llamadas porque protegían al ciudadano frente al Estado. El problema es que ya no son suficientes las libertades-crédito protectoras de los derechos sociales, porque la situación se ha hecho inviable para gran parte de nuestros pueblos y abarca a los sectores populares y a la clase media, mientras se mantienen tan fuertemente condicionadas, desde adentro y desde afuera, las posibilidades de redistribución.
Hoy se habla del derecho a la inclusión, que implica vincular derechos sociales con obligaciones morales.
Como el interés de cada ciudadano se vincula y en definitiva depende del interés general, los ciudadanos deben contar con la oportunidad de conocer igualitariamente las cuestiones a discutir. El principio de igualdad rechaza toda práctica tendiente a la desinformación y a la manipulación que siempre inciden tramposamente en la toma de decisiones.
El derecho a las libertades individuales se relativiza si dejamos de preocuparnos por la igualdad. Igualdad política que supone distribución económica y distribución del conocimiento. No es posible separar la libertad de la igualdad. El error de las teorías neoliberales está en pensar que sí lo es. No sólo no ven la necesidad de procurar las condiciones para que el derecho a la libertad sea, en efecto, un derecho igual para todos, sino que creen que no cabe querer ambos ideales al mismo tiempo porque se destruyen el uno al otro. Sin embargo, sabemos bien -y lo sabemos porque no deja de recordarnoslo la realidad-, que no basta proclamar y asegurar constitucionalmente y con leyes positivas, la libertad civil y política de los ciudadanos. Es cierto que hace falta un buen número de libertades negativas para poder ejercer positivamente la libertad. Pero esa condición no es suficiente.
Se ha sostenido, a mi juicio acertadamente, que el criterio más frecuentemente adoptado para distinguir la derecha de la izquierda es el de la diferente actitud que se asume frente al principio de igualdad.
Podemos agregar otra observación: la derecha supone que cualquier actividad del Estado para combatir la desigualdad, termina conspirando contra la libertad. Al contrario, la idea de la autonomía personal presupone correctamente que debe considerarse que cada uno es el mejor juez de sus propios intereses.
Y otra más. Los procesos de desocupación creciente, de disminución del salario real y el incremento del contraste social, nos colocan ante un proceso de cambio epocal. El vertiginoso avance tecnológico desalojó al hombre del campo. El que se produjo en la industria, lo expulsó de la fábrica y, finalmente el que se desasrrolla en los servicios provocará más despidos en ese sector. El nuevo cambio estará seguramente caracterizado por una lucha hacia la igualdad que muy probablemente se desarrolle tanto en los países centrales como en los periféricos y entonces sí, aunque en un sentido distinto al que pretenden los sectores satisfechos, a lo mejor es preciso cuidar la libertad, frente a posibles explosiones de los pueblos o la aparición de nuevos mesianismos. De todos modos, éste será el siglo de la búsqueda de la igualdad.
Todo tiempo de cambio es tiempo de crisis, en la que determinadas creencias son sometidas a nuevos análisis y ciertos proyectos y objetivos deben necesariamente ser redefinidos. Tiempos de discusión y de duda, de esperanzas y búsquedas, de angustias y sobresaltos, de marchas y retrocesos, de aceptaciones y rechazos, de acuerdos y enfrentamientos, de freno y empuje, de realismo y de sueños, de corajes y cobardías, de rebeldías y resignaciones, de buenas intenciones y perversos designios, de noblezas e iniquidades, de generosidades y egoísmos, de certezas y perplejidades. Épocas duras, de contradicciones tremendas.
La idea del cambio es, tal vez, uno de los conceptos definitorios de nuestra civilización. La adhesión a los ideales de libertad y racionalidad permite adoptar una cierta distancia respecto de la realidad y evaluarla críticamente, con lo que aparece la necesidad de transformar esa realidad para adaptarla a principios y objetivos que no derivan de ella.
Lo contrario ocurre con otras civilizaciones, que conciben a la realidad como sacrosanta e inmutable. En éstas, el cambio las sorprende sin fórmulas de comprensión que les permita asimilarlo, prever su curso, fijarle rumbo y se convierte entonces en un estallido de irracionalidad, en una catástrofe.
Frente pues a otras civilizaciones estáticas que padecen el cambio, nosotros constituimos una civilización dinámica que lo produce. Aquellas lo temen, esta, lo necesita.
¿Que pasaría si frente a desconocidos desafíos, se supusiera que los esquemas interpretativos clásicos han perdido utilidad para la correcta aprehensión y comprensión de los nuevos fenómenos? En última instancia se pueden poner a prueba convicciones esenciales que Occidente conformó y su conocida capacidad para aceptar y promover cambios, podría invertirse en forma perversa, impulsando regresiones que pueden lesionar hasta derechos humanos. Alguna vez ya pasó, como en el caso del gobierno republicano de EE.UU.
Y no es seguro que no vuelva a suceder. El ser humano siempre ha de continuar su camino de perfeccionamiento, es decir, siempre ha de luchar por obtener lo que siente que le falta para ser cabalmente respetado en su dignidad. Pero el obstáculo podría ser mayúsculo.
Si los pueblos vieran ahora que los cambios que se producen no engrandecen la libertad y la dignidad, sino que fomentan la codicia e instalan la injusticia, otra vez el mundo se sacudirá en el dolor y la sangre.
Las reformas institucionales de un país son de una importancia mayúscula para lograr los consensos suficientes para garantizar la convivencia que sobre todo establezca los limites a la igualdad que están dispuestos a tolerarse porque no lesionan la dignidad humana y porque expresan un rumbo hacia la igualdad de poder político. Constituyen de por sí un programa, o si se quiere, determinan una agenda política a través de la permanente búsqueda de su cabal cumplimiento.
Resulta imprescindible emprender la tarea de asegurar el Estado de Derecho y dar contenido concreto a la igualdad de oportunidades, es decir, poner en marcha una sociedad de progreso en la que el crecimiento del conjunto sea sentido como una condición para el progreso de cada uno.
Es necesario lograr una distribución equitativa y justa de la capacidad de influir en las decisiones públicas, contra la que conspiran la concentración del poder económico, la extranjerización de la economía, la deuda externa, los déficit de la cuenta corriente, una distribución desigual de la educación y de la capacitación, una creciente vulnerabilidad externa y todo tipo de corrupción.
Se trata de resolver estos desafíos de manera honesta, consistente y progresista, en sintonía con los objetivos de una democracia sin menoscabo ni restricciones espurias, y de hacerlo atendiendo a una economía que necesita ordenarse y crecer para asegurar sus bases mínimas de sustentabilidad, apoyada en la armonía, la justicia y la eficiencia.
El impacto del aumento de la pobreza, la desocupación, la informalidad y la pérdida de beneficios sociales afectó especialmente a la infancia y adolescencia.
Los efectos de este proceso en las estructuras familiares ha sido profundo y su impacto se prolongará por mucho tiempo. La desocupación, la informalidad y la precarización afectó las relaciones entre los adultos del núcleo familiar, y entre estos y los niños y adolescentes. Los efectos emocionales, culturales, relacionales, ameritan un análisis profundo para la formulación de políticas que fortalezcan los entornos de contención y pertenencia. Pero es innegable que frente a la pauperización algunos de los efectos son la deserción escolar, el trabajo infantil, la mendicidad, el abandono familiar, etc.
La pobreza es una negación radical de las oportunidades y opciones fundamentales del desarrollo humano y compromete básicamente el futuro de las generaciones por venir. Así se auguran un futuro de exclusión para un amplio sector en un período de la vida donde se conforman los proyectos de desarrollo y futuro personal y social.
¿Qué consecuencias tiene, la emergencia de amplios sectores con una ciudadanía defectuosa, a medias, una ciudadanía analfabeta y justamente resentida? ¿Qué efectos tiene la existencia y multiplicación de generaciones con deficiente alimentación, deficiente formación básica, sin capacitación para un mercado laboral cada vez más exigente? ¿Qué efectos sufre una sociedad donde su capital humano es justamente el más descuidado y abandonado a la buena de Dios?
Todo lo que es derecho de los niños y adolescentes, es deber de las generaciones adultas representadas en tres niveles: la familia, la sociedad y el estado. Estos tres niveles deben asegurarles la supervivencia (a la vida, la alimentación), el desarrollo personal y social (el derecho a la educación, a la cultura, a la recreación y a la profesionalización) y la integridad física. Psicológica y moral (el derecho a la libertad, el respeto, la dignidad y la convivencia familiar y comunitaria), ejes que están en la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
El Estado tiene la responsabilidad y el deber de garantizar el crecimiento armónico de las generaciones futuras. Los niños y adolescentes no sólo son nuestro futuro, son la única oportunidad que tenemos como sociedad para que la decadencia se detenga y retomemos el camino del crecimiento con justicia, equidad y confianza.
Hay que tener en cuenta que la familia, de cualquier forma que este estructurada, es el ámbito de la solidaridad, mientras que el mercado es el ámbito del egoísmo. Si permitimos que sus aspectos fundamentalistas penetren en el seno de la familia estaríamos descomponiendo la sociedad toda.
Que sea fundamental una política destinada a fortalecerla tanto frente a los ultrismos de cualquier naturaleza.

LA LIBERTAD

Para garantizar el concepto moderno de libertad se necesita la democracia, basada, como es sabido en las libertades que concede la República, a las que se añadieron las libertades positivas propias del principio de igualdad.
Con la aparición del comunismo y del fascismo, las repúblicas democráticas comienzan a asumir componentes sociales directamente vinculados a la democracia, que fueron constituyendo el llamado Estado de Bienestar, con una presencia mayor del Estado.
Me interesa señalar que, entre muchos otros argumentos, para defender al hombre frente al Estado, se ha echado mano al concepto de Sociedad Civil, desarrollado ya en el pensamiento político clásico y medieval.
La definición de sociedad civil del neoconservadurismo es sinónimo de una esfera no estatal garantizada legalmente; para evitar su intromisión e incluso la de la política, pero, eso sí, dominada por el poder económico y, de ser posible, en los países periféricos, por las las familias tradicionales o, en igual dirección, por las élites supuestamente más capacitadas.
Habría, según el neoconservadurismo, un campo vedado para la política, que no puede traspasar ciertos límites. Para los que creemos que la política es, al menos antes que nada, deliberación, la idea se presenta como absurda y, decididamente, plantearía la existencia de una esfera monstruosa de la sociedad.
La sociedad apolítica no sería una deformación producto de la extensión de actitudes anómicas, apáticas, egoístas, o simplemente negligentes, sino algo por lo que valdría la pena luchar, una conquista a realizar.
Hemos sostenido que la democracia es diálogo y comunicación, que a su vez es el reconocimiento del otro como diferente y opositor. Esta comprensión es un consenso fundamental. La democracia institucionaliza este tipo de relación. Lo que expresa su intensidad es la profundización del diálogo entre diferentes. Lo que hemos llamado búsqueda del consenso.
Proteger a la sociedad civil en sus derechos inalienables, está muy bien y suena convincente. ¿Pero protegerla frente a quién? Contra el Estado totalitario, claro está, me contestarán. Eso también es correcto. ¿Pero qué pasa si el Estado es democrático y con su inacción "protege" tanto a la sociedad civil, que la deja expuesta, indefensa y vulnerable, ante un poder económico que la esclavice o la manipule?
Hasta la elemental noción de orden público podría desaparecer. Si la educación, o la salud, o la comunicación, como algunos pretenden, se marginan de la política, alguien interesado llenará el vacío. Tal como sucede con la planificación, que tanto revuelo provoca entre quienes lo que en realidad quieren es controlar al Estado, excluyendo a la mayoría con el propósito de planificar a su exclusivo servicio. De esta manera nos conducimos de cabeza hacia una formidable regresión política.
El neoliberal se rasga las vestiduras en defensa de los derechos individuales, es decir, de las libertades, que supone permanentemente amenazadas, por la búsqueda de la igualdad, propia de la democracia.
Pero al mismo tiempo, el neoliberalimo proclama que el poder y la autoridad del Estado (mínimo) deben aumentarse, para lo cual tiene que ser relevado de ciertas funciones mediante privatizaciones y eliminaciones de políticas sociales, de modo de otorgar coherencia y legitimación al ejercicio de su poder.
Según los neoliberales, la autoridad del Estado debe fortalecerse reduciendo al máximo la negociación corporativa restringiendo la fuerza de los sindicatos, concentrando el poder en el Ejecutivo, disciplinando los gobiernos locales y aumentando los instrumentos represivos del Estado.
Liberándolo de su misión de proveer bienes y servicios a la sociedad civil, se procura aumentar la eficacia del Estado en los aspectos vinculados a la seguridad externa e interna de modo de garantizar la estabilidad social y una economía "flexible" y competitiva.
Esta receta, donde se ha aplicado, ha tenido consecuencias desastrosas para los sectores populares, conduciendo a índices de pauperización, marginalidad y condiciones ambientales desconocidos en los países desarrollados que la han puesto en práctica: principalmente Inglaterra y Estados Unidos.
El neoliberalismo, ha elegido como enemigo a la socialdemocracia, principalmente a su concepción del Estado de Bienestar y en particular a los efectos de las políticas keynesianas.
A esta altura, corresponde una aclaración fundamental: cuando me refiero al concepto de sociedad civil al estilo neoliberal, para nada lo equiparo al llamado tercer sector, o economía social.
Todo lo contrario. Pienso que no sólo es un instrumento de la convivencia y una clara manifestación ética, sino que además va a resultar indispensable para la lucha contra la desocupación. Hay que impulsarlo, casi con ansiedad. Multiplicar las cooperativas y las mutuales y apoyar a las organizaciones no gubernamentales a las que los partidos políticos no deben mirarla con cierto recelo competitivo. Hay que impulsarlas, comprendiendo que mucha gente considera la incorporación a un partido, como demasiado compromiso, y procura volcar su costado altruista hacia asociaciones que procuran solucionar problemas individualizados, tales como los derechos de la mujer o los ecológicos. Se hace perentorio apoyar el trabajo social, que bien estructurado puede ser más eficaz que el seguro de desempleo, por lo menos, sin duda, en lo que hace a la estima personal del desocupado.

LOS DERECHOS HUMANOS

Si bien las experiencias de nuestros países en cuanto hace a la violación de derechos humanos son distintas en muchos aspectos, los principios éticos sobre los que debe asentarse la construcción de la democracia, son los mismos.
No es fácil construir la democracia desde culturas políticas y hábitos cívicos carcomidos por el autoritarismo. Más difícil aún si se lo intenta en medio de una crisis económica profunda.
Vengo de un país donde se ha procurado castigar las violaciones de los derechos humanos, más duramente, según creo, que en ningún país de la tierra en toda la historia.
Pero las diferencias que advierto entre nuestras realidades me mueven a expresar ciertas reflexiones que poseen, en principio, el valor de un testimonio protagónico.
Aquellos que critican las iniciativas para limitar el juzgamiento y eventual condena a todos los responsables de violaciones a derechos humanos, adoptan una concepción absolutamente retributiva de la pena, según la cual es un deber moral penar todo delito y, si no se lo hace, se comete una injusticia tal que no puede ser compensado por ningún otro beneficio social.
Para quienes, por el contrario, sostenemos que esta concepción de la pena es difícil de justificar desde un punto de vista racional y de compatibilizar con principios de moralidad social, las prácticas punitivas se justifican moralmente en tanto y en cuanto sean eficaces para prevenir que la sociedad sufra males mayores.
Nuestro sentido común parece apoyar posiciones que tengan tanto en cuenta la vinculación entre el hecho criminal en sí mismo cometido por el agente con discernimiento y voluntad y el merecimiento de la pena, por un lado, así como las consecuencias sociales de aplicar esa pena, por el otro.
Sería irracional imponer un castigo cuando las consecuencias de esa imposición, lejos de prevenir futuros delitos, podrían promoverlos o causar perjuicios sociales mayores que los que ha causado el propio delito o su no punición.
La pena es en última instancia un instrumento, no el único ni el más importante, de formación de la conciencia moral colectiva.
Tanto la revelación de la verdad por medios fidedignos, como es un proceso judicial imparcial, como la condena moral, sirven, al igual que la imposición de penas, para que se internalice a través de la reflexión pública cuáles son los límites de las conductas que la sociedad está dispuesta a aceptar.
Por supuesto que para ello las leyes que prevén las penas a aplicar deben ser legítimas y no parece haber otra fuente de legitimidad que la que surge de la discusión y decisión democráticas, que aseguran la imparcialidad determinada por la consideración igualitaria de todos los intereses y opiniones en conflicto.
En el caso de los derechos humanos no hay garantía más segura de protección que una conciencia moral individual y colectiva en defensa de la dignidad de la persona humana. La leyes nacionales y los trabajos internacionales son valiosos instrumentos de protección de tales derechos, sobre todo en cuanto pueden servir para promover esa conciencia, pero no pueden reemplazarla como garantía última.
Es difícil determinar cómo es el proceso de deterioro de esa conciencia colectiva de respeto por los derechos humanos y cuáles son las condiciones para su recreación. Tal vez tanto el absolutismo ético como su opuesto, el relativismo, tienen incidencia en aquel deterioro, al descreer de la posibilidad de un proceso colectivo de búsqueda tentativa de la verdad a través del diálogo y la participación, lo que presupone el reconocimiento y el respeto hacia todos aquellos que puedan contribuir actual o potencialmente a ese diálogo.
Queremos señalar, además, que en una democracia plena deben existir un conjunto de derechos sociales por los cuales se sientan obligados a luchar todos los ciudadanos, sin diferencia en cuanto a la pertenencia a éste o aquél sector.
Sin embargo, tener una vivienda digna, la asistencia de la salud asegurada, la educación de los hijos garantizada, y un ingreso adecuado para desarrollar y enriquecer la propia vida, es visto no pocas veces como objetivo peculiar de un grupo -una clase, un gremio, una corporación- que por ser tal no tiene presencia ni peso en la conciencia y la cultura de otros grupos.
Al señalar esto, comprendemos que no estamos diciendo nada nuevo. Por el contrario, conocemos toda la tradición vinculada a la intención de otorgar significación relevante a los aspectos económicos y sociales de los derechos del hombre. Lo que deseamos poner de manifiesto es la necesidad de que cada ciudadano lo asuma como verdad ineluctable y lo sienta como un objetivo impostergable.
En definitiva, la democracia sólo puede construirse con sujetos democráticos. Muy a menudo se olvida esta verdad de Perogrullo. Una monarquía se puede construir con un pueblo antimonárquico. Un fascismo con un pueblo antifascista. Pero una democracia, no. Y aquí deseo expresar una convicción categórica: para un demócrata no basta con amar la libertad.
Creer tal cosa, hay que admitirlo, es una enorme falla en nuestra conciencia democrática. El hábito de limitar la universalidad a la primera serie de derechos y de relegar en cambio la segunda al estrecho ámbito de las insularidades corporativas delata una insuficiencia peligrosa en el campo de la ética de la solidaridad.
En una democracia solidaria y participativa como la que nosotros propugnamos, urge remediar esta insuficiencia. Hay que elevar en nuestra conciencia la segunda serie de derechos a un plano cercano al de la primera.
La democracia exige moral interna de derecho, que requiere generalidad, publicidad y claridad de éste, y congruencia entre la acción oficial y los contenidos de las reglas.
Esta congruencia puede verse afectada, entre otras causas, por el soborno, el prejuicio y la tendencia al poder personal. Una organización política en la que los agentes del poder, aunque elegidos por el pueblo, lo ejerzan para medrar y no para servbir, donde reine la corrupción y el peculado, y actúen según intereses no institucionales, no es una democracia en el sentido aquí expresado.
La democracia tiene que ser un sistema que no se autodestruya ni incite o invite a su destrucción, a partir de la exhibición permanente de carencias o vicios que aumenten sus debilidades y erosionen la credibilidad de los dirigentes. Antes bien, a cada flaqueza o deformación grave en las conductas y los procedimientos debe seguir el mecanismo correctivo que sólo el estado de Derecho provee.

LA INCLUSION

Por centurias, el grave problema que a los demócratas restaba resolver era el de la dimensión: encontrar la forma de aplicar la teoría a la escala de una gran nación. De esta búsqueda surgió la representación política.
También en este caso, como en la República, la representación no fue un invento de los demócratas sino la evolución de una institución medieval de gobierno monárquico y aristocrático. Sus inicios han de buscarse en las asambleas convocadas por los monarcas o los nobles (en Inglaterra, por ejemplo), para tratar decisivas cuestiones de Estado.
Demás está decir que el sistema de representación no impide la existencia de formas directas de participación, en el caso de problemas que no se resuelven a través de aquella, o, por su importancia, reclaman un pronunciamiento general.
Se ha advertido correctamente el peligro de la representación, cuando ésta se convierte en un sistema de pactos con poderes económicos. También es cierto que actualmente algunos plantean, influidos por las ideas neoconservadoras, la necesidad de votar personas y no partidos o programas.
Otro principio democrático es el de la inclusión. No es posible la democracia sin un control ejercido por los actores sociales sobre el poder político, con la misma libertad.
La exclusión, generalmente originada por problemas vinculados a la pobreza extrema, es peor que el ostracismo político y demoledora de la autoestima.
Para evitarla se requiere una ampliación del concepto de ciudadanía originado en un cambio drástico de las medidas relacionadas con la acción en procura de concretar la justicia social.
Pero hay otras formas más sutiles de exclusión, que no obedecen a las consecuencias de la pobreza, sino a la pérdida de marcos de referencia, que puede llevarnos a una desorientación extrema y a una crisis moral.
El estrechamiento del ámbito político, o la creencia en su inutilidad, porque se pretende que el mercado resuelva todo; la creciente complejidad de la sociedad que elimina el debate público porque los criterios de decisión pasarían a ser técnicos, degradan a las libertades democráticas, porque ya no serían útiles para tratar problemas sociales agudos.
No dudamos de que frente al fracaso y al estancamiento tenemos que proponernos el camino de la modernización. Pero no lo podemos transitar sacrificando los valores permanentes de la ética.
Sabemos que no hay empresa nacional sin pueblo, pero también que no hay pueblo sin personas conscientes de que su vida cotidiana forma parte de la vida de la comunidad.
Combinar la dimensión de la modernización con el reclamo ético, dentro del proceso de construcción de una democracia estable, implica la articulación de una serie de valores que se redefinen en su interacción, puesto que la modernización es calificada por sus contenidos éticos y la ética lo es por el proceso de modernización.
Aquí es preciso rescatar la idea de pluralismo, entendida, no sólo como uno de los valores fundantes de la democracia, sino también como mecanismo de funcionamiento político o, más precisamente, como un procedimiento para la adopción de decisiones, que supone asumir como legítimos el disenso y el conflicto. La reivindicación del disenso, sin embargo, no nos debe llevar a una suerte de neoanarquismo ingenuo que rehabilite al conflicto permanente y descontrolado como una presunta virtud democrática.
El ejercicio responsable de las divergencias y las oposiciones supone un consenso básico entre los actores sociales, esto es, la aceptación de un sistema de reglas de juego compartidas. El disenso democrático implica, pues, como condición de su ejercicio, un orden democrático.
Pero este orden democrático no debe ser concebido exclusivamente como un límite a las iniciativas de los actores políticos individuales y colectivos. Por el contrario, dicho orden debe definir las modalidades legítimas positivas de la participación política. O, si se quiere, promover e instaurar una relación de reciprocidad en virtud de la cual los actores, al tiempo que se avienen a compartir un sistema normativo común, adquieren el derecho y asumen el deber de intervenir activamente en la adopción de las decisiones políticas.
Como garante del adecuado funcionamiento de las reglas del juego democráticas y como canalizador y promotor de la participación de los ciudadanos, el papel del Estado es fundamental, particularmente en una etapa de consolidación democrática como las que viven nuestras sociedades.
Estoy en contra de los que afirman que la presión de la opinión pública es absolutamente decisiva en las determinaciones de los políticos. No les brinda la verdad sobre un determinado objetivo que se ha propuesto, pero en cambio lo orienta para determinar el grado de resistencia o viabilidad que tiene su proyecto. No define su accionar, a no ser que se transforme en un simple e inmoral seguidor de encuestas, pero le obliga a veces a seleccionar el camino a seguir para concretar su finalidad y a medir el esfuerzo, los riesgos y los costos que llevará implícito su empeño.
En un sentido similar, se ha sostenido que el espacio de los partidos políticos es muy estrecho, pues resultan tironeados por lobbies, demandas sociales, ideólogos y los propios aparatos internos, por otra. Así como que, si se consideran portadores de un modelo social, la democracia se debilita, del mismo modo que se hace más fuerte si se da un conflicto general entre diversos actores sociales. Ante afirmaciones de esta naturaleza, cabe preguntarse si esta situación de disenso generalizado es realmente compatible con la democracia, cuyo marco requiere consensos esenciales.
También se ha sostenido que la complejidad de la representación política se incrementa y se debilita su autonomía a medida que crece el predominio del Estado sobre la vida social. Pero más cierto es que la democracia se debilita si carece de un rumbo indispensable para evitar que quede desamparada frente a determinados intereses económicos o a las demandas de la minoría de las que el Estado puede preservarla. La ciudadanía abarca la preocupación por la cosa pública y la mayor compatibilidad posible entre las demandas sociales y las decisiones del Estado.
Asimismo, se ha postulado que para afianzar la democracia se requiere una confianza mutua y disposición a la cooperación entre el pueblo y las élites.
Por mi parte, pienso que en la situación actual, cuando las élites han cobrado tanta preeminencia y parecen insaciables en sus apetitos hegemónicos, aun comprendiendo la necesidad de superar la violencia y cualquier extremismo, estos argumentos deben ser sometidos a un más detenido análisis.
También se ha hablado de partidocracia, que pienso que significa tiranía de los partidos (y si no, no significa nada), pero hoy en día, al menos, no encuentro que este presunto riesgo dé motivo para protestar contra el régimen de los partidos. Sobretodo, cuando observamos cotidianamente que el ataque a la autonomía individual proviene de una derecha hegemónica que cada vez aguanta menos la pesada liturgia parlamentaria y desea que no exista intermediación alguna entre su presencia en el poder y quienes pretende que lo detenten en su nombre.
Estoy igualmente en contra de quienes sostienen la existencia dicotómica en una sociedad de comunidades, que vendrían a ser la expresión de lo virtuoso y asociaciones, entre las que se encuentran los partidos políticos, que se basan en intereses y cada uno de sus miembros considera a los demás como medios para conseguir sus fines.
Es impensable una democracia sin partidos. Quiero agregar que el egoísmo de los sectores detentadores del poder económico, que como expresé no siempre toleran la intermediación política, han encontrado en las ideas neoliberales y muy especialmente en las relacionadas a la nueva visión de la sociedad civil, el basamento de una suerte de ideología que a mi juicio sólo comienza con el endiosamiento del mercado, pero que inexorablemente, si no logramos ponerle freno a tiempo, ha de terminar por una vía muy distinta a la esperada por los contradictores del totalitarismo, en una suerte de liquidación de los propios fundamentos organizacionales del más restringido liberalismo y consecuentemente, hasta en la negación de la libertad negativa.
Se hace indispensable comprender que los partidos políticos deben ser parte de un todo y no compartimentos estancos en los que el diálogo propio de la acción política sea inviable. Debe entenderse definitivamente que la política es diálogo. Si así no fuera, sería violencia. Desgraciadamente en nuestros países suele darse una circunstancia especial. A través del tiempo se ha producido un distanciamiento cada vez mayor entre partidos populares que proponen similares objetivos o expresan doctrinas absolutamente compatibles. En buena medida, esto se produjo por un problema electoral: en la práctica se discutía el voto de los mismos sectores sociales. Esto no puede seguir, y de hecho se están produciendo alianzas que sin debilitar el sentido de un proyecto político claramente definido en sus esencias, procuran consensos indispensables para eliminar el enorme contraste social que si bien se extiende peligrosamente en el mundo entero, se padece de manera especial en América Latina y enfrentar con mejores posibilidades de éxito los desafíos que le plantea el mundo desarrollado a su capacidad de decisión nacional.
Es innegable que existe un deterioro de los instrumentos de representación. Las sociedades manifiestan hoy un creciente malestar hacia la política y los partidos políticos, que no son vistos como herramientas que puedan expresar sus intereses y sus demandas. La desconfianza hacia los políticos se produjo por el desencanto propio de crisis prologadas, pero también por escándalos de corrupción. Las sociedades se sintieron razonablemente defraudadas luego de haber superado las dictaduras militares y depositado en ellos toda su confianza. Y si bien no han perdido el espíritu democrático ni añoran el autoritarismo, la aparición en algunas regiones de ciertos líderes neopopulistas que se presentan como salvadores providenciales y apolíticos debe ser cuidadosamente evaluadas para evitar males mayores. Se ha producido una brecha entre las demandas ciudadanas y el sistema político que se manifiesta en desilusión, descreimiento y desconfianza. Por otra parte, cada vez son más numerosos los grupos ostensiblemente antidemocráticos que afirman que los técnicos deben abandonar su papel de simples asesores de los políticos, y resueltamente determinar independientemente la agenda y las resoluciones del Estado, porque resulta inconveniente y hasta inaguantable una subordinación hacia quienes no tienen los suficientes conocimientos en aspectos cada vez más complejos de la realidad. ¿Se imagina el lector una discusión entre miles de científicos, que careciendo de una visión general de la problemática de un país, se baten a muerte para priorizar soluciones vinculadas a sus respectivas especialidades?
Se ha criticado los acuerdos entre distintos partidos políticos que, se dice, pueden diluir los principios de cada uno y concluir en definiciones centristas.
El problema, tal cual yo lo veo desde mi particular ámbito de observación, tiene características un poco distintas: los acuerdos interpartidarios comienzan a hacerse necesarios, para adquirir la eficacia imprescindible a fin de defender los componentes democráticos de la institucionalidad, sobrepasados por la influencia de los sectores económicos más importantes y por los medios de difusión que se ponen a su servicio.
Por otra parte, resulta indispensable que los partidos políticos más o menos afines en sus concepciones, dejaran de ser entre sí los más duros oponentes luchando por la misma clientela electoral y se decidieran a marchar juntos en pos de objetivos comunes.

LA PARTICIPACIÓN

No hay sociedad democrática sin disenso; tampoco la hay sin reglas de juego compartidas; ni la hay sin participación. Pero no hay además ni disenso, ni reglas de juego, ni participación democrática sin sujetos democráticos.
¿Qué es un sujeto democrático? Simplemente, aquel que ha interiorizado, hecho suyos, los valores éticos y políticos antes expuestos -legitimidad del disenso, pluralismo como principio y como método, aceptación de las reglas básicas de la convivencia social, respeto de las diferencias, voluntad de participación.
En países con arraigadas tradiciones autoritarias, la emergencia de sujetos democráticos no va de suyo; es una tarea, una empresa. Desde el punto de vista de los individuos es, a su vez, un aprendizaje producto de experiencias, de ensayos y errores, de frustraciones y gratificaciones. Durante años, ha sido un aprendizaje solitario y desvalido. El Estado democrático debe contribuir decisivamente a consolidar y acelerar ese aprendizaje, y el discurso político ayudar a que las rutinas democráticas se conviertan en hábitos queridos y compartidos por la ciudadanía.
Corresponde también a los partidos políticos promover la voluntad de democratización de la sociedad toda, operando como verdaderas escuelas de civismo. A este empeño deben sumarse las organizaciones representativas de las distintas franjas del quehacer colectivo, tanto en lo económico como en lo cultural y lo espiritual. No menos importante será la función del sistema educacional y de los medios de comunicación, que deberán asumir la creciente cuota de responsabilidad que les corresponde en una sociedad moderna.
El ejercicio de la democracia debe superar los niveles más restringidos de la decisión gubernamental, para alcanzar los de la vida cotidiana, en una búsqueda común de solidaridad, racionalidad, y creatividad a fin de resolver las distintas urgencias que enfrentamos. Las decisiones deben ser asumidas como resultantes de una participación que se articula desde los niveles más elementales hasta los más complejos a través de una cadena ininterrumpida de discusión y control ciudadano.
De tal modo, la sociedad participativa no es una sociedad anárquica ni caótica. Es, por el contrario, la única sociedad funcional y organizada, la única verdaderamente compatible con la preservación de los valores básicos que la democracia ha instaurado y la única que evitará los riesgos de la ingobernabilidad.
Las respuestas de participación deben estar necesariamente entrelazadas con la vida cotidiana y los intereses más vitales de cada persona. Deben estar orientadas a sus aspiraciones más importantes y vinculadas con la satisfacción de necesidades concretas de modo que cada hombre -y particularmente los jóvenes- se sienta hacedor de su propia vida y constructor de la nueva sociedad.
El concepto de esta democracia participativa que hay que impulsar representa una extensión e intensificación del concepto moderno de democracia, y no se contrapone en modo alguno al de democracia formal. Toda democracia es formal, en tanto implica normas y reglas para contener, delimitar y organizar la actividad política y el funcionamiento de las instituciones del Estado y de la sociedad. Y toda democracia, por definición, implica también la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas. De lo que se trata, entonces, es de ampliar las estructuras participativas y dar canales de expresión adecuados a los partidos políticos, las organizaciones sociales, los municipios, las instituciones barriales y vecinales. Estamos convencidos de que cuanto más una persona participa junto a otras en la acción, con miras a ciertos fines colectivos, tanto más cobra conciencia de esos fines y se siente entonces más impulsada a trabajar mancomunadamente para alcanzarlos.
Nadie duda que la educación desempeña un papel central en la construcción de una sociedad democrática, participativa, solidaria y moderna.
De ella depende, de manera principal, el desarrollo de una cultura democrática y secundariamente, la formación de hombres y mujeres aptos para dar respuestas a los crecientes desafíos de los cambiantes y cada vez más complejos sistemas de producción.
Se trata, en consecuencia, de educar para la libertad y de educar para el cambio. De ayudar a formar seres libres y responsables y además capaces de asumir las nuevas formas de trabajo y convivencia que impone el desarrollo tecnológico de nuestro tiempo.
Hay que comprender que estos dos objetivos se vinculan y no pueden ser encarados separadamente. La democracia como cultura y como orden institucional, necesita asegurar su propia continuidad asentándose sobre bases de desarrollo y de progreso. Estas bases, por su parte, sólo pueden construirse auténticamente en un régimen de libertad que garantice vastos márgenes a la innovación y a la creatividad individuales.
Por eso, los autoritarismos, aún aquellos que pretenden conducir procesos de cambio, terminan por inhibir el desarrollo de aptitudes requeridas por la constante evolución del mundo.
Debemos procurar desplazar la enseñanza de la inducción de ideas y provocar el democrático debate de ideas, para ir de la regimentación a la libre creatividad; del dogmatismo al análisis racional. Aunque la labor docente es amplia y abarcadora, es bueno no confundir la misión del maestro, con la función del adoctrinador, porque la enseñanza no puede ser domesticación, ni aherrojamiento cultural. Dicho esto sin olvidar la voluntad de los sectores satisfechos, de imponer pautas culturales propicias a sus intereses, a los grupos más desprotegidos.
Educar para la libertad significa emprender una tarea para colmar de una cultura democrática al aparato institucional, de modo de sumar a ese ordenamiento externo, una subjetividad acorde con él, para que sea vivida, convertida en cultura popular, en hábitos, en rutinas, en contenido permanente de nuestras conductas.
Encarar pues el problema de la enseñanza requiere, quizás por encima de cualquier otra consideración, tener en cuenta la trayectoria antidemocrática que ha seguido la actividad pedagógica en algunos países.
La deformación autoritaria de la enseñanza a través del tiempo, impregna sus contenidos, sus procedimientos, las relaciones entre docentes y alumnos y la vinculación de la escuela con la sociedad.
Pero hay que tener cuidado con las intenciones, que aparecerán, excluyentes y aristocratizantes, cuyas recurrentes expresiones están siempre vinculadas a la caída de las asignaciones presupuestarias, al bloqueo del acceso a los establecimientos de enseñanza, especialmente en el nivel superior, al debilitamiento de la universalidad, la gratuidad y la obligatoriedad, requerimientos de una sociedad básicamente igualitaria; a la imposición de un papel pasivo a los beneficiarios de la enseñanza, excluidos de cualquier participación, al deterioro de la investigación científica y a un cierto carácter elitista, que poco a poco comienza de nuevo a empapar la totalidad del sistema.
La Universidad tiene una responsabilidad estratégica. Debe transformarse, modernizarse, innovar, ser capaz de crear conocimiento y transferirlo al tejido productivo para desarrollar una tecnología autónoma y formar científicos capaces de investigar y transmitir el saber generado en otras partes.
Si no se le permite desempeñar este papel, no se alcanzará la modernización anhelada, no habrá proyecto de país exitoso y no estaremos en condiciones de brindar mejor calidad de vida a nuestros pueblos.
Vinculado al tema, otro desafío enorme es el de los medios masivos de difusión. Si el tema de la prensa es tratado desde el punto de vista de un demócrata, queda claro que no es menester insistir en la necesidad de la libertad, ni reiterar conceptos de la Declaración de los Derechos del Hombre. Quiero sí afirmar enfáticamente mi repudio a la manipulación de la opinión pública y la importancia, señalada reiteradamente, de la libertad de elección de los medios de información.
Con la democracia se abandona la idea del poder legitimado en una suerte de consenso tácito, predeterminado, originado en la costumbre y comienza a sustentarse en el debate de las distintas opiniones políticas e ideológicas.
El poder político dejó de ser concebido como una relación de mando y obediencia, porque tenía que ser construido comunitariamente y con la participación de todos.
Esta sigue siendo la lucha de la democracia: primero, para instalarse, contra el Estado autoritario. Luego, para consolidarse y avanzar contra relaciones jerárquicas de subordinación política y culturales vinculadas a estructuras económicas y sociales que generan nuevas formas de predominio. Logró que el hombre dejara de ser súbdito y se convirtiera en ciudadano, pero falta mucho para que, auténticamente liberado de cualquier opresión, esté en condiciones de influir racionalmente en la construcción del poder.
Los defensores de las distintas versiones de la democracia elitista, utilizan los medios de comunicación para invertir la tendencia a la democratización del poder, de modo de facilitar el mantenimiento de una estructura social que favorezca la supervivencia de formas de dominación ilegítimas, a través de la desinformación y la manipulación.
La manipulación no es una enfermedad de la prensa. Es una patología de la democracia. Atentar contra la libertad de prensa, es un crimen. El tratamiento intencionado de la información, es una aberración. Y creo que no necesito aclarar que cuando digo esto, no estoy negando el derecho de cualquier medio a emitir opinión o intentar hacer docencia. Lo que sostengo es la necesidad de que la información sea objetiva e imparcial.
Solamente por medio de la información, el ciudadano puede encontrarse en condiciones de participar y consiguientemente sentirse y ser no sólo espectador o testigo de lo que acontece, sino además prepararse para actuar. Cuando se tergiversa la realidad o se ocultan los hechos o se silencia el mensaje, se engaña al protagonista de la democracia, que es el hombre y se la debilita seriamente porque se afecta la conexión entre la decisión que toma, y la verdad de lo que sucede..

LA GOBERNABILIDAD

Otro tema que creo nos preocupa centralmente es el de la gobernabilidad.
Existe una forma de entender la gobernabilidad, restringida y sesgada, que la limita al control de los reclamos económicos y sociales frente a demandas que son consideradas incumplibles. Para esta perspectiva, que se expresa tanto en la política como en el campo académico o cultural, el disenso resulta una amenaza. Algo que debe ser suprimido. Se impone así una política de confrontación.
Curiosamente, esta concepción estrecha de la política, pretendida guardián de la disciplina y de una falaz armonía social, basada en falsos consensos que destruyen convicciones e ideales, ha prohijado y contribuido a generar los más abultados y gravosos desequilibrios en nuestras estructuras sociales, productivas e, incluso, nuestras integridades nacionales.
Este es precisamente el modelo de comprensión y de abordaje de los más graves problemas y desafíos que seguramente enfrentamos.
Los ciudadanos son los verdaderos sujetos protagónicos de la gobernabilidad. Sin ciudadanía en plenitud de sus derechos no hay gobernabilidad perdurable. Esto es lo que no entienden o no aceptan los fundamentalistas de los mercados, algunos consultores o tecnócratas. Esto es lo que sí interpretan los dirigentes, los técnicos, los especialistas en economía política, los empresarios sensatos que piensan en términos del conjunto. Los ciudadanos, en tanto usuarios, consumidores, productores, trabajadores, empresarios, profesionales, no pueden permanecer ajenos a decisiones que originan consecuencias significativas sobre la calidad de sus vidas y sobre el funcionamiento, las metas y los valores de la sociedad.
Mayor participación, es mayor gobernabilidad. La eventual ingobernabilidad deriva del intento de mantener a grandes capas de la población al margen de la participación en la toma de decisiones y sus consecuencias prácticas y cotidianas. Los ciudadanos se vuelven ingobernables cuando se sienten instrumentos pasivos de decisiones que adoptan otros, cuando las dirigencias de cualquier clase se les oponen como élites cerradas , cuando son convertidos en masa.
La gobernabilidad no se ataca desde la sociedad, sino desde prácticas políticas que impiden la acción de los gobiernos debido a deformaciones del sistema representativo, por negligencias en los análisis de los problemas que es imprescindible solucionar, por superficialidades demagógicas o emocionales, y, en los casos límite, por inescrupulosidades de quienes desean el fracaso del gobierno de turno, para llegar al poder.
Para el pensamiento neoconservador un sistema es ingobernable cuando debe soportar demasiada demanda. Se lo ha ejemplificado con la búsqueda de la participación y de la igualdad de oportunidades, dos claros componentes de la democracia según nuestro concepto. Para los sectores progresistas en cambio, la gobernabilidad está vinculada a la posibilidad real de concretar sus programas priorizando la ética y la política sobre la economía y poder concretar al mismo tiempo la libertad y la igualdad.
Desde otro punto de vista, hay dos problemas de gobernabilidad que están generalmente muy estrechamente relacionados entre sí. Uno es de carácter interno y está señalado por el hecho de que la política pueda ser más fuerte que los lobbys empresarios y a que seamos capaces de contener demandas imposibles de cumplimentar en el corto plazo aunque sean legítimamente anheladas. Un gobierno de esta naturaleza deberá superar problemas tanto en el campo económico como en el social. En cuanto al primero, resulta evidente que cualquier país que se precie cuenta con grandes empresas. Se hace imprescindible negociar con ellas para que sirvan al interés nacional.
Pero el apoyo fundamental en el que debe basarse un gobierno progresista es en las pequeñas y medianas. Su defensa y promoción, sobre todo a través del crédito y del asesoramiento tecnológico debe constituir un objetivo fundamental.
Con relación al otro sector, el social, hay que tener en cuenta las enormes dificultades con que se va a encontrar cualquier gobierno para resolver rápidamente situaciones caracterizadas por altísimos índices de desocupación, precariedad del trabajo, disminución de los salarios reales y déficit increíbles en materia de educación y salud. No cabe duda de que las organizaciones sindicales, a las que deseamos fuertes y democráticas en su constitución, aunque debilitadas por la delicada situación económica, han de procurar soluciones inmediatas que no han de poder satisfacerse de un día para el otro.
Se hace necesario, en consecuencia, partidos políticos leales a la democracia, ya sea que gobiernen o se encuentren en la oposición. Y también, capaces de hacerse asesorar por técnicos especialistas en las diversas materias que los convocan al estudio, pero jamás dejarse suplantar, o como se dice vulgarmente escabullir el bulto ante una cuestión difícil, delegando la decisión. Esto es cobardía, y nada hace en defensa de la democracia.
Digamos de paso que en los gobiernos de coalición, debe haber un mínimo de consensos básicos, capaces de superar en su seno las lógicas tendencias a los disensos. En otras palabras, no puede suponerse un gobierno de entendimiento nacional constituido por absolutamente todo el arco político del país, de un extremo al otro.

LOS DEFICIT DE LA DEMOCRACIA

No digo nada nuevo cuando señalo que la democracia produjo severos desencantos debido al incumplimiento de sus objetivos. Es cierto: se ha hablado de los déficit en materia de autogobierno y de igualdad así como de deformaciones en los sistemas de representatividad, demoras en el tránsito a la democracia social y fallas en la educación para la ciudadanía.
Se ha contestado que hay que evitar exigirle demasiado a un gobierno de modo que lo que se asegure sea la libertad de eliminarlo por sus errores, pero no la de elegir los programas políticos supuestamente mejores, porque no se advierte si hay que admitir que no se podía avanzar más, o si verdaderamente existían otras soluciones.
Creo que es una posición a tener en cuenta, siempre y cuando no se caiga en el error neoliberal de limitar la democracia en su evolución, ni en la simplificación de acudir a la resignación frente a la injusticia en vez de aceptar racionalmente los límites del avance.
Quizás tengan razón quienes rechazan tanto la versión ortodoxa del intervencionismo estatal, como la del capitalismo estatal, para afirmar que el Estado debe intervenir complementariamente en la economía, a fin de corregir las disfuncionalidades del mercado.
Es que la concepción de una sociedad justa, pensada como alternativa a la crisis, supone un pacto social que se articula a través de la proyección de dos principios: el de la libertad y el de la igualdad. En este sentido, es necesario tener presente que el valor de la libertad depende de cómo ella está distribuida y que el valor de la igualdad depende de qué es lo que se distribuye en forma igualitaria. Por un lado, todos tienen el mismo derecho a gozar efectivamente de la libertad; por otro, la distribución igualitaria debe comprender todos aquellos recursos necesarios para el ejercicio pleno de la libertad. De este modo, la aparente tensión entre libertad e igualdad se supera a través de una distribución igualitaria de la libertad.
Este es el núcleo de una ética de la solidaridad. La libertad equitativamente distribuida implica el deber de mejorar la situación de los menos favorecidos. Supone además, un enfoque amplio de los derechos humanos. Ellos se violan no sólo por agresiones directas sino también por la omisión de proporcionar los recursos para una vida digna y autónoma.
Ese es el sentido que prima en las mejores expresiones de la cultura política contemporánea, que ven a la democracia como una combinación superadora de tradiciones ideológicas y que amalgama, en una imagen ética de la vida, los aportes del liberalismo, del socialismo y del socialcristianismo.
Hoy en día se sostiene por muchos que la realidad del capitalismo no es coherente con la ideología social y política que alientan las sociedades, puesto que está produciendo graves desigualdades de ingreso y riqueza, incompatibles con la idea democrática.
Desde otro punto de vista, se señala el déficit de la falta de información, con la remanida excusa del secreto de Estado. No voy a negar esta afirmación, ni ocultar la repugnancia con que observo estas verdaderas imperfecciones de la democracia, pero a fuer de ser sincero, creo de mi deber efectuar algunas precisiones. No tengo dudas que la democracia reclama la publicidad de los actos de gobierno y la mayor transparencia de la función pública. Sin embargo, del mismo modo que resulta despreciable el argumento que considera al pueblo como elemento pasivo del poder, existen en realidad secretos de Estado. Se me ocurre en este momento un ejemplo. Las fuerzas armadas de cualquier país ser organizan, estructuran y adiestran según un conjunto de hipótesis de conflicto que inexorablemente deben mantenerse en secreto.
En cuanto a la llamada mentira útil, siempre hay que huir de ella, por dignidad personal y por interés, puesto que pocos asertos son más claros que el que nos dice que la mentira tiene patas cortas. Pero hay una actitud menos grave y más sutil, que a veces es necesario asumir: el silencio, o peor aún, la ambigüedad. Creo, por ejemplo, que el jefe de gobierno de un país democrático debe cuidar el grado de exposición a la prensa, porque no puede tener la ingenuidad de suponer que algunas preguntas no van a estar orientadas a la satisfacción de determinados intereses relacionados con negocios particulares. Puedo citar el caso de la necesidad de efectuar una devaluación de la moneda: esto es algo que un presidente responsable no puede decírselo ni a su almohada.
Desde luego, que en una democracia este tipo de conducta debe ser reducido al mínimo indispensable, puesto que debe respetarse el principio de la publicidad del poder, propio de los modernos Estados constitucionales.
Finalmente, creo que resulta fundamental buscar una mirada amplia del proceso histórico en el que estamos inmersos. Muchas veces se ha empleado y se sigue empleando el término "revolución" para designar un cambio brusco y violento del esquema político formal de una sociedad o la sustitución de sus dirigentes. Pero las revoluciones en sentido estricto se producen en los "tiempos largos". Desde esta perspectiva, tal vez las dos grandes revoluciones que sacudieron a la humanidad en los últimos siglos sean la revolución industrial y la revolución democrática. Una, porque modificó sustancialmente la organización de la actividad económica, que en líneas generales había mantenido un perfil similar desde los albores de la historia, incorporando a la producción los instrumentos y las metodologías derivadas de los nuevos conocimientos científicos y técnicos. La otra, porque replanteó de manera radical las viejas concepciones del poder y de las relaciones entre los hombres.
La democracia moderna nace de la república, bajo el signo de la esencial igualdad de los hombres en tanto sujetos jurídicos y políticos. Sus primeras conquistas, que preceden como hemos dicho a las del sufragio y a las de la representación, son las de la justicia independiente, las de la división y limitación de los poderes, las de su sujeción a sistemas normativos que no emanan de ellos mismos. Los gobernantes pasan a ser responsables de sus actos ante la ley, una ley cuyos principios son superiores a cualquier voluntad personal o grupal. A este esquema se incorporan luego, lentamente, los criterios de representación y participación. La adopción de reglas y la toma de decisiones pasan a ser facultades de todos los ciudadanos en su conjunto, a través de sus representantes. El único precedente tendría que ser buscado en la sociedad ateniense, pero no olvidemos que en ella esos derechos sólo correspondían a los hombres libres, mientras no regían para los esclavos. La democracia moderna extiende esos derechos a todos los integrantes de una sociedad y ello constituye una revolución profunda, una revolución que separa en dos la historia de la humanidad.
Esta revolución aún no se ha terminado de cumplir, si es que la entendemos como la instauración de una forma de vida y no como una mera forma de gobierno. Las naciones más adelantadas, aquellas en las que también se ha desarrollado integralmente la revolución industrial y se encuentran en el umbral de una nueva revolución tecnológica, han avanzado también mucho en el terreno democrático, pero la democracia, en sentido estricto, nunca se alcanza, pues no es un sistema cristalizado sino una metodología de convivencia y participación que se tiene que ampliar y adecuar constantemente de acuerdo con los cambios sociales y económicos.
Debe hacerlo así, precisamente, para lograr la concreción de sus valores impulsores básicos, de esa concepción del hombre y de la sociedad que tiene sus fundamentos en la libertad, en la igualdad, en la solidaridad. Esa plasticidad del ideal democrático es lo que le da vigor y actualidad permanentes. No es un ideal estático sino dinámico y su persecución obliga a una constante extensión y profundización de su implementación concreta, a una búsqueda ininterrumpida de nuevos mecanismos institucionales y de nuevos ámbitos de penetración en la vida social. Los derechos humanos constituyen la fuerza generadora permanente de la teoría y de la práctica de la democracia, en tanto representan la concepción del hombre como un sujeto libre y autónomo, al mismo tiempo que como parte indisoluble de una sociedad que también debe tener en la libertad y la autonomía los principios orientadores de su articulación interna.
La democracia así concebida, restituye la fuerza transformadora que nunca debe perder e incluye en su marco los esfuerzos en procura de una sociedad mejor para todos sus miembros que en determinadas circunstancias históricas se canalizaron a través de otras denominaciones políticas. En este sentido, no cabría ya contraponer, por ejemplo, el ideal socialista al democrático, en cuanto una concepción integral de la democracia no puede dejar al margen de su formulación y su práctica un ámbito tan decisivo para la realización del individuo como lo es el del trabajo productivo. Nosotros consideramos que no puede haber democracia cabal sin tal supremacía, como tampoco la puede haber sin la afirmación del sentimiento de solidaridad entre los hombres que han reivindicado las corrientes políticas del social-cristianismo o aun del conservatismo más lúcido.
La asunción de los derechos del hombre como valor aglutinante es lo que permitirá la convergencia, en esta hora crucial de nuestra historia, de hombres y fuerzas provenientes de diversas tradiciones políticas que de un modo u otro, a pesar de las discrepancias y aun de los circunstanciales enfrentamientos, han venido luchando por plasmar en realidades sociales los valores esenciales de la democracia, esos valores que han presidido el surgimiento de la civilización contemporánea, que aún la sustentan y que deberán ser también los que orienten y den sentido a su futuro.
De todos modos es interesante que cite la siguiente reflexión: al juzgar un régimen no democrático, tenemos que considerar la dinámica y dirección del cambio. No es lo mismo que avance hacia la represión o hacia un proceso republicano y posteriormente democrático. No hay que olvidar que en la historia, fue lento el ritmo de la democratización. La igualdad política no es algo a alcanzar a expensas de la libertad, como creía el pensamiento conservador, sino, por el contrario, un medio para lograr una distribución equitativa de la libertad, así como igualdad de oportunidades para el desarrollo personal y los valores propios del ser humano.
Pero está muy claro que todavía tendremos que esperar mucho tiempo para que la democracia logre la igualdad de poder político, vinculado directamente a la condición económica de cada uno, aunque se puedan admitir desigualdades toleradas por el conjunto, que a mi juicio son sólo aquellas que no lesionan la idea de la igualdad de oportunidades en un sentido amplio y profundo.
La democracia -se ha sostenido con razón- impide injusticias que siempre incrementa el autoritarismo. Pero el tutelaje es propio de las entidades económicas. Y si el trabajo es primordial para la gente, se justifica implantar en ellas un proceso democrático. Muchos, se insiste, pensarán que es una medida no realista... Pero hasta hace poco en el tiempo histórico, se decía lo mismo del sufragio universal.

LA INTEGRACIÓN

América Latina, por lo menos América del Sur, se presenta como una alternativa posible para el logro de una integración decidida. Se requiere consolidar y en algunos casos recuperar sistemas democráticos que faciliten la cooperación sin disputas hegemónicas de modo de preservar las identidades nacionales e inaugurar nuevas formas de convivencia interna y externa, basadas en los principios de la libertad y de la equidad.
A los pueblos latinoamericanos nos unen muchos más factores que los que nos dividen. Aun más, en estos momentos estamos enfrentando un grave problema común, el de la deuda externa, que pesa sobre nuestras economías como pesaron sobre los pueblos europeos los efectos devastadores de las dos guerras mundiales. Hacer frente a la deuda implicará para nosotros la misma función impulsora y concentradora de esfuerzos que tuvo la contienda bélica para quienes la padecieron. Nosotros debemos superar el problema de la deuda externa por la única vía útil, que es la de la democracia, y en ella la del crecimiento, y la del reclamo conjunto en búsqueda de justicia, que sólo será eficaz mediante la integración.
Debemos confluir hoy en la voluntad de trabajar por la constitución de una América Latina democrática, fuerte, fraterna y en crecimiento, que permita alcanzar la verdadera liberación en el respeto a la dignidad de todos y asegurar la real soberanía de nuestros Estados.
Para lograrlo hay que evitar el miedo a estar en contra de la corriente política prevaleciente, de modo de no transigir en nuestras convicciones ni olvidar nuestros principios: el único pez que va siempre a favor de la corriente, es el pez muerto.
El neoliberalismo tuvo la osadía de afirmar que la democracia no es un valor fundamental. Nosotros afirmamos que lo que precisamos es más democracia.
En la defensa de nuestra identidad adquiere relevancia el problema económico. Los pueblos de Estados Unidos y Europa Occidental saben hasta qué punto la continuidad de sus sistemas democráticos se afianzó a raíz del desarrollo y la prosperidad.
Inversamente, nosotros en América Latina tempranamente conocemos que la democracia tropieza con enormes dificultades para sobrevivir en sociedades signadas por las crisis, el subdesarrollo, y la marginación. No es fácil preservar los valores democráticos cuando vastos sectores no integran el mercado, cuando la miseria despoja de su dignidad a los seres humanos, cuando la ausencia de opciones quita sentido a su libertad, cuando la ignorancia hace difícil valorar el respeto al disenso.
Constituye una amarga paradoja que las democracias avanzadas que nos alientan a consolidar nuestras instituciones sean las mismas que nos castigan discriminándonos comercialmente.
Marginados comercialmente, también quedaremos apartados de las corrientes financieras indispensables para generar recursos que se canalicen hacia la inversión, la promoción del desarrollo y la resolución del problema de la deuda externa.
Además, en cuanto a la transferencia de conocimientos ya estamos sufriendo una gran embestida de los países avanzados, que preconiza una protección amplia, rigurosa y prácticamente sin límites de los derechos a la innovación, que dificultará aún más las posibilidades de desarrollo de nuestros países.
Así como en el interior de los Estados Nacionales la protección de los más débiles se logra a través de la vigencia plena del Estado de derecho, en las relaciones internacionales la protección efectiva de los países menos poderosos se logra por la vigencia irrestricta del Derecho Internacional.
Para fundar un orden internacional basado principalmente en el Derecho, más que en el equilibrio de fuerzas, se hace necesario potenciar y extender el multilateralismo, tanto en el terreno estrictamente político como económico. En todos los foros, debemos trabajar intensamente por la convivencia cooperativa de naciones libres e iguales.
La integración por bloques económicos supone mercados ampliados, que aún con sus dificultades, ayudarán a superar la profunda crisis estructural por la que atraviesan nuestras economías, propiciando corrientes de auténticas inversiones y posibilidades de producción a escala mayor.
La crisis del Estado, demanda producir cambios y modificaciones en el rol del propio Estado para lograr el cumplimiento de sus fines esenciales. Es el tiempo de los grandes espacios regionales donde el desarrollo económico depende cada vez menos de un país en particular y cada vez más de la integración regional, que, de paso, sirve para evitar los efectos negativos de especulaciones financieras impulsadas por la globalización.
Necesitamos crear en nuestra región, un sistema que facilite nuestra integración, sobre la base de la indispensable democratización general: compatibilización cambiaria, intercambio comercial libre, conjunto de normas jurídicas compartidas, y una voluntad común de fijar las reglas de juego de acuerdo a nuestros propios intereses sin aspiraciones hegemónicas y sin falsas competencias, fortaleciendo el establecimiento de bases políticas sólidas de integración.
Una dificultad adicional plantea el tema de la deuda externa, sin cuya definición será más difícil generar políticas económicas con reglas de juego más claras.
Se requieren también políticas públicas activas para mejorar las condiciones de oferta de la región.
Será necesario tener en cuenta que el camino de la liberalización, sin programa de cooperación conjunta, pone en peligro la existencia de muchas empresas generándose costos sociales y económicos de otra manera evitables.
De aquí resulta que una regulación estatal sea imprescindible. Este proceso debe darse conjuntamente con la reforma del Estado, su desburocratización y democratización, lo cual ha de formar parte de la nueva y necesaria fase de transformación.
La situación se agrava porque en muchos países de América Latina han desaparecido programas sociales y han caído las inversiones públicas, que han dejado de ser un elemento dinámico.
Otro tema singularmente importante es el de la apertura de la economía. Yo prefiero hablar de integración a la economía mundial. Estamos de acuerdo con una apertura por la importación y por la exportación que nos permita defender racionalmente las industrias al tiempo de su nacimiento y que se extienda en un marco internacional signado por la justicia y la equidad, superando las irritantes hipocresías de quienes nos reclaman que levantemos un altar al libre comercio internacional, mientras todos los días oran en el del proteccionismo.
Pienso también que el mercado requiere ser regulado para evitar deformaciones tales como monopolios y oligopolios y que además el Estado no puede abandonar su papel redistribuidor, ya que el mercado aumenta la brecha entre el rico y el pobre; ni su tarea al servicio del desarrollo, puesto que el mercado no siempre define correctamente las estrategias correspondientes.
En lo que concierne a vivienda y escolaridad, jubilaciones y seguro de desempleo, un sistema de salud moderno y asignaciones familiares, debe pensarse en las políticas sociales no como un fruto relativamente tardío de la democracia, sino como una precondición para su consolidación y su supervivencia.
Como dije antes, lo más importante, lo fundamental y sin lo cual es imposible pensar en el futuro, es la educación. Educar a nuestros pueblos debe ser la consigna que nos guíe. Nadie puede hoy dudar que la educación desempeña un papel central en la construcción de una sociedad democrática, solidaria y moderna. De ella depende, de manera principal, el desarrollo de una cultura democrática, y secundariamente, la formación de hombres y mujeres aptos para dar respuestas a los crecientes desafíos de los cambiantes y cada vez más complejos sistemas de producción. Se trata, en consecuencia, de educar para la libertad y de educar para el cambio. De ayudar a formar seres libres y responsables y además capaces de asumir las nuevas formas de trabajo y convivencia que impone nuestro tiempo.
En cuanto a la salud, deben sancionarse normas que garanticen la igualdad en el acceso y en la calidad de los servicios de salud, sin que ello este condicionado a la mayor o menor capacidad de pagar planes diferenciales por parte de los beneficiarios.
Es cierto que el comunismo es un programa sin futuro. Pero también es un programa sin futuro cualquiera que se base en el egoísmo y la injusticia, que irremediablemente origina una crisis moral generadora de distintos procesos de disolución social.
También sufrimos serios problemas de penuria económica. Sabemos que lograr la estabilidad económica es una condición esencial.
Pero el gran desafío es crecer con equidad. Este desafío nos obliga a adecuar las herramientas clásicas de la política pública, evitando que dicha adecuación licúe sus propósitos últimos. Es esencial, en este sentido, encarar con decisión las reformas fiscales que den mayor peso de los impuestos progresivos, una adecuada regulación de los servicios públicos privatizados, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, mayor eficiencia en el gasto público y una mejora sustancial en los sistemas de educación y de salud. Para lograr una nueva dinámica exportadora deben tomarse rápidas medidas que garanticen: aumento de poder de compra interno, desarrollo de nuevas ventajas competitivas, formación de una entidad promotora de exportaciones, fortalecimiento del servicio exterior, sistema nacional de control de calidad y buen financiamiento a las pequeñas y medianas empresas exportadoras.
Es indispensable lograr la creación del empleo productivo y estable. Las políticas activas para reducir la desocupación deben basarse en un crecimiento económico sostenido, educación para los jóvenes y reentrenamiento de los desocupados, reformulación de las relaciones laborales, utilización de incentivos directos a las empresas que contraten jefes de familia desocupados y a jóvenes que buscan su primer trabajo. La negociación colectiva sigue siendo el mecanismo más idóneo y más justo para compatibilizar en todas las empresas la estabilidad del empleo y eliminar el trabajo en negro. Sigue siendo, también, una obligación indelegable del Estado garantizar los beneficios de la seguridad social para los habitantes de todo el país y priorizar una política de vivienda con sentido de austeridad.
En cuanto a los problemas de orden externo, no es preciso insistir en las dificultades vinculadas a las deudas externas, a los déficit de las balanzas comerciales y de pagos.
La globalización plantea sobre todo para los países en desarrollo, más peligros que oportunidades para el crecimiento económico y social. En tanto que existe, en realidad el problema es cómo se responde al desafío que plantea. Librada a sus propias fuerzas pone en marcha procesos acumulativos de concentración de la riqueza y el ingreso, agrava la vulnerabilidad externa y los desequilibrios macroeconómicos.
La adopción de decisiones nacionales autónomas no es sólo un problema de vulnerabilidad, sino una exigencia irrenunciable del sistema republicano y representativo, sin lo cual la consolidación de la democracia, el desarrollo dinámico sustentable y el ejercicio de una genuina justicia social, son utopías inalcanzables. Mientras se subordine un país a las fuerzas incontrolables de la globalización, se depositará el futuro de su pueblo en manos ajenas.
Como expresé con anterioridad, pienso que puede haber otra versión de la globalización. Si se le incorpora la idea de la solidaridad, lo que hasta ahora no se advierte, puede significar un aumento de la eficiencia y de la producción y, si el esfuerzo fuera fundamentalmente ético, hasta de la justicia, desechando las ideas y la lógica de la marginación, las desigualdades, la exclusión social y el desarrollo no sustentable.
En gran medida esta posibilidad dependerá de los posibles cursos del devenir mundial. Hay desde luego muy diversas ideas al respecto. Yo me voy a referir a unas pocas. Al unipolarismo, que proviene de la llamada escuela realista de las relaciones internacionales: la paz, como ausencia de guerra sólo puede ser garantizada por un Estado hegemónico. Compara la pax americana con el imperio romano. A las tesis de los institucionalistas, que es la única compatible con la de la globalización solidaria, y sostiene la viabilidad de los modelos de cooperación, la necesidad de repensar los organismos internacionales, la impracticabilidad del aislacionismo, asegurar la habitabilidad del planeta, promover la seguridad internacional, coadyuvar al crecimiento de la economía mundial y expandir la democracia en el mundo. Hay otras tesis sombrías, aunque no impensables: se ha pronosticado una marcha hacia un mundo sin centro, sin ninguna autoridad ni orden, el mundo de las mafias, y el tiempo de las sociedades grises, mezcla de oficial y clandestino. Hay también quienes visualizan un mundo sin sistema y sin estructura, cuya característica será el desorden, porque el capitalismo ha dejado de tener el desafío de autorreformarse. Otros criterios señalan que ya no se pretende justificar la desigualdad, sino defenderla. En fin, también, la permanente tesis conservadora de que cualquier acción tendiente a buscar la igualdad, atenta contra la libertad.
Sin embargo, hay que advertir una de las más peligrosos trampas que nos deja el ciclo de crisis del Estado de Bienestar y la respuesta neoconservadora a dicha crisis. Quienes cantan loas al dios Mercado y quienes lo hacen a la patria irredenta de campanario, al caudillo providencial o al paternalismo feudal, entonan las mismas estrofas milenaristas, se realimentan unos a otros y obstruyen las oportunidades reales de reconstituir el campo de las grandes coaliciones renovadoras y reformistas que intentan avanzar en una orientación integradora y anticiparse a los graves y desgarradores conflictos actuales.
La lógica del poder en el mundo del futuro no perdonará a quienes abdiquen de la voluntad de autodeterminarse. La dependencia traerá consigo los males que afectan a los marginados de la Tierra: el hambre, la ignorancia, el autoritarismo.
Debe redoblarse la apuesta al proceso de integración regional, consolidando un bloque con intereses comunes, profundizando sus acuerdos, resolviendo las legítimas contradicciones que se producen de frontera a frontera, dentro de un marco de diálogo responsable y constructivo, solidario y pluralista. El desafío de compatibilizar el crecimiento económico con la búsqueda de bienestar social es el desafío de todos los gobiernos del Subcontinente. En la medida en que este objetivo que es alcanzable, mal que les pese a los escépticos- se lleve a cabo conjuntamente, no habrá poder financiero que pueda impedirlo. Afianzamiento de la democracia, revalorización de la política, alianza entre las naciones para fortalecer nuestra identidad latinoamericana, son los principales ejes de una estrategia común. En definitiva se trata de un problema cultural, es decir, ético, indispensable para los tiempos en que vivimos donde la intención imperial ha dado origen a una guerra sin tiempo, sin territorio y sin códigos humanitarios.





2.
MI GOBIERNO Y SU POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS

Medios de comunicación de diferentes países se volcaron en los últimos tiempos a una dura crítica contra la política de derechos humanos desarrollada durante mi gobierno, basados para ello, casi con exclusividad, en el rechazo a las leyes de obediencia debida y punto final.
Deseo aprovechar el espacio que me ofrece la Agencia EFE para explicar en esta columna algunos elementos que servirán para brindar claridad al tema.
La administración que tuve el honor de presidir, desde el retorno a la democracia en 1983, hasta 1989, produjo un hecho inédito y creo que único en la historia: el juzgamiento democrático en un país de los máximos responsables de un genocidio, tal como el concretado en la Argentina a partir del golpe militar de 1976.
No hay antecedente histórico en ningún estado de ningún continente que haya actuado con la fuerza que nosotros utilizamos para combatir a quienes habían violado sistemáticamente los derechos humanos.
Todas las naciones modernas europeas se han construido a partir de amnistías tan amplias que comprendieron, en su momento, a nazis, fascistas, franquistas, colaboracionistas, y a represores de Argelia, del Congo, de Indonesia, de Angola y de Mozambique.
En América del Sur casi todas las transiciones se efectuaron con alguna forma de pacto con los dictadores. No las critico, pero debo recordar que en la Argentina ello no sucedió.
Ya durante la campaña electoral en 1983 manifesté siempre mi decisión de distinguir la responsabilidad de quienes habían dado las órdenes, de la situación de quienes las ejecutaron.
Varios meses antes del amotinamiento del grupo de militares carapintada, en Semana Santa, fue sancionada la ley de punto final; a su vez, anuncié la decisión política de sancionar la ley de obediencia debida en el discurso que pronuncié en la localidad cordobesa de Las Perdices, también con anterioridad a los mencionados episodios.
Esta norma tenía como fin limitar la responsabilidad a la máxima autoridad militar, pero admito que la urgencia y la insistencia estuvieron condicionadas por una realidad amenazante para la estabilidad de la democracia.
Sin embargo, debo insistir en este concepto: ello no implica que haya estado sometido el Presidente o el Congreso Nacional a la presión de ningún sector, o haya existido algún tipo de extorsión para finalmente sancionar las mencionadas normas.
Lo reitero, la decisión de enviar ambos proyectos al Parlamento y su posterior promulgación, fueron realizadas en pleno ejercicio de mi voluntad, sólo condicionado por las circunstancias que he descrito, y fundamentalmente por el temor de perder la libertad y la democracia de los argentinos.
Cuando me refiero a condicionamientos, de ninguna manera puede considerarse que los plantearon los jefes de estado mayor, absolutamente leales a las instituciones. Eran las circunstancias las que me presionaban.
Estas iniciativas dirigidas tanto a promover como a limitar los procesamientos y las responsabilidades, estuvieron determinadas por los objetivos de prevenir la repetición de esos episodios atroces, en la medida necesaria para no poner al mismo tiempo en peligro la estabilidad del marco institucional que, obviamente, era la garantía necesaria para evitar su repetición.
Motivado por un imperativo ético impostergable, nuestro gobierno abrió por primera vez los cauces jurídicos para que las aberrantes violaciones a los derechos humanos, cometidas tanto por el terrorismo subversivo como por el terrorismo de estado, fueran investigadas y juzgadas por una Justicia independiente.
La impunidad de los poderosos no sólo llegó a su fin a partir del juicio a las juntas militares, sino que fue atacada a partir de la anulación de la ley de amnistía dictada por la dictadura, y la sanción de un régimen jurídico que, respetando las garantías constitucionales del debido proceso, la defensa en juicio, los jueces naturales y el principio de legalidad, permitió el juzgamiento de los máximos responsables de esos delitos atroces y aberrantes.
Nuestra intención no fue tanto el castigo, sino la prevención. Evitar que lo que sucedió pudiera volver a pasar. Lograr que nunca más un argentino sea sacado de su casa en la noche, torturado o asesinado por funcionarios del aparato estatal.
Nuestro objetivo era alcanzar un castigo ejemplificador, de manera tal de prevenir la reiteración de hechos similares en el futuro mediante la internalización en la conciencia colectiva de que no había ningún grupo, por poderoso que fuera, que estuviera por encima de la ley y que pudiera sacrificar al ser humano en función de logros supuestamente valiosos.
Nuestra idea era que ningún delito quedase impune, pero limitando la responsabilidad penal a quienes montaron el aparato represivo y dieron las órdenes para ponerlo en marcha. De esta manera, a diferencia de lo que sucede con las amnistías y los indultos, todos los delitos tienen un responsable castigado, aunque muchos partícipes, en especial quienes obedecieron órdenes, pueden quedar exentos del castigo estatal.
Este objetivo tomó en cuenta la necesidad de asegurar la lealtad de las fuerzas armadas al sistema democrático, puesto que su preservación era indispensable para la protección de los derechos humanos.
Para ello debía distinguirse cuidadosamente, frente a los intentos de confusión deliberada, entre la legitimidad de la lucha frontal y abierta contra la subversión, y la tortura y eliminación clandestina de prisioneros, cuya ilegitimidad es reconocida por la conciencia moral universal.
Era obvio que el objetivo debía cumplirse sin arriesgar la estabilidad de las instituciones democráticas, que constituían la única garantía contra la recurrencia de episodios análogos. Ello requería tanto la limitación en el tiempo de los procesos como en el universo de los responsables.
En síntesis, la búsqueda de la verdad y la Justicia que inspiró nuestra acción estuvo definida por las siguientes premisas:
- La violencia de los años 70 fue potenciada por un terrorismo de izquierda, que con una visión elitista de la transformación social, no reparó en cometer los más aberrantes delitos.
- El combate armado a ese terrorismo de izquierda con el uso de la fuerza proporcional a la amenaza inminente, estaba moral y jurídicamente justificado, pero no lo estaban de ningún modo el secuestro, la tortura y el asesinato clandestinos.
- Los actos más atroces cometidos por uno y otro terrorismo debían ser juzgados por una justicia independiente, y si ella lo decidía, condenados, no tanto con fines de retribución, sino con el objetivo preventivo de que nunca más grupos de individuos con acceso a las armas supusieran que estaban por encima de la ley y pudieran decidir impunemente sobre la vida y la muerte, la integridad física, psíquica y moral de sus semejantes.
Lo expresado anteriormente me llevó a actuar, para decirlo en términos de Weber, de acuerdo a la ética de la responsabilidad y no a la de las convicciones, como seguramente lo hicieron muchos legisladores. No existe necesariamente una incoherencia entre las éticas de las convicciones y de la responsabilidad. Hay momentos en los que una prevalece sobre la otra, sin anularla. La responsabilidad me llevó a promulgar esas dos leyes que, en un aspecto inmediato, pudieron afectar mis convicciones , pero lo hice en función de la defensa, en el mediano y largo plazo de las libertades y de los derechos humanos de los argentinos, lo que constituye el centro de mis convicciones.
En su momento, las leyes fueron válidas e indispensables, pero el análisis actual de su validez o nulidad debe hacerse al margen de una puja o conflicto de poderes, y resolverse conforme a la íntima convicción de los máximos responsables de los poderes de la República.
Finalmente deseo expresar una inquietud ¿Qué sucederá con los indultados por el presidente Carlos Menem, mayoría de los cuales no tenían sentencia y que podrían quedar en una situación sumamente ventajosa con relación al resto de los oficiales que se decida procesar. No puede olvidarse, si se avanza en la declaración de nulidad de las leyes por parte de la Corte Suprema, que se deberá resolver el tema de los indultos, porque de lo contrario se produciría una grave e inconstitucional desigualdad que aparece como inadmisible. Durante mi gobierno no sólo se procesaron a las Juntas Militares sino también a todos aquellos que habían impartido las órdenes y seguían presos o procesados. De ahí la magnitud de los indultos que debió dictar el entonces Presidente de la Nación.

Raúl Alfonsín
PARA EFE
31 DE JULIO DE 2003

3.
LA AUTO-TRANSFORMACIÓN DE LAS DEMOCRACIAS LATINOAMERICANAS


Sabemos que se ha iniciado una guerra sin tiempo, desde la invasión a Irak. Pero vamos a hacer un paréntesis en nuestro análisis sobre el tema, para referirnos a la situación de las democracias latinoamericanas.
Las elecciones presidenciales en Argentina y Paraguay muestran una doble faceta: se trata de democracias más asentada la primera, más incipiente la segunda- que están en condiciones de garantizar la resolución institucional de sus más graves crisis, con sociedades que aún sumergidas en la depresión y el marasmo- asumen esa tarea como propia, sin delegarla en mandatos providenciales. Al mismo tiempo, muestran que están faltando las fuerzas políticas, actores y sujetos en condiciones de llevar adelante eficazmente las principales tareas que la hora impone: la reconstitución de buen gobierno, la renovación de la política, la recuperación o recreación de las capacidades productivas y el mejoramiento de la afligente situación social.

Los procesos de transición democrática en Latinoamérica están cumpliendo dos décadas de continuidad y han posibilitado el recambio pacífico de gobiernos y la afirmación progresiva de los derechos ciudadanos como nunca antes en nuestra historia. Pero lejos de una evolución progresiva y lineal, se enfrentan paso a paso con problemas iniciales que no han terminado de resolver y que siembran de amenazas su sustentabilidad. Una mirada retrospectiva inicial nos revela un panorama de enorme complejidad e incertidumbres: vivimos el tiempo en el que las dificultades y tropiezos de las economías nacionales, las instituciones democráticas y los movimientos y fracturas de nuestras sociedades producen variadas disrupciones y descalabros de distinta magnitud y gravedad.

Nuestros pueblos han experimentado -y asumido- que un sistema democrático no se explica por la sóla existencia de las instituciones y los derechos que la vigencia de un régimen democrático presupone. Se crea, y empieza a desarrollarse, cuando los actores y sujetos políticos, sociales o económicos generan, a través de sus intercambios, vínculos, comportamientos, reglas de juego, rutinas institucionales, modos culturales, principios de organización, formas de regular y resolver conflictos, intereses y pasiones grupales o colectivos, con arreglo a la vigencia de dicho sistema.

Por eso es que los sistemas democráticos actuales pueden ser entendidos como una prodigiosa y muy dificultosa- forma de convivencia y ordenamiento de la sociedad en la que coexisten y se despliegan distintas esferas y lógicas de la acción colectiva: la lógica de la democracia propiamente dicha, la lógica del Estado y la lógica de la llamada economía de mercado regulado. Los tres campos de acción, y no uno sólo o dos de ellos, hacen posible la democracia.

Lo importante de entender es que, lejos de una confluencia progresiva, armónica entre las tres dinámicas de acción, podemos ver su relación como la de campos magnéticos que alternativamente adquieren polaridades positivas y negativas; esto es, pueden atraerse o repelerse según las condiciones imperantes; pero dificilmente ensamblen entre sí de manera espontánea o armónica.

Creo que la ausencia de una aproximación integradora y la dificultad de distinguir entre la coexistencia necesaria de estos tres platillos giratorios simultáneos el político, el social-estatal y el económico- que hacen que el juego de la democracia pueda o no calar hondo satisfactoriamente, y el creciente desfasaje en los pesos relativos de estos tres ámbitos, siguen siendo factores incidentales importantes en las encerronas y dificultades que enfrenta hoy la tarea de gobierno y su receptividad social en la mayoría de nuestros países. Mas aún en circunstancias en las que cualquiera de esos platillos deja de girar y resiente o amenaza seriamente el funcionamiento del conjunto.

Se superan a duras penas emergencias y amenazas de regresión dictatorial, se completan los períodos de gobierno y se ponen en funcionamiento mecanismos de salvataje dentro de los marcos constitucionales; pasan las elecciones presidenciales y cada gobierno que llega debe obtener rapidamente la confianza de los mercados y financiamiento genuino para equilibrar las cuentas públicas, responder por las deudas contraídas, acordar con los acreedores y, mientras tanto, generar crédito público, satisfacer necesidades básicas de la población y concitar un mínimo respaldo en sus sectores más dinámicos y emprendedores. Parecen no poder acometer todas estas tareas al mismo tiempo y empiezan a sufrir las presiones y desgastes que los empujan a opciones engañosas: la parálisis o la fuga hacia delante.

Los dilemas planteados al inicio se repiten y acompañan los escasos grandes aciertos y los múltiples pequeños desaciertos de las gestiones de gobierno: ¿Cómo generar condiciones para un capitalismo competitivo y, a la vez, cumplir la promesa de tender hacia una sociedad más igualitaria e integrada ? ¿Cómo administrar con eficiencia y honestidad los dineros públicos y sostener, al mismo tiempo, un Estado que se haga cargo con responsabilidad de sus funciones sociales? ¿Cómo defender y expandir las libertades y los derechos y fortalecer, paralelamente, la seguridad y la protección de la vida ciudadana? ¿Cómo profundizar una inserción internacional favorable en los mercados externos y promover, al mismo tiempo, el desarrollo regional, el federalismo, la solidaridad y las oportunidades para aquellos que están más relegados?.

Por cierto, se puede hacer política desde cualquiera de los campos descriptos. Lo hacen así, de hecho, la mayoría de los dirigentes empresariales y sindicales cuando presionan a los gobiernos en busca de ventajas o frente a políticas que afectan sus intereses o los de sus representados. Lo hacen también, los operadores financieros, consultores y voceros de los mercados cuando presionan en favor de la desestatización de las decisiones gubernamentales, desconociendo o deslegitimando la existencia de la representación política y la deliberación democrática como inescindibles condiciones para la existencia de una economía más sólida y dinámica. Lo hacen los líderes de sectores sociales desamparados o excluídos cuando protestan frente a la falta de respuestas efectivas por parte de los gobernantes.

Se puede, inclusive, gobernar, aunque con escasas probabilidades de éxito, soslayando alguna de estas esferas y concentrándose en una sóla de ellas. Ocurre así, por ejemplo, cuando los gobiernos reordenan las prioridades y sus justificaciones, supeditando la resolución de problemas sociales al ordenamiento de las cuentas públicas y la reducción del déficit fiscal, o colocando cuestiones de simultánea atención como sucesivas o postergables, bajo los imperativos de la urgencia y la excepcionalidad.

El problema central no es solamente lo que dichas interpretaciones o formulaciones contienen sino lo que omiten o no contemplan. Porque ha de saberse que así como existe la política las relaciones de poder y sus discursos de legitimación- en las tres esferas y no solamente en una de ellas, también existe la racionalidad económica en su interacción. Esto significa que aquello que no es tenido en cuenta o es relegado a la hora de tomar decisiones importantes o delinear un mapa de la realidad, tarde o temprano aparece como un costo incrementado, factor de riesgo acumulado o pérdida de capital, real o simbólico, afectando recursos y reduciendo las opciones disponibles. Hay, además, un planteo ético ineludible: optar por omitir o relegar las urgencias de quienes menos tienen y más sufren la desigualdad y la exclusión social es socavar la propia naturaleza de la política democrática.

Esta perspectiva nos debería llevar a analizar de qué manera se han desarrollado las instituciones representativas los partidos políticos y los Parlamentos- y su capacidad para funcionar como verdaderas correas de transmisión entre la diversidad de situaciones e intereses sectoriales, demandas y reivindicaciones particulares, opiniones e identidades plurales, y la gran caja negrade la maquinaria estatal-gubernamental, que logra o no convertir dichos insumos en resultados de cohesión social y unidad nacional. Al mismo tiempo, debería permitirnos evaluar de qué manera han funcionado los mecanismos de regulación estatal para favorecer la acumulación y absorción de ganancias, rentas o endeudamiento del sector privado o para promover, por el contrario, mercados de ahorro, inversión y consumo duraderos y extendidos a más sectores de la población.

Lo que podremos encontrar, seguramente, es un deterioro del principio de que dispone el campo estatal-gubernativo la eficacia- y su consecuente pérdida de poder relativo autonomía- frente a las otras esferas. Dicho deterioro relativo de la esfera estatal revierte en un esquema en el que los contornos de la democracia pierden su densidad y operatividad, se vacían de contenido o tienden a definirse de manera binaria: las ruedas dentadas del campo político representativo, desgastadas a su vez por la erosión que entraña la crisis política, y los engranajes del campo económico-sistémico, aceitados por los discursos justificatorios del orden del mercado- reducen el juego del sistema a la puja constante de atracción y reacción entre representación y gobernabilidad. En este esquema, la crisis del Estado se potencia, se acotan los tiempos y márgenes para tomar decisiones y éstas mismas conducen a encerronas insolubles.

Sin embargo, las democracias latinoamericanas, con una experiencia ya extendida de elecciones libres y competitivas, alternancias entre gobiernos y oposiciones de distintos signos u orientaciones, acuerdos políticos y reformas constitucionales, resolución de crisis institucionales graves y agudas crisis sociales y déficit estructurales aún sin resolver, tienen abundante materia para elaborar favorablemente su proceso de aprendizaje. Esto es así, precisamente, porque la continuidad ha dado la posibilidad de generar sistemas con variados márgenes de interdependencia dentro de cada una de nuestras sociedades. Falta desarrollar, sin embargo, la capacidad de articulación entre estos sistemas de vida y órdenes de realidad.

La democracia, no debemos olvidarlo, remite a dos niveles. Es, por un lado la república, un procedimiento ciudadano sobre el que se basa un orden político legal. Y es, por el otro, un espacio, el único legítimo, para adoptar proyectos de transformación social. Ambas dimensiones, aunque no estén históricamente fusionadas, deben llegar a complementarse. Si la democracia no es capaz de amparar y ofrecer cauces para procesos transformadores, fracasará también la república, como régimen político. Como enseña el eminente politólogo italiano Gianfranco Pasquino, la democracia permanece por debajo de sus promesas y de sus expectativas tanto cuando renuncia deliberadamente a perseguir la realización del bien común como cuando no se dota de los instrumentos para conseguirlo. Es la visión, en definitiva, que permitirá transformar estas democracias vulnerables que tenemos en democracias verdaderamente sustentables y arraigadas.


RAUL ALFONSIN
Buenos Aires, abril de 2003
Para Agencia EFE





Introduzca el contenido aquí

6.
ALFONSÍN: 'LO PEOR FUE EL NEOLIBERALISMO'
ENTREVISTA CON BBC MUNDO, EL 11/12/03

Raúl Alfonsín fue el presidente que abrió la nueva etapa democrática en Argentina que cumplió 20 años este miércoles. El líder de la Unión Cívica Radical (UCR) asumió el 10 de diciembre de 1983 tras siete años de gobierno militar.



Madres
El líder de la Unión Cívica Radical (UCR) asumió el 10 de diciembre de 1983, tras siete años de gobierno militar. Sus primeros pasos se orientaron a investigar lo que había ocurrido en el país durante la llamada "guerra sucia", en la que miles de argentinos desaparecieron. La creación de la Comisión Nacional de Desaparecidos (CONADEP) en 1984 y el juicio a las tres primeras juntas militares en 1985 fueron algunos de las medidas tomadas.


Pero las denominadas "leyes del perdón" (ley de Obediencia Debida y Punto Final) y el fracaso del traspaso de la capital argentina a la ciudad de Viedma quedaron como algunos de los aspectos más controvertidos de los años que siguieron.


La crisis económica que terminó en un proceso hiperinflacionario provocó la entrega de su presidencia antes de tiempo, en julio de 1989.


Argentina celebra 20 años de democracia



Opinión: Grandes preguntas, aún sin respuesta



Reflexiones en primera persona
Es el período de democracia más largo que ha habido en la Argentina, por eso es importante. Yo arranqué, con aciertos y errores.


Todo ha sido difícil. Hemos tenido retrocesos. Yo no pude hacer todo lo que quería porque la crisis no me dejó. Los años 80 fueron tremendos desde el punto de vista económico.

Teníamos que enfrentar muchos problemas. Ningún país ha enfrentado la cuestión militar como lo hicimos nosotros. El problema de la modernización de la sociedad, la ley de divorcio que me trajo algunos problemas con sectores de la Iglesia...


El hambre y la hiperinflación
El problema del hambre. Nosotros le tuvimos que dar alimentos complementarios a 15.000.000 de personas con el Programa Alimentario Nacional (PAN).


Después vino la época de hiperinflación, que fue un golpe de mercado muy fuerte, y finalmente entregué un gobierno tal como me lo pedía el presidente electo (Carlos Menem) y los partidos que lo apoyaban, junto con los sindicalistas.


Así que me fui como unos cinco meses antes. Luego vino el neoliberalismo con todas sus fuerzas, ya que al dejarme en esa situación era ideal para cambiar de sistema. El nuevo sistema le hizo ver al pueblo espejitos de colores y así pagamos el precio cuando todo explotó.


Duhalde y Kirchner
Creo que el doctor (Eduardo) Duhalde cumplió una labor importante ya que defendió las instituciones cuando todos pensaban que corrían grave peligro.


Ahora tenemos al presidente (Néstor) Kirchner, que con sus peculiaridades, de todos modos está realizando una tarea importante. El desempleo ha empezado a bajar, todavía tenemos el 14,5% que es todavía una barbaridad, pero hay un 50% de gente debajo de la línea de pobreza, así que queda mucho por hacer todavía.


Con una ventaja, ya hemos dejado de suponer que para tomar el poder le tiene que ir mal al gobierno. Por eso todos estamos deseando que le vaya bien a la nueva administración.


¿Cuál diría usted que es el principal retroceso que ha sufrido Argentina en estos 20 años?
El neoliberalismo. El ministro de Economía (Domingo) Cavallo con tres medidas aniquiló al país.


La convertibilidad, que no podía ser jamás la forma en que había que combatir la hiperinflación que se produjo al final de mi gobierno. Ese 1 a 1 (un dólar - un peso) nos liquidó la industria y lo tuvo 10 años sin rentabilidad al campo.


Bajó los aranceles, por lo que llegaron productos de Asia que provocaron la desaparición de la industria de la confección, luego la textil, y por fin casi toda la pequeña y mediana industria.


Y por último el sistema de capitalización, en lugar del sistema solidario jubilatorio, lo que ha creado problemas tremendos para los jubilados en el futuro.


¿Qué le faltó por hacer de todo lo que quería hacer?
Yo cometí un error garrafal de no irme siquiera en carpa a la nueva capital que iba a estar en la Patagonia. Planifiqué demasiado, mientras el peronismo cambió de idea y la dejó en Buenos Aires.


Pero llevé adelante en educación un plan de alfabetización muy importante, que incluso recibió un premio de la UNESCO. Y una de las cosas peores tal vez sea lo mejor: no me moví de mis convicciones. No aflojé mis ideas y mis principios. Tal vez si hubiera tenido un poco más de cintura o flexibilidad hubiera podido resolver algunos otros problemas.


¿Cómo evalúa hoy las leyes de Obediencia Debida y Punto Final?
Fue la única forma que tenía de encarar el problema. Cuando se empezaron a llamar a los oficiales de baja graduación, no se presentaban, y entonces vi que en 6 meses se me desgranaba el poder y caían las instituciones. Entonces no tenía alternativa. Dije en su momento que lo hacía con desagrado.


Y espero que estas medidas que está tomando el actual presidente sirvan para que algunos casos, no muchos casos, de que hayan podido quedar en libertad se resuelvan. En la campaña había dicho que había que ocuparse primero de los que habían dado las órdenes, que eran los grandes responsables.


Segundo de los que se habían excedido y tercero los que, en un clima de horror, habían creído en la legitimidad de la orden impartida. A estos últimos yo no los perseguía. Espero que se siga este criterio, porque nadie hubiera supuesto en ese momento que yo estaba en condiciones de llamar a 2.000 oficiales.


¿Usted piensa que el presidente Kirchner se equivoca al reabrir este tema?
No, si lo hace como yo lo estoy explicando. A través de la ley de Obediencia Debida quedaron beneficiados algunos de los que se habían excedido en el cumplimiento de las órdenes, que yo creo que son pocos, pero sobre esos hay que volver a recaer.


Aunque no estoy de acuerdo con la nulidad (de las leyes) por el Congreso, sino a través de la Corte Suprema. Y antes que nulidad o inconstitucionalidad, prefiero hablar de la necesidad de que sea la justicia argentina la que juzgue a los que cometieron ese dolo, y no justicias de otros países que no tienen nada que hacer en este asunto.


Creo que en Argentina hicimos lo que no se hizo en ningún otra parte del mundo con el problema militar.


¿Qué pronóstico hace usted del gobierno de Kirchner?
Creo que está en un rumbo correcto en la defensa de la individualidad nacional y la defensa del MERCOSUR, para defendernos de una globalización insolidaria que nos empobrece cada vez más.


Lo único que le atribuyo como error es que no tenga tratos con los partidos políticos, pero creo que acierta el rumbo.

Cortesía de BBC Mundo

7.
LAS NEGOCIACIONES DEL ALCA EN EL MARCO DE UN NUEVO CONTEXTO INTERNACIONAL

QUÉ ESTÁ EN JUEGO

Ante todo debemos tener presente que la constitución del ALCA es un objetivo y un instrumento de la política exterior de los Estados Unidos que apunta a la apertura de los mercados de América para su oferta exportadora. Esta política refleja sin lugar a dudas la existencia de un importante consenso interno en dicho país y debe ser considerada como una política de Estado.
El objetivo aparente es el de constituir una zona de libre comercio en la que se eliminen progresivamente las barreras al comercio y a la inversión. La significación de la negociación no puede minimizarse: afectará de una u otra manera el grueso del comercio exterior de todos los países del continente.
Pero Washington no limita su ambición a negociar dentro del ALCA temas comerciales. Quiere que los países miembros del ALCA se comprometan a asumir compromisos diseñados a medida de sus propios intereses en temas muy diversos como compras gubernamentales, inversiones, propiedad intelectual, medio ambiente y normas laborales. (¡Nada menos!)
En el ALCA no existe la posibilidad de constituir alianzas que contrapesen el inmenso poder americano. México y Canadá, miembros del NAFTA,, tienen economías íntimamente ligadas al mercado americano y responden a otra lógica de intereses.
Asimismo es bien conocida la dependencia que tienen de EE.UU. muchos países caribeños y centroamericanos. No se puede esperar de ellos actitudes de heroísmo en negociaciones comerciales, cuando la prosperidad o subsistencia de sus pueblos depende del acceso al mercado americano. Se trata de países sumamente vulnerables y dependientes que no cuentan con la posibilidad de construir mercados nacionales y que están ubicados en una región donde se siente todo el peso económico y político de la principal potencia del planeta. La salida de algunos de dichos países del G22 durante la discusión de la OMC de Cancún debe señalarnos que no se puede esperar otra cosa en el ámbito del ALCA.
Es decir que nos enfrentamos ante el claro desafío de que se constituya en América un sistema aún más hegemónico que el actual. Ello implica, por un lado, la existencia de un Estado que cuenta con la capacidad de imponer a los otros la estructura normativa que determinará las reglas del juego económico-comercial en América. Por el otro, nuestros empresarios deben tomar conciencia que el Estado hegemónico otorgará una ventaja adicional a sus poderosas mega empresas: la capacidad de obtener beneficios adicionales no previstos por el mercado a través de la presión política.
Tampoco podemos de dejar de reconocer la capacidad que tiene el gobierno y las empresas americanas para influir desde adentro de nuestros propios países sobre las discusiones y definición de posiciones.
La relación es asimétrica, y seremos sometidos a fuertes presiones propias de la administración del Presidente Bush, convertido en un grave riesgo para el mundo.

EL NUEVO CONTEXTO INTERNACIONAL

Las negociaciones comerciales internacionales reflejan una situación coyuntural: la guerra sin tiempo originada en la invasión a Irak, el bloqueo de las negociaciones comerciales, y un cambio estructural: la emergencia de nuevos protagonistas de peso intermedio.
El fracaso de la 5ta. Conferencia Ministerial de la OMC no implica el fin de las negociaciones, simplemente señala que el esfuerzo negociador de las principales potencias comerciales posiblemente será reconducido hacia otros ámbitos.
El resultado de la reunión de Cancún no debió sorprender a nadie. Era evidente que las principales potencias comerciales (la Unión Europea, EEUU y Japón) intentaban imponer una agenda negociadora sin comprometerse a contraprestación alguna. Aceptar el menú negociador propuesto por las principales potencias hubiera significado para los países emergentes limitar su capacidad de conducir políticas de desarrollo autónomas sin recibir compensación alguna en el plano comercial. Es decir que el fracaso de Cancún impidió que se agudice la injusta normativa que regula el comercio internacional, pero también tiene sus costos: aumente el peligro del bilateralismo y el cambio en la toma de decisiones, que podría no ser en adelante por consenso.

LA AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN

Pero el más grave problema, es que el Congreso de los Estados Unidos otorgó al Poder Ejecutivo un mandato negociador particularmente rígido en los temas que más interesan al MERCOSUR, a saber, defensa comercial y agricultura para las negociaciones que encare en el ámbito multilateral de la OMC, regional del ALCA o bilateral.
En materia de defensa comercial, se instruye a los negociadores que deben preservar la facultad de los Estados Unidos de aplicar rigurosamente sus leyes comerciales, incluyendo antidumping y derechos compensatorios. De esta manera se busca que los acuerdos comerciales con terceros no limiten la capacidad de Washington de actuar de manera unilateral. Cabe señalar que paradójicamente el mismo mandato negociador, tan respetuoso de la soberanía americana, exige a los negociadores de Estados Unidos que obtengan importantes modificaciones en las legislaciones internas de otros países para que se ajusten a la normativa americana en temas como inversiones y propiedad intelectual.
En materia agrícola, el mandato negociador requiere que para mejorar las condiciones de acceso se debe cumplir con un mecanismo de consulta previa con el Congreso de dicho país que reducirá aún más la capacidad de otorgar concesiones en productos de interés del MERCOSUR.
Es decir que en el marco de las negociaciones del ALCA se corre el peligro de que se nos imponga la agenda negociadora de las principales potencias comerciales sin lograr concesiones de significación en los temas que interesan al MERCOSUR.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

En este contexto nuestros países no deben quedar inmovilizado ante el desafío externo, deben reaccionar de manera pro-activa. En este marco, resulta indispensable generar una dinámica intra-regional que permita al MERCOSUR ser un polo de atracción económica comercial para toda América del Sur, similar al que constituye China en Asia. Las negociaciones comerciales con algunos países de andinos y los esfuerzos por crear una infraestructura física que nos una en un vigoroso mercado regional son pasos indispensables, aunque pienso que llegarían demasiado tarde como para pesar sobre las actuales negociaciones del ALCA.
Es imprescindible asimismo fortalecer la cohesión interna del MERCOSUR para poder defender con claridad los intereses de la región.
Todos conocen la postura del Presidente Sarney y mía respecto a la concepción neoliberal y la lucha contra la globalización insolidaria. El esquema de integración que nosotros propusimos era esencialmente político y no meramente comercial. El MERCOSUR que soñamos era un ámbito de solidaridad y paz en el cual se preservaba la democracia y las garantías individuales y no meramente un mercado.
Como señalé, el Trade Promotion Authority, mandato negociador aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, otorga al Poder Legislativo de dicho país la capacidad de participar activamente en el proceso negociador del ALCA generando una nueva asimetría institucional. Al permitir que el Poder Legislativo norteamericano pueda constantemente reducir u objetar los compromisos asumidos por los negociadores del Poder Ejecutivo de Estados Unidos se obliga a nuestros negociadores a tener que superar dos instancias negociadoras (Ejecutivo y Legislativo). Esto destaca la necesidad de que el MERCOSUR fortalezca su esquema institucional para dar respuesta a este nuevo desafío.
Simultáneamente debemos impulsar las negociaciones con los países del mundo que están realmente dispuestos a mejorar las condiciones de acceso para nuestros productos.
El mundo que nos toca vivir nos presenta desafíos pero también abre las puertas a grandes oportunidades.
Finalmente si el resultado de las negociaciones no permiten recibir contraprestaciones suficientes como para justificar los costos que representan la constitución del ALCA nos queda el último recurso: poder decir que no, monosílabo que distingue a los pueblos libres respecto de los sometidos.


Raúl R. Alfonsín
Buenos Aires, noviembre de 2003

Los obstáculos al libre comercio son del Norte
El ALCA está bloqueado por la resistencia de los Estados Unidos a abrir su mercado y a tratar temas como los subsidios a su producción.

Raúl Alfonsín. EX PRESIDENTE DE LA NACION




Me voy a referir al interesante artículo del ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa, sobre el tema del ALCA, publicado en esta sección pocos días atrás. Pero antes quiero hacer algunas puntualizaciones: 1) No puedo dejar de alegrarme de la publicación, porque enriquece una discusión absolutamente necesaria. 2) No tengo dudas de que las negociaciones serán conducidas con sapiencia y verdadero sentido patriótico por el canciller, en defensa de la Nación Argentina y del Mercosur.

De todos modos, quisiera insistir en algunos conceptos que sostuve en mi anterior artículo sobre el tema, publicado también en esta sección. El ministro destaca la necesidad de tener en claro el contenido de las negociaciones, y tiene absoluta razón.

Sostiene que las cuestiones laborales y ambientales no se incluyen dentro del proceso negociador del ALCA, contradiciendo lo que habíamos interpretado.

Es posible que hayan existido cambios que desconozco, pero quiero señalar que mis afirmaciones fueron tomadas del documento que puede encontrarse en Internet titulado "ALCA- Area de Libre comercio de las Américas. Borrador de Acuerdo", cuyo capítulo VI y VII se titulan, respectivamente, "Disposiciones medioambientales" y "Disposiciones laborales y procedimientos relativos al incumplimiento de disposiciones ambientales y laborales".

El canciller destaca más adelante, con absoluta razón, la necesidad de identificar los intereses de nuestro país en dicho proceso negociador y que el objetivo es lograr la apertura efectiva de los mercados de la región para nuestras exportaciones, sin desproteger los sectores sensibles de nuestra producción nacional. Pero afirma enseguida que el 60% de nuestras exportaciones se dirigen al hemisferio y que nuestros productos enfrentan importantes barreras en estos mercados como consecuencia de acuerdos bilaterales o de concesiones unilaterales. Esta última aseveración amerita, a mi juicio, una aclaración que no es tan sutil como puede parecer.

Pienso que no puede asimilarse el concepto de barrera arancelaria con una "preferencia arancelaria". Esta produce un desvío del comercio entre dos países, por ejemplo. La eliminación de todas las barreras arancelarias en una zona de libre comercio puede generar un efecto de desvío de comercio en favor de quienes participan de dicha zona respecto de terceros mercados.

El doctor Bielsa tiene también razón al sostener que lo que se busca es equilibrar la mesa de negociaciones entre todos los países, pero competir de "igual a igual" juega en ambos sentidos. Las exportaciones al Mercosur que representaron en los últimos años alrededor del 25% y las que se realizaron al resto de América latina fueron el 15%, convenidas con preferencias arancelarias negociadas en el marco del ALADI, que en algunos casos llegan al 100%. Yo sé que nuestro canciller evitará insertarnos en un sistema hemisférico hegemónico donde no podamos competir "de igual a igual" con las poderosas empresas estadounidenses.

Por otra parte, recordará sin duda que los aranceles de Estados Unidos son bajos y que impiden las importaciones a través de miles de subterfugios, así como la política de ese país pretende desarrollar a su favor un amplio y casi exclusivo mercado para sus exportaciones.

Por si algo faltaba, basta leer las declaraciones del secretario de Estado efectuadas ya en el 2001, de las que tuve noticias debido a un artículo aparecido en La Prensa de Armando Alonso Piñeiro: "Con el ALCA nuestro objetivo es garantizar para las empresas norteamericanas el control de un territorio que se extiende desde el Artico hasta la Antártida y el libre acceso sin ninguna clase de obstáculos de nuestros productos, servicios, tecnologías y capitales por todo el hemisferio".

No por nada la Conferencia Episcopal advirtió sobre los peligros que puede aparejar a nuestro país un ALCA concebido como se ha señalado. El canciller señala que se deben conocer los beneficios concretos para nuestro país. Sin duda serían muchos, si aceptamos la versión edulcorada del presidente Bush, quien ahora afirma que el ALCA significará el progreso, el adelanto y la reafirmación democrática de los países al sur del Río Bravo.

¿Alguien cree que tiene antecedentes para creerle? Sabemos, por otra parte, que hasta el presente la oferta de EE.UU. al Mercosur ha sido calificada como mezquina por todos los que participaron en la negociación. En un sector clave para nuestro país como el agropecuario, donde sí podríamos competir, nos enfrentamos con la dura realidad de que Washington se resiste a abrir su mercado o a tratar el tema de los subsidios a la producción y exportación que distorsionan la competencia.

Igualmente, ha señalado con claridad que busca preservar la facultad de aplicar rigurosamente y con total independencia sus leyes comerciales incluyendo "dúmping" y derechos compensatorios que, como bien sabemos los argentinos, han dado motivo a injustificadas acusaciones.

También cabría señalar dos aspectos del artículo del canciller que me parecieron de particular interés. En primer lugar, los acuerdos de garantías de inversiones son un claro ejemplo, a la luz de los multimillonarios juicios que enfrenta nuestro país, de una negociación que, a mi criterio, no debió ser encarada. Pero sí es correcta la incorporación de nuevos productos al Sistema General de Preferencias de EE.UU., instrumento de naturaleza unilateral y no condicional, aunque creo que debería aclararse si hubo necesidad de contraprestación de nuestro país, a fin de que se tengan en claro los costos y beneficios de dicho acuerdo.

Finalmente, deseo insistir en un tema: el más grave problema es que el Congreso de EE.UU. otorgó a su gobierno un mandato negociador particularmente rígido en los temas que más interesan al Mercosur defensa comercial y agricultura para las negociaciones que encare en el ámbito multilateral de la OMC, regional del ALCA o bilateral.

En materia de defensa comercial, se instruye a los negociadores que deben preservar la facultad de los EE.UU. de aplicar rigurosamente sus leyes comerciales.

En materia agrícola, el mandato negociador requiere que para mejorar las condiciones de acceso se debe cumplir con un mecanismo de consulta previa con el Congreso de dicho país, que reducirá aún más la capacidad de otorgar concesiones en productos de interés del Mercosur.



9.
EL ALCA NO NOS VA A FAVORECER
La importancia de lo que se negocia en Miami no puede minimizarse, ya que afectará el grueso del comercio exterior del continente y todos los países serán sometidos a fuertes presiones del gobierno de Bush.

Raúl Alfonsín.




Ante todo debemos tener presente que la constitución del ALCA es un objetivo y un instrumento de la política exterior de los Estados Unidos que apunta a la apertura de los mercados de América para su oferta exportadora.

Esta política refleja sin lugar a dudas la existencia de un importante consenso interno en dicho país y debe ser considerada como una política de Estado.

El objetivo aparente es el de constituir una zona de libre comercio en la que se eliminen progresivamente las barreras al comercio y a la inversión. La significación de la negociación no puede minimizarse: afectará de una u otra manera el grueso del comercio exterior de todos los países del continente.

Pero Washington no limita su ambición a negociar dentro del ALCA temas comerciales. Quiere que los países miembros del ALCA se comprometan a asumir compromisos diseñados a medida de sus propios intereses en temas muy diversos como compras gubernamentales, inversiones, propiedad intelectual, medio ambiente y normas laborales. (¡Nada menos!)

En el ALCA no existe la posibilidad de constituir alianzas que contrapesen el inmenso poder americano. México y Canadá, miembros del NAFTA, tienen economías íntimamente ligadas al mercado americano y responden a otra lógica de intereses.

Asimismo es bien conocida la dependencia que tienen de Estados Unidos muchos países caribeños y centroamericanos. No se puede esperar de ellos actitudes de heroísmo en negociaciones comerciales, cuando la prosperidad o subsistencia de sus pueblos depende del acceso al mercado americano.

Se trata de países sumamente vulnerables y dependientes que no cuentan con la posibilidad de construir mercados nacionales y que están ubicados en una región donde se siente todo el peso económico y político de la principal potencia del planeta.

La salida de algunos de dichos países del G22 durante la discusión de la Organización Mundial del Comercio de Cancún debe señalarnos que no se puede esperar otra cosa en el ámbito del ALCA.

Es decir que nos enfrentamos ante el claro desafío de que se constituya en América un sistema aún más hegemónico que el actual. Ello implica, por un lado, la existencia de un Estado que cuenta con la capacidad de imponer a los otros la estructura normativa que determinará las reglas del juego económico-comercial en América.

Por el otro, nuestros empresarios deben tomar conciencia de que el Estado hegemónico otorgará una ventaja adicional a sus poderosas "megaempresas": la capacidad de obtener beneficios adicionales no previstos por el mercado a través de la presión política.

Tampoco podemos dejar de reconocer la capacidad que tienen el gobierno y las empresas americanas para influir desde adentro de nuestros propios países sobre las discusiones y definición de posiciones.

La relación es asimétrica y seremos sometidos a fuertes presiones propias de la administración del presidente Bush, convertido en un grave riesgo para el mundo.



Con agenda impuesta

Las negociaciones comerciales internacionales reflejan una situación coyuntural: la guerra sin tiempo originada en la invasión a Irak, el bloqueo de las negociaciones comerciales y un cambio estructural: la emergencia de nuevos protagonistas de peso intermedio.

El fracaso de la 5ta. Conferencia Ministerial de la OMC no implica el fin de las negociaciones, simplemente señala que el esfuerzo negociador de las principales potencias comerciales posiblemente será reconducido hacia otros ámbitos.

El resultado de la reunión de Cancún no debió sorprender a nadie. Era evidente que las principales potencias comerciales (la Unión Europea, Estados Unidos y Japón) intentaban imponer una agenda negociadora sin comprometerse a contraprestación alguna.

Aceptar el menú negociador propuesto por las principales potencias hubiera significado para los países emergentes limitar su capacidad de conducir políticas de desarrollo autónomas sin recibir compensación alguna en el plano comercial.

Es decir que el fracaso de Cancún impidió que se agudice la injusta normativa que regula el comercio internacional, pero también tiene sus costos: aumenta el peligro del bilateralismo y el cambio en la toma de decisiones, que podría no ser en adelante por consenso.

Pero el más grave problema es que el Congreso de los Estados Unidos otorgó al Poder Ejecutivo un mandato negociador particularmente rígido en los temas que más interesan al Mercosur, a saber: defensa comercial y agricultura para las negociaciones que encare en el ámbito multilateral de la OMC, regional del ALCA o bilateral.

En materia de defensa comercial, se instruye a los negociadores que deben preservar la facultad de los Estados Unidos de aplicar rigurosamente sus leyes comerciales, incluyendo antidumping y derechos compensatorios.

De esta manera se busca que los acuerdos comerciales con terceros no limiten la capacidad de Washington de actuar de manera unilateral.

Cabe señalar que paradójicamente el mismo mandato negociador, tan respetuoso de la soberanía americana, exige a los negociadores de Estados Unidos que obtengan importantes modificaciones en las legislaciones internas de otros países para que se ajusten a la normativa americana en temas como inversiones y propiedad intelectual.

En materia agrícola, el mandato negociador requiere que para mejorar las condiciones de acceso se debe cumplir con un mecanismo de consulta previa con el Congreso de dicho país que reducirá aún más la capacidad de otorgar concesiones en productos de interés del Mercosur.

Es decir que en el marco de las negociaciones del ALCA se corre el peligro de que se nos imponga la agenda negociadora de las principales potencias comerciales sin lograr concesiones de significación en los temas que interesan al Mercosur.

En este contexto nuestros países no deben quedar inmovilizados ante el desafío externo. Deben reaccionar de manera pro activa. En este marco, resulta indispensable generar una dinámica intraregional que permita al Mercosur ser un polo de atracción económica comercial para toda América del Sur, similar al que constituye China en Asia.

Las negociaciones comerciales con algunos países andinos y los esfuerzos por crear una infraestructura física que nos una en un vigoroso mercado regional son pasos indispensables, aunque pienso que llegarían demasiado tarde como para pesar sobre las actuales negociaciones del ALCA.

Es imprescindible asimismo fortalecer la cohesión interna del Mercosur para poder defender con claridad los intereses de la región.

Todos conocen la postura del presidente José Sarney y mía respecto a la concepción neoliberal y la lucha contra la globalización insolidaria. El esquema de integración que nosotros propusimos era esencialmente político y no meramente comercial.

El Mercosur que soñamos era un ámbito de solidaridad y paz en el cual se preservaban la democracia y las garantías individuales y no meramente un mercado.

Como señalé, el Trade Promotion Authority, mandato negociador aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, otorga al Poder Legislativo de dicho país la capacidad de participar activamente en el proceso negociador del ALCA generando una nueva asimetría institucional.

Al permitir que el Poder Legislativo norteamericano pueda constantemente reducir u objetar los compromisos asumidos por los negociadores del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, se obliga a nuestros negociadores a tener que superar dos instancias negociadoras (Ejecutivo y Legislativo). Esto destaca la necesidad de que el Mercosur fortalezca su esquema institucional para dar respuesta a este nuevo desafío.

Simultáneamente debemos impulsar las negociaciones con los países del mundo que están realmente dispuestos a mejorar las condiciones de acceso para nuestros productos.

El mundo que nos toca vivir nos presenta desafíos pero también abre las puertas a grandes oportunidades.

Finalmente, si el resultado de las negociaciones no permite recibir contraprestaciones suficientes como para justificar los costos que representa la constitución del ALCA, nos queda el último recurso: poder decir que no, monosílabo que distingue a los pueblos libres respecto de los sometidos.